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Sumario

Editorial
El orígen de los espacios naturales protegiodos
Martí Boada and Mònica Rivera
Nuevas tendencias en gestión
Josep Maria Mallarach
Pasado, presente y futuro del Parque del Delta del Ebro
Rafael Balada
La investigación en los espacios naturales progegios
Jaume Terrades
El modelo del National Trust
Richard Ellis
Entrevista a Lluís Paluzie
Lluís Reales
Normativa ambiental
Ignasi Doñate
Ecología del ocio
Xavier Duran

Hacia un modelo de gestión único

Era una decisión largamente esperada por muchos sectores de la sociedad catalana. Prácticamente un año atrás, concretamente el 29 de noviembre de 1999, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicaba el Decreto 297/1999. Por éste se suprimía la Dirección General del Medio Natural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus funciones en materia de conservación de la naturaleza se atribuían a la Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico del Departamento de Medio Ambiente. Por último, se impuso la lógica: era necesario un modelo único de gestión para los espacios naturales de Cataluña, sean públicos o privados.  Desde entonces, la gestión del patrimonio natural se encuentra en período de transición. Se está poniendo orden a la espera de la creación de la Agencia Catalana de la Naturaleza, el organismo que deberá unificar y pilotar la gestión del patrimonio natural del país. 

En este contexto de cambio y en este momento de oportunidad se sitúa el número de Medi Ambient. Tecnologia i cultura que tienen en sus manos. En los últimos años, la mayoría de los espacios naturales han sido maltratados, no ha habido una política única y coherente. Ahora Cataluña tiene una oportunidad única para adoptar las últimas tendencias en gestión y poner en marcha una política imaginativa para proteger y preservar no sólo los espacios naturales, sino también el conjunto del territorio.
En lo que se refiere al contenido de este número, en primer lugar Martí Boada y Mónica Rivera, del Centro de Estudios Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, repasan la evolución de la idea de conservación, desde las "reservas" creadas en Mesopotamia hasta mediados de los años 70, cuando llega la democracia a nuestro país. Los autores inciden especialmente en el macizo del Montseny, paradigma del proteccionismo en Cataluña. 

El geólogo y experto ambiental Josep Maria Mallarach analiza las últimas tendencias en gestión, donde cada vez pesan más los criterios ecológicos cuando se trata de definir las políticas de protección. 

El Parque del delta del Ebro es un espacio natural caracterizado desde siempre por la gran actividad humana que se ha desarrollado en su seno. Rafael Balada, director del parque, explica cómo se ha conseguido que los vecinos de la zona sientan y defiendan el parque como un valioso patrimonio tras una historia llena de tropiezos.

Los espacios naturales protegidos son ámbitos muy apropiados para la investigación y, en muchos casos, se han convertido en instrumentos indispensables para el progreso de la ciencia. Jaume Terradas, investigador del CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona, profundiza en el papel que desempeñan estos espacios en el fomento de la investigación. 

Más de 2,6 millones de afiliados y un presupuesto anual de 50.160 millones de pesetas convierten al National Trust británico en una de las organizaciones no gubernamentales del ámbito de la conservación más importantes del mundo. Richard Ellis explica esta modélica experiencia.  La entrevista, habitual en cada número, tiene como protagonista a Lluís Paluzie, presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza y persona con un peso importante en la historia de la protección en Cataluña. 
Por último, el abogado Ignasi Doñate repasa la realidad legislativa sobre el tema que presenta el número veintisiete de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura. 

Lluís Reales
Director de Medi Ambient. Tecnologia i Cultura 

El origen de los espacios naturales protegidos 

Martí Boada. Mònica Rivera
Centro de Estudios Ambientales. Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Barcelona

Los autores repasan la evolución de la idea de conservación, desde las “reservas” creadas en la antigua Mesopotamia hasta los primeros referentes proteccionistas inciados en nuestro país. También se abordan los primeros vestigios de la planificación territorial en Cataluña y la revolución ambiental de los años 60, llave de paso al proteccionismo actual.
 

Existe la aceptación generalizada de que la protección y conservación de espacios naturales, tal como las entendemos hoy  en día, se inician durante la segunda mitad del siglo XIX con la creación del Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. A partir de este acontecimiento, el arranque de las figuras de protección con tiempo, intensidades y situaciones geohistóricas diferentes, no se ha detenido. Un objetivo, la creación de espacios naturales protegidos que en la historia del conservacionismo tiene orígenes y motivaciones diversos. Los objetivos de los más antiguos eran mayoritariamente venatorios. 

En Cataluña encontraríamos este origen en los espacios de caza de condes reyes y en los tratados de halconería. Un ejemplo de ello es la primera colección zoológica documentada del rey Juan I el Cazador, conservada dentro de un cercado de olivos del palacio. En un contexto civilizado diferente, aunque no ajeno, Hernán Cortés comenta en su diario que en su primera visita al Palacio de Moctezuma II en Tenochtitlan le impresionó la representación viva de diversos hábitats con muestras de la flora y la fauna del imperio azteca.

La referencia más antigua de creación de ciertas "reservas" se ha documentado en la antigua Mesopotamia, cuna de tres grandes civilizaciones: sumeria, babilónica y asiria, con importantes conocimientos de agricultura, jardinería, ganadería y pesca. Algunos reyes mesopotámicos implantaron las primeras reservas de animales para la práctica privilegiada de la caza, seguramente se trata de las primeras "figuras" de un espacio territorial sometido a una ordenación para su uso lúdico (Boada, 1997).

En lo referente al conocimiento del medio natural y al papel que desempeña en el equilibrio y la salud de los individuos, es Hipócrates (460-375 a. C.) quien realiza las "primeras auditorías ambientales" planteando que para entender la salud de los individuos y del conjunto de la sociedad es necesario estudiar la naturaleza del medio que les rodea: "Cuando se llega a una ciudad o villa hay que observar la situación del lugar con respecto a los vientos, también sus aguas, si son zonas pantanosas, si son blandas o duras, si se encuentra en un lugar elevado o llano, cómo es la flora que le rodea".

Durante la romanización, como resultado del aumento de la movilidad y de la capacidad de transformar el medio natural, aparece una primera "ordenación" urbanística y del territorio. Catón establece las primeras calificaciones del suelo con el fin de ordenar y vertebrar el territorio (véase Figura Catón).

El geógrafo e historiador Estrabón (63 a. C. al 19 a. C.), en su Geographika, probablemente impresionado por los rasgos densos y cerrados de los paisajes ibéricos, destaca el carácter extensivamente selvático de la Península Ibérica. Estrabón hace unas primeras descripciones de sus sistemas naturales diciendo que: "Iberia tiene muchos corzos y caballos salvajes. Los de Emporion fabrican lino y su país en parte es bueno y en parte es malo, con junco vasto e inútil".

También son interesantes las descripciones sobre el patrimonio natural ibérico recogidas por el sabio Plinio el Viejo cuando fue procurador de la Bética. En su Historia Natural cita uno de los primeros ejemplos de "delito ecológico"; dice que se honraba tanto a las cigüeñas por la cantidad de serpientes que capturan y se daba pena de muerte a quien las matase. 

Ordenación y maltrato de los bosques

Otra aportación notoria la constituye la obra De re rustica, del autor hispano romano Columela, donde se recogen los conocimientos de los clásicos en materia agraria y forestal, y se elabora lo que podemos considerar el primer tratado de buenas prácticas agrícolas y forestales. 

En el año 800, aparece un tratado primerizo sobre la necesidad de conservar y mejorar los bosques, el Capitullare de Villis. Se trata de una Ordenación visigótica sobre las posesiones reales, que manifiesta la preocupación por la gestión y conservación de los recursos forestales: "Nuestros bosques deben custodiarse con diligencia. No se puede permitir que los bosques, allí donde sean necesarios, sufran agravios por talas excesivas. Se debe favorecer la plantación de: enebrina, manzanos, perales, ciruelos, serbales blancos, nísperos, castaños, avellanos, almendros, moreras, laureles, pinos, nogales y cerezos".

Durante el largo proceso de feudalización han existido períodos históricos en los que se han promulgado medidas políticas con un impacto negativo sobre el medio. No nos extenderemos en este punto, pero quede como ejemplo la orden promulgada por el virrey García de Toledo en 1561, de quema sistemática de los bosques situados cerca de los caminos de tránsito importantes y, si procede, de todos los demás bosques del Principado, ya que constituyen un refugio inexpugnable de bandoleros. Felipe II celebró la acción "por el buen sosiego y quietud que puso en el Principado y el Condado" (J. Reglà, 1962).

El aumento demográfico y el impacto humano en el territorio son el origen de los primeros espacios sometidos a un cierto "régimen de protección". La sobreexplotación de los bosques por la creciente demanda social y el fuerte consumo de productos forestales en el sector doméstico, artesano, marinero y protoindustrial, explican la aparición de un documento normativo que quiere poner orden a los abusos y que apunta la organización de una incipiente "administración forestal". Esta primera legislación para la "ordenación y conservación" de los bosques en Cataluña se conoce como las Ordenaciones forestales o la Ley de bosques de Solsona (1627). El documento empieza así: "Se han cometido muchos grandes excesos en esta extracción, excediendo los límites (...) Su excelencia (...) prohíbe (...) que nadie (...) intente quitar las marcas ni señales de los árboles (...) ni quiera cortar estos árboles señalados". Este amplio documento normativo regula la tala, el carboneo, la fabricación de pez... Penaliza los abusos: incendios y otras prácticas consideradas abusivas.

