El éxito del despliegue está, por tanto, condicionado a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, junto con las implicaciones correspondientes en lo que se refiere a la política de tarifas y a la calidad del servicio. En este sentido, el gobierno velará para que Cataluña, dentro del contexto de España, desarrolle con los operadores una política de homologación de tarifas. Éstas habrán de respetar las normas de la competencia y los intereses de los usuarios. Asimismo, será preciso tener en cuenta fórmulas de tarificación innovadoras a partir de los precios de interconexión, así como el hecho de que las tarifas se puedan modular en función de los usos.

El despliegue masivo del cable y de todas las tecnologías alternativas (elementos que garantizarán la accesibilidad de los ciudadanos a las comunicaciones en banda ancha) es el factor decisivo para la futura riqueza del país. Se trata de una tarea que está fundamentalmente en manos de la empresa privada, y por lo tanto la Administración ha de actuar promoviendo y vigilando para que se lleven a cabo las acciones correctas. Esta iniciativa considera diferentes acciones que posibilitan el llegar en banda ancha al mercado residencial, mercado que experimentará las transformaciones más acusadas a causa precisamente de su necesaria evolución hacia el ancho de banda.

• Despliegue de cable en una red troncal que ofrezca acceso local al mercado empresarial y residencial.
• Despliegue de redes de comunicación y difusión complementarias / alternativas (satélite, ADS, etc.).
• Ordenación del acceso a las infraestructuras básicas.
• Modernización de los centros de conmutación y creación de un nodo neutro en Cataluña.
• Expansión del parque de servidores de Internet.

Dentro de las acciones de este despliegue, esencialmente orientadas a las zonas excedentarias, habrá que cuidar la situación concreta de ciertos barrios o zonas que por sus características han de ser tratadas específicamente como áreas deficitarias.