Cambios en las relaciones sociedad - naturaleza

No obstante, hay que tener en cuenta que hasta bien avanzada la Ilustración, a finales del siglo XVIII, la idea multisecular sobre los recursos naturales era que éstos, por motivos divinos o sobrenaturales, eran inagotables; dominaba la creencia de que el providencialismo amparaba y regeneraba los recursos naturales sometidos a cualquier forma de explotación por parte de la sociedad, la idea de un límite era inexistente. La continuada explotación de los bosques y la fuerte regresión asociada a la superficie forestal durante el siglo XVIII explicarían la aparición del documento del marqués de la Ensenada, firmado el 31 de enero de 1748. Este documento, con forma de orden real, regula la explotación y la conservación de los bosques. De esta ordenanza para el fomento, cultivo y conservación de los bosques, destaca la exigencia explícita de que cada vecino, en todo el país, debe plantar tres árboles por cada árbol talado además del que le corresponde al año como vecino; se exime de esta obligación únicamente a las viudas pobres y a los niños. La implantación de esta norma hará, como hemos podido documentar, que en algunas villas, por acuerdo municipal, aumente hasta cinco el número de árboles que cada ciudadano debe plantar antes de que termine el año.

El decreto explica que: "Para que las actividades de bosque se realicen correctamente, las plantadas, podas y talas se harán con los métodos más convenientes, y se recomienda que cada pueblo disponga de un lugar para plantar bien descubierto al sur y protegido de los vientos del norte donde se planten los hayucos y bellotas más grandes y sanos de los árboles más robustos, que no se arranque la hierba ni la grama, para que mantengan la humedad y el rocío del verano".

En lo referente a las talas y las podas, se indica la época del año adecuada y el modo en que debe cortarse para no herir al árbol. Manda que se castigue con rigor a los que talen o corten árboles sin permiso y de forma grosera. Siempre será necesario el permiso de tala y se destaca la necesidad de aumentar el cultivo y la cantidad de bosques. De este destacado documento derivan los primeros inventarios forestales, que gestiona la que puede considerarse la primera guardería forestal y que, curiosamente, serán los denominados Comisionados de Marina, un cuerpo de agentes que estará presente a través de un representante en las principales villas forestales del Principado, y que son quienes se encargan de los controles, inventarios forestales y, si procede, autorizan su tala.

Ahora bien, no será hasta finales del siglo XVIII, que se darán las primeras propuestas, más o menos bien construidas, orientadas hacia planteamientos que se pueden considerar precursores del conservacionismo. A escala europea, la revolución industrial tendrá ya en sus primeros estadios un impacto extraordinario sobre los bosques. Aparece un esbozo conceptual de la naturaleza en el pensamiento occidental, que se recoge en tres grandes visiones generales (Glacken, 1967; Goudie, 1990): 
Visión teleológica. Es decir, la creencia en una entidad suprema que gobierna los ritmos de la naturaleza y los ritmos de la sociedad. Coincide con el providencialismo sobrenatural (Urteaga, 1993).

Visión determinista. Es decir, la idea de que las condiciones naturales son responsables de la evolución de las sociedades humanas. Este propósito ya fue formulado por Montesquieu.

Visión antropocéntrica en el sentido que, invirtiendo el orden de la visión determinista anterior, son las sociedades humanas las que influencian y, en cierta manera, gobiernan cada vez más los ritmos ambientales, y no al revés. Esta visión surge no tanto de la reflexión filosófica, como podría ser el caso de las dos anteriores, como de la experiencia práctica, al observar los primeros grandes efectos de la deforestación. 

No se puede pasar por alto que Humboldt pondrá de relieve en su obra Ensayo sobre la Geografía de las Plantas y el Cuadro Físico de las Plantas algunas de las modificaciones introducidas por los humanos en los sistemas naturales. Esta primera obra de geografía ambiental la dedicaría a su contemporáneo Goethe, con quien compartiría algunas de las tertulias que éste último organizaba en las que se mezclaban artistas, poetas, escritores y científicos. En torno a estos cenáculos del Romanticismo alemán encabezados por Goethe, Humboldt tendría una influencia notoria en el despertar de los estudios para la gestión de los recursos naturales. En este contexto surge un personaje que tendrá un papel significativo en el establecimiento de las bases más incipientes de las ciencias de la conservación al formular la necesidad de organizar la explotación racional de los recursos naturales: Heinrich Cotta  (Boada & Saurí, 1999). 

Cotta fue el fundador del Instituto de Ordenación de Tharandt, la primera escuela forestal y en la que se formaría Agustín Pascual, fundador de la Escuela de Montes en Villaviciosa de Odon, a principios del siglo XIX (Gómez, 1992). Las primeras promociones de estas instituciones se nutren de un elevado porcentaje de jóvenes procedentes del mundo rural catalán (Boada 1996). Una vez finalizada la formación, algunos de ellos —Bosch i Julià, hermanos Josep y Ramon Jordana, Sebastià Soler, Primitiu Artigas, Joaquim Castellarnau—, harán las primeras aportaciones a la gestión de recursos forestales, repoblación de cabeceras, fijación de dunas, etc. La visita a los EE.UU. de Josep Jordana —años 1876 y 1877— y, posteriormente, de Rafael Puig i Valls —1893—, les pondría en contacto con las primeras formulaciones proteccionistas: la instauración de la Fiesta del Árbol en el Estado de Nebraska en 1872 y la creación el mismo año del primer parque nacional del mundo: Yellowstone.

Necesidad de proteger

En los EE.UU., durante la segunda mitad del siglo XIX, la explotación indiscriminada de tierras y bosques motivó la aparición de una corriente conservacionista en el seno de las instituciones federales del país. El objetivo principal era preservar ciertas áreas de la presión colonizadora, con la idea de dejar de considerar que la naturaleza es ilimitada y pasar a concebirla como un patrimonio que es necesario conservar para las generaciones siguientes (Saurí, 1993). El espacio protegido se concebía como un santuario de la naturaleza, intocable para el hombre, para mantenerlo "virgen". Con esta idea se creó el parque nacional más extenso y más visitado de los Estados Unidos, Yellowstone.

Siguiendo la línea de Cotta, en nuestro país la figura del ingeniero forestal tarraconense, Rafael Puig i Valls, jugará un papel pionero con sus aportaciones a la gestación del conservacionismo y la concienciación ambiental. En 1884, este tarraconense, ante la continua e intensa destrucción de los bosques, formó parte de una comisión integrada por él y otro miembro del Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidre, y dos más de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, para organizar una liga para la defensa del medio natural, frente a la tala abusiva de bosques, con el fin de que se creasen disposiciones legales indispensables para la protección, conservación y recuperación de paisajes forestales. El primer trabajo de esta comisión fue la redacción de un proyecto de repoblación de la sierra de Collserola. Nos encontramos, con lo que, con toda probabilidad, constituye uno de los primeros agrupamientos conservacionistas del país.

Fue él quien dio a conocer el 21 de septiembre de 1898 en el artículo "La Pàtria i l’arbre", publicado en La Vanguardia, la Fiesta del Árbol. A pesar de ello, la idea de instituir la repoblación desde una perspectiva de vinculación social o popular ya la hemos mencionado anteriormente con la Orden firmada por el marqués de la Ensenada en 1748.

La primera Fiesta del Árbol se celebró el 30 de abril de 1899 en Barcelona. Este homenaje popular al árbol resulta de diferentes antecedentes, como el citado anteriormente del marqués de la Ensenada y, con mucha probabilidad, es una consecuencia de la visita de Puig i Valls a los EE.UU. en 1893 a raíz de la exposición universal celebrada en Chicago. Durante la larga estancia en la que recorrieron diversos estados, parece ser que conocen la celebración del Tree Day —celebrada por primera vez el 10 de abril de 1872 en el Estado de Nebraska. Esta fiesta tiene la finalidad de desplegar una iniciativa de amplia implantación popular destinada, por un lado, a la recuperación de superficie forestal, y, por el otro, a estimular entre los ciudadanos el amor al árbol y el símbolo de arraigamiento a la nueva patria (Boada, 1995).

Inmediatamente después de la puesta en marcha de la Fiesta del Árbol, Puig i Valls abrió el camino de la protección de los espacios naturales y se convirtió en precursor del conservacionismo en Cataluña y el conjunto de España, con la propuesta de creación de un espacio natural protegido. Concretamente, con fecha del 6 de abril de 1902, presenta las bases del proyecto del Parque Nacional de la Montaña de Montserrat y sugiere la necesidad de aplicar la misma figura a las sierras del Tibidabo y del Montseny; al tiempo que propone la declaración de lugar de interés para el Cabo de Creus (Boada, 1995).

Primeros referentes proteccionistas en España

Como se ha dicho, los orígenes de la política de conservación en España están relacionados con una esfera predominantemente forestal, heredera de la tradición forestal vinculada al proceso de desamortización del siglo XIX. El forestalismo encuentra en la defensa de la integridad del paisaje y de los valores naturales un campo en el que desarrollar sus aspiraciones naturalistas, conservacionistas, patrimonialistas y educadoras. La idea de los espacios naturales protegidos se convierte en uno de los puntos de convergencia privilegiados de un conocimiento forestal tanto científico como cultural y divulgador (Gómez, 1992). 

La primera figura de protección específica nace el 7 de diciembre de 1916, fecha en que se aprueba en el ámbito español, la Ley de parques nacionales (en vigor hasta el año 1957) (1). Y el 23 de febrero de 1917 se crea, por Real decreto, la Junta de Parques Nacionales, el organismo gestor. Esta etapa la protagonizó Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, en Asturias, promotor de la ley y primer comisario del Servicio de Parques Nacionales de España. Pidal, que sintoniza con las ideas forestalistas del siglo XIX, establece una relación causal entre el empobrecimiento de la nación y la desaparición de las masas boscosas (Fernández, 1998). No es de extrañar que los primeros parques nacionales sean en su origen reservas forestales, y que estén inspirados, en cierto modo, en el movimiento higienista y antiurbanista de los primeros decenios de este siglo. El padre de los parques nacionales españoles sostiene que "la virginidad de la naturaleza conservada es lo que representan los parques nacionales; cuanto menos se los toque más vírgenes serán". 

La presentación y defensa de la Ley de parques nacionales se produce en un contexto político y socio- económico complejo, tanto en el ámbito europeo —trasfondo de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa— como estatal —grandes huelgas. Pidal no cree que los asuntos ecológicos tengan que esperar ante cuestiones más importantes (Fernández, 1998). Las líneas fundamentales de su política proteccionista  (basada en paisajes de alta montaña y bosques) son: la función turística —fuente de divisas—, y recreativa –para el disfrute de los ciudadanos.

Puig i Valls y Pedro Pidal comparten los planteamientos regeneracionistas, ambos creen que la educación en el respeto al medio, y la recuperación del modelo natural son la única salida para un país hundido por el fracaso colonial del 98.

Cataluña: primeras denuncias y respuestas de la sociedad catalana a las agresiones al medio natural

Al margen del contexto forestalista de Puig i Valls, la toma de conciencia sobre la destrucción de los paisajes en Cataluña encuentra el punto de partida en el Renacimiento, movimiento que impulsa el interés por las ciencias, las letras, el arte y el conocimiento del país, proyectándose a través de diversas asociaciones e instituciones, y de manera muy particular en torno a una nueva forma de aproximación a la naturaleza: el excursionismo. La fundación, en 1876, de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, precursora de este movimiento y más adelante, en 1891, convertida en el Centro Excursionista de Cataluña, marca una nueva etapa en el conocimiento naturalista del país y potencia un nuevo uso social de los paisajes a través del excursionismo.

La primera denuncia documentada la encontramos con Antoni Massó —1879—, considerado uno de los pioneros del excursionismo, fundador de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas. Éste advirtió que en el Montseny: "se debe evitar la destrucción de estos magníficos bosques de hayas colosales, gigantes de la vegetación, tan poéticos como útiles".
Estos primerizos defensores de la naturaleza, con toda probabilidad, estaban influenciados por las aportaciones de los "primeros naturalistas" catalanes, de los cuales Joan Salvador i Boscà fue el primer miembro de una saga de boticarios que iniciaron los estudios sistemáticos de la flora del país a principios del siglo XVII. Esta búsqueda continúa a lo largo de todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII con su hijo Jaime y sus nietos Joan y Josep. El interés por el conocimiento del medio natural conducirá a la creación, en 1899, de la Institución Catalana de Historia Natural, fundada por Salvador Maluquer, Josep Mas de Xaxars y Antoni Novellas. Entidad pionera en el estudio y defensa de la naturaleza afortunadamente muy activa y actualmente renovada, con cien años de trabajo continuado, que ha desempeñado el papel de aglutinadora de los estudiosos de las diversas disciplinas de conocimiento del medio natural.

En 1894, el meteorólogo Dionís Puig ofreció una conferencia en el Centro Excursionista de Cataluña, que más allá de la simple proclama, apunta una hipótesis de cambio global, expone su teoría del modo en que ha cambiado el régimen meteorológico, manifestándose este cambio global en un descenso de temperaturas y de las precipitaciones como consecuencia de la deforestación de los bosques. Defiende que la deforestación en el ámbito local es la responsable de las inundaciones en el llano de Barcelona. En este contexto, Dionís Puig pidió que se actuase para frenar las talas abusivas a que se veían sometidos los bosques del país y defendió la iniciativa de Puig i Valls de implantar la Fiesta del Árbol (Boada, 1996).

En el paso al siglo XX se produce un hecho que constituirá un antecedente histórico en la política de conservación en Cataluña, se trata de una propuesta que la Sociedad Cívica La Ciutat Jardí (2) de Barcelona llevó al III Congreso Excursionista Catalán, celebrado en Tarragona en abril de 1914, en el que pedía a la Diputación un Plan de Reservas Forestales y de Parques Nacionales en Cataluña (Fernández, 1998).

En 1921, en el boletín del Centro Excursionista de Cataluña se dio la voz de alarma sobre la venta del bosque del Gressolet, en el Alt Berguedà. Se reivindica un parque natural para proteger la belleza y riqueza del bosque ante la amenaza de una tala, alegando una devastación de los campos cultivados ribera abajo causada por la no retención del material rocoso en caso de lluvias torrenciales. La intensa campaña de salvación que llevó a cabo el CEC consiguió conservar la masa forestal.

El Montseny, un paradigma del proteccionismo

El macizo del Montseny ha sido un ejemplo paradigmático de la sensibilidad popular defensora de unos valores paisajísticos singulares, y de las intervenciones públicas en el campo de la conservación. La historia de su conservación tiene el valor de un indicador extrapolable y no de un análisis local, por eso, ponemos en ella un especial énfasis, porque su análisis nos demuestra de manera significativa una fracción notoria de la historia de la conservación desde la perspectiva de los diferentes actores.
Las demandas sociales para su protección estimularon la participación de los poderes públicos para conseguir un régimen legal de protección de este espacio, que en una tímida figura, la del Patronato de Montaña, constituye en Cataluña la primera figura legal de protección de una fracción de territorio por sus valores paisajísticos. A finales de los años setenta se convertirá en parque natural, y, casi simultáneamente (1978), a través del programa Hombre & Biosfera de la UNESCO, pasará a formar parte de la red mundial de Reservas de la Biosfera, la primera en Cataluña.

Sin embargo, mucho antes, a finales del XVIII, las reservas forestales del Montseny, constituidas básicamente por abetos, hayas, robles, pinos silvestres, encinas y castaños, quedaron sometidas a la jurisdicción del Estado, junto con los bosques de Tortosa, La Selva y L’Empordà (Aragón, 1964) —siguiendo la corriente ilustrada iniciada por la dinastía borbónica y concretada en una política de protección y fomento de la Marina Real, mediante la Ordenanza de montes del año 1748.

El primer intento serio de dotar al Montseny de una figura legal de protección, se deriva del estudio realizado en 1922 por el botánico Pius Font i Quer, en el que propone que el macizo sea declarado parque nacional, esta propuesta se encuentra recogida en las Crónicas Oficiales de la Mancomunidad de Cataluña. Esta institución había manifestado su interés por la creación de parques con motivo de la publicación de la Ley de 7 de diciembre de 1916 y el Decreto de 23 de febrero de 1917 que definían y creaban los parques nacionales y lugares de interés nacional, en el ámbito español.

Para su cumplimiento debían darse a conocer a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes los espacios merecedores de especial atención a través del ingeniero en jefe del Distrito Forestal Provincial. En este contexto administrativo, diversas entidades y sociedades hicieron algunas propuestas y así fue como el Distrito propuso la creación de dos parques: Montserrat y Montseny. La Mancomunidad encargaría la realización de algunos estudios, que constituyen el primer corpus de trabajos interdisciplinarios para la creación de un espacio natural protegido, por su interés, veamos algunos ejemplos: 

Montseny, Parc Nacional [Montseny, Parque Nacional] por el botánico Dr. Pius  Font i Quer:
"La finalidad del Parque Nacional del Montseny es conservar la vegetación y fauna actuales de la montaña, evitando que puedan ser destruidos o modificados por el hombre (...) El Montseny, desgraciadamente, ha estado muy sometido a la intervención del hombre; así, el Parque Nacional no sólo debería conservar aquello que existe, sino restituir todo lo que se ha destruido (...)"

Orientacions per al futur Parc Nacional [Orientaciones para el futuro Parque Nacional] por el zoólogo Ignasi de Segarra:
"(...) Este Montseny que es tierra de carboneros y rebaños, de bosques densísimos y cobijo de reliquias muy preciadas para nosotros, vale la pena que hagamos todo lo posible para conservarlo (...)". Este reconocido naturalista, en 1927, publicará en la revista Ciència, el excelente artículo: "El Montseny (Glossa dels valors naturals de la contrada)" [El Montseny (Glosa de los valores naturales de la región)] que se convertirá en un referente obligado de cara a la futura protección del macizo.

Memòria [Memoria] por el secretario de la Escuela de Bellas Artes, Llorenç i Artigues:
"El Montseny es la representación más rica de la tierra catalana (...) Su posición geográfica le da un emplazamiento especial y único que le hace centro de convergencias (...) todos los terrenos contribuyen al alzamiento representativo del Montseny, que es la transfiguración catalanísima del Pirineo (...) La montaña cada día es más vecina de la ciudad. Dos factores determinan con rapidez este acercamiento: la mayor extensión urbana del núcleo ciudadano y la mayor accesibilidad de los medios de comunicación que unen la ciudad de Barcelona con la montaña del Montseny. Barcelona no ha sido inteligente en la construcción de sus parques ni en la urbanización de las montañas cercanas. La invasión ciudadana es para la montaña un peligro (...) Únicamente existe un remedio que se oponga a la desagraciada invasión, y, por otra parte, a la necesaria invasión. Este remedio es la intervención. Ningún laboratorio se ofrece más magníficamente a la vasta empresa como el intento de aportar la intervención de la ciudad en la montaña del Montseny, en el intento por convertir el Montseny en parque nacional. La fusión de todas nuestras técnicas en la obra común de civilizar inteligentemente a toda una montaña, puede ser un gran paso, puede marcar una etapa venturosa en el curso del pensamiento catalán y de la vida social de Cataluña".

Montseny, Parc Nacional [Montseny, Parque Nacional] por el arquitecto Serafí Bassas: 
"(...) Este monumento de la naturaleza de Cataluña hay que conservarlo intacto y guardarlo (...) Una vez salvado, hay que hacer de él un hogar amable de nuestra cultura y de nuestra ciencia, por este motivo, la solución más segura es la rápida declaración de organización del Montseny como parque nacional. Así se ha convertido nuestro Montseny en nuestra montaña nacional; Barcelona ha hecho que fuese una extensión ciudadana, su jardín de montaña. El aspecto más completo de la montaña es, sin duda alguna, el botánico. También podemos decir que ningún aspecto peligra tanto como el botánico. De los ejemplares más antiguos de hayas, hace poco han caído los más bellos. El magnífico abeto va cayendo al trágico son del canto del hacha.
Es una buena prueba, el haber sido imposible encontrar varias de las especies recogidas por el botánico Costa en el famoso herbario de la familia Salvador (...)"

Camins del Montseny [Caminos del Montseny] por el diputado Lluís Duran i Ventosa:
"(...) Se impone hacer posible y hasta fácil el acceso a los puntos pintorescos de nuestro país. (...) Para ello, basta con construir caminos carreteros, caminos por los que puedan pasar los carros necesarios para los servicios de las maserías y los pasajeros que quieran disfrutar de la contemplación de las bellezas (...) No obstante, por poco que la acción del poder público pueda contribuir a ello, la excursión al Montseny debe poder ser una excursión de domingo, fácil para el buen ciudadano barcelonés (...)".

Els animals superiors que podria haver al Parc Nacional del Montseny [Los animales superiores que podría haber en el Parque Nacional del Montseny] por el profesor de zootecnia de la Escuela Superior de Agricultura, M. Rosell i Vila:
"(...) ¡Oh sí! En el Montseny debe haber animales. (...) Los animales superiores que debe haber en el Montseny deben presentar la condición de no ser tan mansos como los domésticos, ni ser tan salvajes que ataquen a las personas. (...) Los animales propuestos para habitar en el Parque Nacional, muchos de ellos ya estarían bien desde el primer día; otros, como los domésticos, no lo estarían del todo hasta la segunda generación, cuando la mano del hombre no los hubiera tocado (...)"
Una vez elaborados los trabajos de los expertos, el paso definitivo fue la moción, El Montseny, Parc Nacional de Catalunya [El Montseny, Parque Nacional de Cataluña], presentada en la sesión del 8 de febrero de 1922 por el diputado a la Presidencia y al Consejo Permanente de la Mancomunidad de Cataluña, miembro de la Liga Regionalista, Jaume Bofill i Mates, conocido como poeta bajo el pseudónimo de Guerau de Liost. 
"(...) En España, con el esfuerzo personal del marqués de Villaviciosa, se ha dedicado una ley a los parques nacionales y se han creado dos: Covadonga y Ordesa. (...) Ahora es el Montseny el que parece exigir con preferencia una intervención urgente por modesta que sea. (...) La primacía del Montseny está acreditada por las interesantísimas memorias escritas por Font i Quer, Ignasi de Segarra, Rosell i Vila, Llorenç i Artigas, Serafí Bassas, Duran i Ventosa y Francesc Galí (...)"

Pero, quien iba a decir que la propuesta de Bofill i Mates cristalizaría en una nueva situación política de involución durante la dictadura del general Primo de Rivera, quien se apropió de unos documentos y unas propuestas conservacionistas avanzadas a su tiempo por su carácter relativamente innovador. El dictador firmará como presidente del Consejo de Ministros el informe que será la base del Decreto real que en 1928 Alfonso XIII, firmará inexplicablemente en Estocolmo y por el que se creó el Patronato de la Montaña del Montseny. El documento, en general, parte de la base hipocrática del documento científico de la Mancomunidad, sin embargo, en él aparecen unos matices con una clara connotación reaccionaria. La base hipocrática es evidente al inicio del decreto, que reza:  "La Diputación Provincial de Barcelona, celosa de cumplir su deber protector, atenta a mejorar la riqueza de la provincia y de forma especial a completar las obras que más directamente pueden contribuir a la salud pública, así como facilitar con la admiración de los esplendores de la naturaleza, las expansiones físicas, solicita que se le concedan las facultades necesarias para que la gran montaña del Montseny, verdadero pulmón de Barcelona, pueda quedar convertida en parque natural, una parte con exclusivos fines, donde se trate, especialmente, y con las formas y medios más en armonía con los procedimientos científicos prácticos, de aliviar y mejorar las naturalezas débiles y prevenir y fortalecer la virilidad física de la raza (...)". Como puede comprobarse los valores de protección de la naturaleza, en este documento, presentan unas connotaciones ideológicas preocupantes. 

El Patronato de la Montaña, una vez constituido, tendrá asignadas como principales finalidades: la función sanitaria, con la construcción de centros antituberculosos, la turística y la deportiva; de producción forestal, de restauración y conservación. El orden o jerarquía de las funciones, como puede observarse, sitúa la conservación al final de todo. Es evidente que los aspectos naturalísticos pesaban poco, pero aún menos los aspectos relacionados con la población local.
Desde esta primera protección efectiva, el Montseny ha estado siempre presente en todas las catalogaciones de espacios que deben protegerse de los diferentes planes de ordenación del territorio.

Inicios de la planificación territorial y de los ENP

En 1932 la Generalitat de Catalunya publica el Pla de Distribució en Zones del Territori Català [Plan de Distribución en Zonas del Territorio Catalán] o Regional Planning, obra de los hermanos Rubió i Tudurí. Se trata de un documento de planificación muy avanzado que propone la creación de un sistema de espacios naturales protegidos y reservas forestales:

Parques nacionales: L’Artiga de Lin, Alt Pirineu, Sant Joan de l’Erm.

Parques como simples reservas de paisaje: Serra del Cadí y L’Alt Ter-Núria, Coma de Vaca, Fresser, Ull de Ter y Carboners; montañas de los alrededores del castillo de Requesens; El Valle de Ridaura y la Collada de Santigosa en Olot; Montseny, Montnegre, Sierra de Gallifa, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, Sierra de Prades; la Mussara, el Montsant, las montañas del Cardó y las de Caro y Ports de Besseit. En la Costa Brava también se proponen reservas importantes de paisaje. Para la ciudad de Barcelona se propone la reserva del macizo del Tibidabo (Paluzíe, 1990). 

A pesar de que el Regional Planning se quedó en anteproyecto, condicionó algunos planes territoriales posteriores (Gurri, 1997). Sin embargo, la involución histórica que representa la dictadura del general Franco afectará, obviamente, al campo de la conservación del patrimonio natural. No será hasta 1953, que aparecerá un tímido plan de ordenación territorial: el Pla Comarcal [Plan comarcal] que incluye la ciudad de Barcelona y veintisiete municipios de las cercanías. El documento prevé un gran parque natural para Barcelona y su comarca, Collserola (Paluzíe, 1990).

Paralelamente a este plan se formuló el Plan Provincial bajo el nombre de Plan General de Ordenación de la Provincia de Barcelona, cuya normativa se aprobó en 1963. Dicha normativa establece un catálogo de posibles parques naturales: el Corredor, Montnegre, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Montseny, Guilleries, Bellmunt, Rasos de Peguera, La Quar, Catllaràs, Falgars, Serra del Cadí y el Tibidabo (Collserola).

En este escenario, la Diputación de Barcelona desarrolló durante los años 70 las previsiones del Plan Provincial mediante planes especiales específicos para algunos de los parques catalogados. En 1974 se crea el Servicio de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona. 

Para el área de Barcelona y su comarca se aprueba en 1976 el Plan General Metropolitano de ordenación urbana, que afectaba a la misma superficie que el Plan de 1953 y en el cual el sistema de espacios libres se estructura en parques urbanos y forestales (Paluzíe, 1990).

La década de los 60 y 70 fue bastante prolífica en la elaboración de trabajos de planificación territorial que incidirán en la protección de la naturaleza y que han constituido la base sobre la cual se ha erigido una parte de la legislación catalana conservacionista. Los padres de esta "leva" de funcionarios comprometidos, científicos, estudiosos y líderes sociales, fueron un grupo de científicos que tuvieron un papel decisivo en el conocimiento y estudio del territorio y del medio natural del país: los botánicos Oriol de Bolòs y Creu Casas, el ecólogo Ramon Margalef, el geólogo Solé Sabarís, los geógrafos Llobet, Casasses, Puchades, Gurri, etc.

Desde la Comisión de Urbanismo de la Diputación se utilizarán los escasos recursos de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbanística de 1956 y la reforma de 1975, para poner en marcha las primeras fórmulas de protección de los espacios naturales sometidos a más presión, fundamentalmente urbanística. Ejemplos de estos procesos son las aprobaciones del Plan especial de protección del parque del Montseny (1977 Diputación de Barcelona – 1978, Diputación de Girona) y el Plan especial de Sant Llorenç del Munt y Sierra del Obac en 1982. En esta misma línea se aprueban posteriormente los planes especiales de Montesquieu, Garraf, Montnegre-Corredor y Olèrdola, promulgados por la Diputación de Barcelona. Del mismo modo se aprobó en 1987 el Parque de Collserola (Gurri, 1997).

La revuelta ambiental de los años 70, llave de paso al proteccionismo vigente

No se puede olvidar el importante papel que desempeñará la sociedad civil, que a finales de los años 60 participa en esta propuesta proteccionista de diversas maneras. En 1975, dentro del Congreso de Cultura Catalana, la Campaña de Salvaguarda del Patrimonio Natural actuó como elemento aglutinante, a la vez que dinamizador, de la multitud de grupos que en todo el país fueron apareciendo en respuesta a las fuertes transformaciones y a los grandes impactos en el medio natural. Este amplio movimiento será, en gran parte, responsable de la salvaguardia y posterior protección definitiva de algunos de los espacios naturales protegidos actualmente. Los ejemplos más representativos, son la zona volcánica de la Garrotxa, Els Aiguamolls de l’Empordà, y el delta del Ebro. 

En 1976 aparece un documento que se convertirá en un referente obligado en la conservación del patrimonio natural del país: Natura ús o abús. Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans [Naturaleza, uso o abuso. Libro blanco de la gestión de la naturaleza en los Países Catalanes], publicado por la Institución Catalana de Historia Natural. El mismo año, en plena eclosión del movimiento conservacionista se constituye la Liga para la Defensa del Patrimonio Natural —DEPANA, la ONG a la cabeza de este movimiento. También se crea el primer equipamiento de educación ambiental: el itinerario de naturaleza de Santiga, elaborado por el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de estos procesos se expande por todo el país el movimiento conservacionista y proteccionista, y las instalaciones de educación ambiental (Boada, 1999).

Con la llegada de las instituciones democráticas en 1978, se inicia un proceso de normalización política y social, a partir del cual se produce, en materia de ENP, también una normalización. 

Referencias

1 Este primer servicio de parques nacionales gestionó los cinco primeros: Covadonga (julio de 1918, 16.925 Ha); Ordesa (agosto de 1918, 2.046 Ha); Teide (enero de 1854, 11.866 Ha); Caldera de Taburiente (octubre de 1954, 3.500 Ha) y Aigües Tortes y Llac de Sant Maurici (noviembre de 1955, 9.851 Ha) (Font & Majoral, 2000).
2 Entidad fundada en 1912 en Barcelona y que se preocupaba por el urbanismo y la calidad de vida de los ciudadanos, y contaba entre sus objetivos con el de: "Preservar y aumentar las reservas higiénicas de los centros de las poblaciones, particularmente a través de la conservación y creación de bosques periféricos, zonas rurales o silvestres, parques y jardines urbanos y espacios libres interiores de toda clase". (Castellón, 1990)

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Nuevas tendencias en gestión

Josep Mª Mallarach
Geólogo y master en ciencias ambientales. Consultor de medio ambiente, profesor de la Universitat de Girona.

En los últimos decenios, la protección de espacios naturales protegidos se ha desarrollado rápidamente en muchos países como una estrategia concertada para salvar de la destrucción y la degradación a aquellas especies, hábitats o paisajes que reciben la consideración social —y legal— de patrimonio natural y dan respuesta a las demandas sociales que están asociadas a ellos. De modo que se trata de un fenómeno moderno que trata de contrarrestar, al menos localmente, las tendencias insostenibles del tipo de desarrollo dominante, que comporta, globalmente, la destrucción y empobrecimiento del patrimonio natural y cultural a una escala sin precedentes históricos.

A lo largo del siglo XX, la política de protección de espacios naturales se ha caracterizado por tres etapas principales. La primera se basaba en la protección de espacios naturales singulares y emblemáticos. Su máximo exponente son los "santuarios de la naturaleza" y los "parques nacionales". Los términos "santuario" y "nacional" evocan claramente su significación simbólica y política. Se trataba de espacios de propiedad pública, generalmente remotos, promovidos y gestionados por los gobiernos centrales. En los países que han sufrido recientemente una colonización, en los que hay poco patrimonio histórico, su carácter emblemático es todavía más grande. 

La segunda etapa planteó la necesidad de ampliar el número de espacios naturales protegidos y de dotarlos de diversos niveles de protección y gestión. En ese momento, surgen un ejército de figuras legales que llegan a superar el centenar en los Estados Unidos de América, y los sesenta en los estados de la Unión Europea; entre ellos destacan las reservas integrales, las reservas naturales, las reservas de la biosfera, los parajes naturales de interés nacional, los refugios de fauna salvaje, y los paisajes protegidos, algunos de titularidad pública y muchos otros de titularidad privada o mixta. En esta etapa ya se implicaron diversas administraciones públicas, incluso en los gobiernos locales y, en los países anglosajones, se desarrollan las iniciativas concurrentes del sector privado. 

La tercera etapa parte del reconocimiento del alcance global de la crisis ambiental, los principios fundamentales de ecología, y la insuficiencia de los planteamientos precedentes para detener la hecatombe de la diversidad biológica y la continuada degradación de los paisajes periurbanos donde se concentra una proporción más grande de la población mundial. A partir de planteamientos estratégicos y globales surge el reto de integrar la conservación de los espacios naturales con las políticas sectoriales, la ordenación territorial, es decir, de reformar el modelo insostenible actual. Se propone conservar redes funcionales de espacios naturales que permitan garantizar la conservación de la biodiversidad, con una amplia participación de los agentes sociales. Comprende una gran proporción de espacios naturales privados, y se apoya en incentivos fiscales y económicos, y las fórmulas de cooperación entre los sectores públicos y privados.

Esta tercera etapa se empieza a insinuar en los años ochenta en algunos países pioneros, pero no se formula de forma clara en el ámbito internacional hasta la Cumbre de la Tierra de 1992. En Europa, viene marcada por la aprobación del Programa de la Comunidad Europea sobre política y acción en relación con el medio ambiente y al desarrollo sostenible de 1992, el Plan de Acción de los Parques de Europa de 1994 y la Estrategia Paneuropea de la diversidad biológica y paisajística de 1995.  Las tendencias que se exponen a continuación son las que caracterizan esta última etapa en los países occidentales industrializados y que, en consecuencia, son o pueden ser referentes significativos para nuestro país. 

Puesto que aquello que caracteriza los nuevos planteamientos es su carácter comprensivo e integrador, para tener una idea de su alcance conviene examinar el modo en que afectan a la identificación, la investigación, la tipología, la planificación, la gestión, la financiación y la evaluación de los espacios naturales protegidos. Y, para terminar, mostrar cuáles son las nuevas tendencias sociales, tanto en lo que se refiere a los agentes como a los usuarios de esos mismos espacios naturales.

Identificación de espacios naturales que es necesario proteger e investigación

Dadas las recomendaciones de los organismos internacionales más influyentes, la identificación de los espacios naturales que deben protegerse parte, cada vez más, de criterios ecológicos, de entre los cuales destacan los criterios de diversidad, rareza o singularidad, integridad, representatividad, fragilidad o vulnerabilidad, conectividad y dimensiones. Entre otras consecuencias, esto ha permitido comparar y homologar rangos, valorar espacios naturales que se habían apreciado escasamente antes (como por ejemplo las zonas esteparias o los paisajes agropecuarios de secano extensivos), o establecer espacios transfronterizos protegidos.

Los criterios ecológicos se empezaron a aplicar en el marco de unidades políticas, pero pronto se hizo evidente que sólo daban resultados coherentes si se aplicaban a las regiones biogeográficas, que en Europa acostumbran a trascender los límites estatales. Esta tendencia ha permitido que la Directiva de Hábitats, por ejemplo, definiese las listas de hábitats y de taxones de interés para cada una de las grandes regiones naturales europeas (boreal, continental, macaronésica, alpina, mediterránea y atlántica) lo que ha permitido proponer los espacios naturales necesarios para protegerlos, en el marco de la Red Natura 2000. Por otra parte, los criterios ecológicos se comenzaron a aplicar en medios terrestres, aunque últimamente su aplicación se ha extendido a los medios costeros y marinos, donde el déficit de protección es más elevado. En la cuenca mediterránea, ya lo plantea así el Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y del litoral de la Mediterránea (1995). 

El incremento de espacios naturales protegidos ha sido muy rápido en los últimos cuatro decenios. En muchos países su crecimiento ha sido exponencial, como también lo han sido, por otra parte, la transformación y la fragmentación de hábitats naturales. La proporción de espacios naturales que disfrutan de un nivel u otro de protección ha llegado a porcentajes comprendidos entre el 25 y el 60 % del territorio en muchos estados avanzados. Las nuevas disciplinas de la biología de la conservación y la ecología del paisaje han demostrado que cuando la proporción de territorio esencialmente transformado supera el 33 %, las pérdidas de diversidad biológica se vuelven inexorables, por  bien gestionados que estén estos espacios, tal como demuestra, entre otros, el ejemplo de muchos lands alemanes.

La aplicación de criterios ecológicos presupone un nivel de conocimientos considerable que ha impulsado numerosas líneas de investigación. En los países pioneros se ha promovido el estudio básico de los diferentes componentes de la diversidad ecológica: inventarios y cartografías de ecosistemas, hábitats y paisajes, catalogación de especies y razas, etc., lo que ha posibilitado la elaboración de "libros rojos" para aquellos componentes que están más amenazados, clasificándolos según el grado de amenaza y vulnerabilidad. Asimismo, se han establecido planes de seguimiento basados en indicadores ecológicos y ambientales que permiten medir las tendencias. Finalmente, en aplicación del principio del derecho a la información ambiental, las bases de datos de biodiversidad que derivan del mismo, se han puesto a disposición no sólo de los investigadores, sino del resto de la sociedad civil, con la ayuda de las nuevas tecnologías (sistemas de información geográfica, Internet, etc.). 

Tipologías de espacios naturales

El rápido desarrollo y la poca coordinación de las políticas de conservación han dado lugar a una gran variedad de espacios protegidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, existen más de cien figuras jurídicas diferentes. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza definió en 1994 seis categorías básicas, jerarquizadas de mayor a menor grado de conservación. Los primeros espacios naturales protegidos que se crearon correspondían a territorios poco transformados por la acción humana, eran remotos y de propiedad pública, y correspondían a las cuatro primeras categorías mencionadas. Destacaban los parques     naciones y las reservas naturales, en las que los usos recreativos y científicos están —o deberían estarlo— subordinados a la protección de la naturaleza. La proporción del territorio protegido en este nivel alcanza el 28 % de Dinamarca, el 12 % de los Estados Unidos de América y un 10 % de los Países Bajos, aunque apenas un 2 % de los estados del sur de Europa.

En los países o los territorios en los que el grado de humanización es más elevado, predominan los espacios naturales que corresponden a los dos niveles inferiores de protección. De este modo, en Europa el conjunto de espacios protegidos llega al 67%, mientras que en el mundo sólo representan el 15%. Se trata de espacios naturales protegidos en territorios de propiedad privada, que pueden contener núcleos de población y que admiten actividades y usos que son compatibles con la conservación de los valores naturales. La figura de parque natural (National Park en Inglaterra y Gales, Naturpark en Alemania, Parc Naturel Régional en Francia) ha sido la más utilizada. La proporción de territorio que ha sido protegida a este nivel llega al 20% en Alemania, al 14% en el Reino Unido y Luxemburgo, y al 7% en Francia.

La estrategia paneuropea de diversidad biológica y paisajística de 1995 pide la protección de una muestra representativa de todos los paisajes, seminaturales o antrópicos de interés, especialmente los agropecuarios tradicionales que conservan una notable belleza y diversidad biológica y cultural asociadas, pero que han sido menospreciadas en muchos sistemas de espacios protegidos hasta ahora.

A parte de los tipos de espacios naturales definidos legalmente, se ha desarrollado otro conjunto de tipologías que emplean entidades privadas conservacionistas, o incluso particulares, que por el hecho de no estar homologadas, no son menos efectivas. En algunos países occidentales estas iniciativas —genéricamente conocidas con el nombre de custodia del territorio— han alcanzado un desarrollo extraordinario en los últimos años. Por ejemplo, la organización privada norteamericana The Nature Conservancy, que cuenta con cerca de un millón de miembros, ha creado y gestionado el sistema privado de reservas naturales más extenso del mundo, que comprende más de 1.500 espacios naturales que suman 3,2 millones de hectáreas en los EE.UU. y más de 17 millones de hectáreas fuera de los EE.UU. especialmente en América Latina, en colaboración con ONG y gobiernos locales. 

Planificación de espacios naturales y conectividad ecológica 

Desde la aprobación del Convenio sobre la Biodiversidad y la Estrategia Global homónima, en 1992, el papel de los espacios naturales protegidos se ha enmarcado en las estrategias o planes nacionales de conservación de la diversidad biológica, que, a su vez, forman parte en los países pioneros, de Planes Verdes o de Estrategias Nacionales de Sostenibilidad (Agendas 21). Su traducción en le ámbito europeo, estimulada por los acuerdos del Congreso Mundial de Parques de Caracas de 1992, fue el Plan de Acción de los espacios protegidos europeos, promovido por la UICN en 1994. Este plan, con un alcance comprensivo define un conjunto comprensivo y coherente de estrategias y prioridades, y exige un despliegue a través de Planes de acción estatales. El plan correspondiente español, se encuentra en proceso de elaboración por parte de un grupo de trabajo de EUROPARC-España, y está previsto que se apruebe en 2002. 

Las estrategias nacionales o internacionales de biodiversidad plantean planes de acción que permitan integrar la conservación de la diversidad biológica dentro de las políticas y los programas públicos que le podrían afectar más directamente. En lo referente a los espacios naturales protegidos, las tendencias contemporáneas se orientan a completar los sistemas existentes a diversos niveles administrativos y, sobre todo, a establecer y conservar redes de espacios naturales físicamente conectadas y funcionales. La red ecológica nacional de los Países Bajos (1991), concebida como una red coherente de ecosistemas sostenibles en uno de los países más artificializados del continente, fue el referente que inspiró la declaración de la Red Ecológica Europea (E.ECO.NET) de Maastricht, al año siguiente.

Las perspectivas asociadas al cambio climático global, hacen prever desplazamientos altitudinales y latitudinales de los biotas, un aumento de la probabilidad de fenómenos catastróficos (climáticos, epidemias, fuegos, etc.) y, por lo tanto, un aumento del riesgo de extinción para muchas especies y comunidades. Además de limitar las emisiones de gases invernadero, y detener la destrucción directa de hábitats, una de las pocas medidas que pueden adoptarse para reducir la magnitud de los problemas que se ven venir es conservar una red de espacios naturales con conexiones funcionales que facilite los desplazamientos naturales de todos los organismos que tengan capacidad de hacerlo. 

Por otro lado, la sostenibilidad social exige que en los espacios naturales protegidos humanizados situados en áreas rurales desfavorecidas se promuevan planes de desarrollo socioeconómico que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, fijar y recuperar población rural, y poder conservar así una diversidad paisajística y ecológica que de otro modo desaparecería.

Individualmente, se considera que cada espacio natural protegido debe disponer de su plan de gestión, y que debe estar dotado de recursos humanos y económicos adecuados a sus objetivos. El modelo de Plan de gestión promovido por Eurosite, constituye el referente europeo de la Red Natura 2000. Cada vez más, se tiende a plantear la planificación a dos niveles, el estratégico y el anual, y eso tanto para espacios naturales individuales como para sistemas. El plan estratégico del sistema de parques nacionales de los EE.UU. de 1998 es un referente internacional en este sentido. Tanto los planes estratégicos como los anuales deben estar estrechamente vinculados a la gestión y contar con indicadores de rendimiento (o performance), sobre los cuales basar el seguimiento y la evaluación, tal como se indica más adelante.

Formas de organización y gestión de espacios naturales

Superada la época en la que los sistemas de espacios naturales se gestionaban desde lejanos servicios centrales, la aplicación del principio de subsidiaridad ha llevado a la descentralización de los órganos rectores, donde se integran representantes de los poderes públicos locales, a extender el régimen de autonomía económica y a crear y consolidar equipos de gestores profesionales. Las sedes administrativas de los parques naturales y nacionales y de otros espacios naturales extendidos se sitúan dentro del espacio o en su periferia inmediata, para favorecer la buena relación con la población local y permitir una gestión sobre el terreno, más efectiva y menos burocratizada.

Una vez superada en muchos países la época en la que los espacios protegidos tan sólo contaban con un servicio de vigilancia de tipo policial, hoy en día pueden disponer de equipos con un amplio repertorio de profesionales que atienden los servicios de información, interpretación y educación ambiental, documentación, especialistas en uso público, biólogos y zoólogos, arquitectos paisajistas, administrativos, etc., que suelen contar con el apoyo de equipos de voluntarios.

Finalmente al igual que en otros sectores, en la gestión de los espacios naturales se han implantado en los últimos años procesos de calidad regulados a partir de los estándares internacionales que garantizan y homologan la calidad de los procesos de planificación y gestión, como por ejemplo los de la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Instrumentos fiscales y económicos de los espacios naturales

La creación y la gestión adecuada de los espacios naturales protegidos comporta unos costes económicos muy variables según los casos. Los pequeños espacios privados protegidos, en los que tiene preferencia la protección de la naturaleza y en los que, a menudo, no se da un uso público, pueden ser económicamente autosuficientes, a pesar de que suelen desempeñar tareas de mantenimiento o vigilancia que, por lo general, desempeñan voluntarios.

En cambio, los espacios naturales gestionados por la Administración pública que suelen tener varios usos sociales, acostumbran a ser económicamente deficitarios, incluso en países como los EE.UU., donde son de propiedad pública al 100 %, tienen el acceso controlado, y se cobra entrada y muchos de los servicios que se ofrecen en ellos. La excepción del sistema de parques estatales de New Hampshire confirma la regla.

Para hacer frente a estos costes, se han desarrollado diversas políticas e instrumentos que permiten reducir las contradicciones que presentan muchas políticas públicas y reconocer algunos de los beneficios públicos que generan las propiedades privadas que se encuentran dentro de espacios protegidos. 

Para empezar, se han fomentado medidas para la reducción o eliminación de desincentivos a la conservación directos, como por ejemplo las ayudas a la reforestación con especies exóticas, o indirectos, como por ejemplo los subsidios desproporcionados para el agua agrícola. Estos últimos, explican que en las regiones que sufren un fuerte déficit hídrico aparezcan unos precios del agua artificialmente bajos que inducen a una expansión de los regadíos que amenaza la integridad de las zonas húmedas vinculadas a los puntos de extracción de los recursos hídricos y también a la conservación de los hábitats áridos o esteparios en las zonas que se transforman así.

Simultáneamente se han establecido un conjunto de incentivos a la conservación, de los cuales se dan tres tipos principales:

• Exenciones o deducciones fiscales para un conjunto de acciones estratégicas, tales como las ventas de suelo a entidades conservacionistas, la venta de servidumbres de conservación, el establecimiento de convenios o acuerdos de protección, los donativos en efectivo o en especie a entidades u organismos responsables de conservar espacios naturales, así como la transmisión patrimonial o el valor catastral de las propiedades que se encuentran dentro de espacios naturales protegidos. 
• Subsidios agroecológicos destinados al fomento de prácticas agropecuarias extensivas, a la agricultura o la ganadería ecológicas o al fomento y la recuperación y conservación de razas animales o vegetales autóctonas. En el marco de la Unión Europea, los llamados "fondos agroecológicos" cubren el 50% de los gastos, el resto corre a cargo de los estados miembros. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha establecido un extenso sistema de Áreas Ambientalmente Sensibles (ESA) que refuerza y expande el sistema de espacios naturales protegidos. Sólo en Escocia se protegieron, por esta vía, más de 350.000 ha. de espacios naturales en el período comprendido entre 1987 y 1993.
• Impuestos sobre las principales acciones que estropean espacios naturales (ecotasas), como por ejemplo la compraventa de fincas, la segregación de propiedades rurales para su edificación, o la edificación en paisajes o hábitats amenazados. Esta última línea, iniciada en el estado de Maryland (EE.UU.) en los años setenta y adoptada por muchos otros estados y provincias norteamericanos, se ha aplicado con buenos resultados en ciertos países europeos como Francia a través del Consérvatoire du Litoral et des Rivages lacustres.

Uso público

La tendencia a concentrar cada vez más la población en entornos urbanos o periurbanos, unida a las facilidades de transporte, ha generado una gran demanda social de espacios naturales y un uso público cada vez más intenso de muchos de ellos. Tanto es así, que los impactos producidos por los visitantes de los espacios naturales protegidos se han convertido en un problema delicado en muchos lugares. Con millones de visitantes al año, más de un parque ha sufrido la degradación de algunos de sus parajes más emblemáticos.

La Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales (1999) propone una estrategia clara para afrontar esta situación. Es necesario regular el acceso a los espacios naturales protegidos existentes, y gestionar los flujos de visitantes para evitar que superen la capacidad de carga de los lugares más frágiles. Pero esto no basta, es necesario ofrecer alternativas. Una de las que ha dado mejores resultados es la creación de vías verdes y anillos verdes alrededor de las grandes ciudades y áreas metropolitanas, integradas por conjuntos de parques municipales, comarcales o de otra clase. Estos anillos verdes ponen al alcance de la mayoría de ciudadanos unos espacios naturales resilientes, bien dotados y equipados, que permiten satisfacer la lógica necesidad física y anímica de contacto con la naturaleza, cerca de casa. Así, mientras ayudan a controlar la expansión insostenible de las ciudades difusas, se ahorra en desplazamientos —con sus correspondientes costes económicos y ambientales— y se reduce la presión que reciben los espacios naturales de más valor ecológico, que, por razones diversas, a menudo por sus pequeñas dimensiones, pueden ser frágiles y vulnerables.

Seguimientos y auditorías de espacios naturales

Un espacio natural protegido no es una finalidad en si mismo, por más demanda social que lo avale, sino un instrumento que sirve para conseguir otras finalidades, entre las cuales destacan la conservación del patrimonio natural y el fomento de un cierto uso público, generalmente recreativo o pedagógico. Su adecuación a la realidad social y ecológica a la que debe servir no está garantizada, sino que es necesario demostrarla. Mientras que algunos espacios naturales protegidos han respondido muy bien a las expectativas de su creación, en otros casos no ha sido así, y por factores muy diversos han fracasado, en una u otra medida, en su finalidad.

Para valorar el estado y las tendencias de los espacios naturales protegidos, los países más avanzados utilizan dos herramientas básicas: los planes de seguimiento y las auditorías operativas o de performance. El seguimiento hace referencia a la medida periódica de indicadores previamente seleccionados y permite detectar cambios y tendencias a lo largo   del tiempo a través de indicadores ecológicos, socioeconómicos, de planificación y de gestión. La auditoría operativa, valora los instrumentos, los resultados de la gestión, y los factores externos que inciden en ellos. 

Se tiende a aplicar estos dos instrumentos a dos niveles diferentes; el de los sistemas o redes de espacios naturales protegidos, y el de los espacios naturales protegidos individuales. En el primer caso, interesa especialmente conocer la sostenibilidad del modelo o del sistema y su papel en la conservación de las funciones ecológicas fundamentales, como la biodiversidad. Como muchas de las tendencias dominantes en los países occidentales (crecimiento del consumo, fragmentación del territorio, intensificación agropecuaria, contaminación atmosférica, etc.) comprometen el porvenir de bastantes espacios naturales protegidos la protección legal dista mucho de equivaler a la protección efectiva, que, en definitiva, es la que cuenta.

En el caso de los espacios protegidos individuales, la auditoría operativa se centra en los objetivos particulares de planificación y de gestión, y los valora en términos de eficacia y eficiencia, de las diversas fases de la gestión y de sus resultados, indicando el grado en el que se han alcanzado los objetivos y los costes que esto ha supuesto (económicos o de otra clase). Cuando los problemas de gestión se originan por factores externos a las competencias de los gestores (como la insuficiente coordinación administrativa), también deben identificarlas y deben proponer soluciones a la autoridad correspondiente.

Para que sean realmente efectivos, deben integrarse formalmente tanto el seguimiento como la evaluación en el proceso de planificación y gestión de los espacios naturales. Aunque socialmente tengan otras motivaciones importantes, como promover la transparencia informativa y la participación pública, desde la óptica de los responsables de los espacios naturales ambas herramientas permiten adaptar los planes de gestión y su ejecución en situaciones nuevas y alcanzar así los objetivos propuestos con flexibilidad y eficacia. Esto permite que los gestores de espacios naturales ganen una credibilidad y un apoyo social e institucional que de otro modo difícilmente tendrían.

Evaluación estratégica del impacto ambiental

Para transformar el modelo imperante en otro más sostenible es indispensable que la sociedad pueda conocer el impacto ambiental de las políticas, planes y programas antes de aprobarlos, y que participe en la toma de decisiones. El instrumento que lo permite se llama evaluación estratégica del impacto ambiental. 

El procedimiento de evaluación del impacto ambiental fue concebido inicialmente de forma holística, es decir, como un instrumento aplicable a políticas, normas, programas y planes que pudiesen comportar afecciones graves al medio ambiental. Y así fue como se introdujo la ley de política medioambiental federal norteamericana de 1969 (National Environmental Policy Act). No obstante, cuando dieciséis años más tarde este instrumento se introdujo en la Comunidad Europea, su aplicación estuvo lamentablemente restringida a ciertos tipos de proyectos. Con el paso de los años, diversos países europeos se han dado cuenta de la limitaciones de este planteamiento, en términos de efectividad ambiental, ya que las políticas, los programas y los planes fundamentales, es decir, aquellos que definen el marco de los proyectos y de las decisiones de rango inferior, no suelen integrar los valores ambientales ni garantizar, consecuentemente, un nivel adecuado de protección al medio ambiente. Por todo ello decidieron recuperar la voluntad inicial de este instrumento, y extender la aplicación de la evaluación del impacto ambiental como mínimo a los planes y programas, y en algunos casos, como los países Nórdicos y los Países Bajos, también a las políticas. En todos los casos se ha puesto de manifiesto que es en el ámbito estratégico donde la evaluación del impacto ambiental alcanza la máxima eficacia.

Los planes territoriales, los planes sectoriales de infraestructuras y los planes urbanísticos se cuentan entre los que tienen más capacidad de transformar, y por lo tanto, de afectar negativamente al territorio, los ecosistemas y la calidad de vida de la sociedad que vive en ella. No se trata únicamente de los impactos ambientales directos que pueden causar en los espacios naturales, sino sobre todo de los impactos indirectos y acumulativos, que suelen ser mucho más importantes. El hecho de ignorarlos en los principales planes y programas de un país causa disfunciones ambientales graves, como la degradación o la pérdida de biodiversidad, que no pueden resolverse a niveles inferiores. En efecto, las alternativas reales que sería necesario examinar, para escoger aquella que genera un impacto ambiental menor, por lo general se encuentran por encima del nivel de los proyectos. Cuando llega el momento de evaluar el impacto ambiental de un proyecto que afecta a un espacio natural protegido, por ejemplo una carretera nueva, las medidas correctoras propuestas acaban teniendo, a menudo, un carácter cosmético. Aún así, no son todas las que sería necesario, ni se ejecutan siempre adecuadamente.

Este modo de proceder basado en políticas reactivas contradice los principios del desarrollo sostenible promovidos por la Comisión de las Comunidades Europeas desde su Quinto Programa de Acción (1992), unos principios que se vieron reforzados y profundizados por el Tratado de Ámsterdam (1997), que establece una serie de mecanismos para integrar las políticas ambientales con otras políticas públicas, de entre las cuales destaca la evaluación del impacto ambiental de planes y programas. 

Participación pública

Para impulsar los planteamientos de espacios naturales mencionados, los organismos públicos responsables se ven obligados a ganar, mantener o restablecer su credibilidad. Tal como remarca la Agenda 21, se trata de fomentar la confianza mutua entre las administraciones públicas y les sectores o instituciones más afectados. La participación pública en la toma de decisiones es un medio privilegiado, porque permite conocer valores o preocupaciones, promover el consenso, y también prevenir y reducir la conflictividad, en cierto modo inevitable en la medida en que deben incorporarse puntos de vista muy dispares, a menudo opuestos. 

El público no puede tomar parte si no ha sido previamente informado. La información pública es un requisito indispensable de la participación pública. Esta información incluye las auditorías operativas, y cuando no, existen las memorias de actividades y los planes de seguimiento de los espacios naturales protegidos, así como documentos de mayor alcance como por ejemplo informe sobre el estado del medio ambiente, o sobre la diversidad biológica, que no sólo se publican en versiones técnicas, sino también en versiones divulgativas que se ponen al alcance del público de diferentes maneras, entre ellas los formatos electrónicos. Luego viene la educación, que comporta una profundización superior al de la simple información, ya que incluye los instrumentos legales o de otro tipo que tiene a su alcance el ciudadano. El tercer nivel es la consulta formal, que se da, por ejemplo, a través de los organismos consultivos de carácter representativo, y aquí es donde empieza la participación propiamente dicha. El cuarto nivel es la implicación cívica de la toma de decisiones, que se da por medio de los órganos rectores o de otros procedimientos participativos de las decisiones que afectan más claramente a los espacios naturales protegidos. 

Una de las tendencias más interesantes de participación pública en la gestión de los espacios naturales protegidos es el fomento del trabajo voluntario, en tanto que da salida a la demanda social de intervención directa y altruista y, a la vez, facilita un amplio apoyo público a la gestión conservacionista. Arraigadas desde hace mucho en los países del norte y el centro de Europa, en el ámbito estatal destacan las experiencias de voluntariado es espacios naturales protegidos, espacios litorales y conservación de la biodiversidad que ha promovido la Junta de Andalucía desde 1995.

En definitiva, las nuevas tendencias que se desarrollan en los espacios naturales protegidos en los países que están a la cabeza quieren superar las contradicciones en las que se encuentran inmersos, aplicando los principios de la sostenibilidad, mediante las estrategias y los instrumentos mencionados antes, con el fin de mejorar su eficacia, contribuir a conservar la diversidad biológica y cultural, a la vez que se convierten en instrumentos clave de ordenación territorial y referentes para tender hacia un desarrollo más justo y sostenible. •

Bibliografía

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• WRI, IUCN & UNEP. (1995) National Biodiversity Planning. Guidelines Based on Early Experiences Around the World. Hampden Station (Baltimore): World Resources Institute Publications, 162 p.

Rafael Balada i Llasat
Director del Parque del Delta del Ebro

El autor profundiza en el pasado y el presente del Parque del Delta del Ebro, un espacio natural caracterizado desde siempre por la gran actividad humana que en él se desarrolla. Una historia repleta de obstáculos, sin demasiados recursos, y cierta desconfianza por parte de la población hacia el forastero han llevado, finalmente, a la realidad de un parque que los vecinos sienten y defienden como un valioso patrimonio. A pesar de ello, aún quedan muchos retos para el futuro. 

Los antecedentes

Las figuras de protección de la naturaleza en Europa, en el sentido actual, van a remolque del movimiento proteccionista norteamericano. En este país, durante la segunda mitad del XIX se puso en marcha una gran red de parques nacionales (1), hecho que, a pesar de haber quedado recogido casi exclusivamente en las enciclopedias, ya se había reflejado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), y, tanto a raiz de ello, como de muchos otros factores se convirtió en realidad (Yellowstone 1872).

A principios del siglo XIX se consolida la protección de los espacios naturales: se crea el The National Park Service (EE.UU. 1916), se promulgan los parques de Covadonga y Ordesa (España, 1918)… La Junta de Parques Nacionales, creada en 1917 y convertida en Comisaría de Parques Nacionales (1931), publicó en 1933 (2) una propuesta de espacios que era necesario proteger de la que llamó la atención el hecho de que no estuviese presente ningún espacio ni humedal catalán. Este último aspecto no debería sorprendernos, ya que los humedales habían sido tradicionalmente áreas que debían "sanearse", en las que se incentivaba la desecación y, por lo tanto, su desaparición. Estas acciones tienen un origen antiguo y se basan en una serie de razones cuyo análisis es muy interesante, pero que, sin embargo, se escapan al objetivo del presente artículo.

De modo que los grandes humedales ibéricos reciben una protección mucho más tardía: Doñana (1969), Daimiel (1973)…(3)
En Cataluña, como es de esperar, la planificación y la gestión de la naturaleza no estaban dentro del alcance catalán. El III Congrés Excursionista Català, celebrado en 1914, estudió y propuso a la Mancomunitat de Catalunya un plan de reservas (4) que nunca llegó a aplicarse.

En 1931, la Generalitat de Catalunya encargó un plan de acción territorial (Regional Planning) que, a pesar de no llegar a ser más que un anteproyecto, tuvo bastante trascendencia para el futuro. De este plan, igual que la propuesta española, sorprendió el hecho de que no otorgase ningun tipo de protección al delta del Ebro, siguiendo la norma de considerar estas áreas desde un punto de vista muy distinto al de los proteccionistas.

En 1937, el Consejo Municipal de Amposta municipaliza las balsas de L’Encanyissada y La Tancada, y les da carácter público. 
Otros parajes del Delta norte, Canal Vell y les Olles, y del Delta sur, las salinas de la Tancada (1937) (5),  perdieron este carácter público por impugnación de la propiedad. 

Más adelante, el gobierno central aprovechó este hecho, y, a través de un acuerdo con una sociedad de cazadores integrada básicamente por personajes relevantes de Barcelona, que habían construido la Casa de Fusta en L’Encanyissada y que practiban la caza, mantuvo definitivamente el carácter público.

La década 1975 -1985 fue una de las más complicadas en el delta del Ebro. A principios de los 70 el arroz había dejado de ser rentable y se adoptó un cultivo extensivo mediante el sistema "combinado". La expansión turística litoral y la crisis agraria propiciaron dos actuaciones: Riumar en el Delta norte y Eucaliptus en el Delta sur. A principios de los 80 el cultivo del arroz supera la crisis, el turismo se estanca en la zona y si fijan objetivos nuevos: la ampliación del cultivo mediante la desecación de balsas y la implantación de nuevas zonas urbanizables a costa de los sistemas litorales, a menudo públicos o de dudosa propiedad privada.

En España, tras la muerte del general Francisco Franco (1975), se inicia un intento de homologación con el resto de países occidentales. Durante el periodo 1975 -1980 España se vio inmersa en cambios acelerados e importantes que impiden una actuación decidida de la Administración pública.

En 1977 se nombra presidente de Cataluña a Josep Terradellas, en 1979 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1980 se celebran las primeras elecciones al Parlamento. 

Con un gobierno central inmerso en problemas, un gobierno catalán provisional, y más ilusión que experiencia, la sociedad civil presionó para llevar a cabo toda una modernización y planificación que no existía. Fruto de este espíritu aparece la publicación Natura, ús o abús? [Naturaleza ¿uso o abuso?] que se convertirá en la base de la futura planificación territorial, en lo que se refiere a la conservación de la naturaleza en Cataluña (6).

En 1976 se presenta un proyecto para urbanizar La Punta de la Banya con más de 100.000 turistas; el proyecto de saneamiento del Delta (1970) pierde impulso, y las fuerzas políticas de izquierda exigen una planificación y se oponen a actuaciones como las de La Punta de la Banya y parecidas (Fangar).

El 30 de abril de 1977 se presenta en Amposta el trabajo interdisciplinar de la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) Els sistemes naturals del delta de l’Ebre (7) [Los sistemas naturales del delta del Ebro]. 

La Generalitat catalana provisional, mediante el Concejal de Política Territorial y Obras Públicas, Narcís Serra, presiona al gobierno central para que actúe en La Punta de la Banya y propone la creación de un refugio de caza (1978).

El Ayuntamiento de Amposta, desde las primeras elecciones municipales (1979) abordó el tema del medio natural del Delta que le correspondía y el 30 de octubre de 1979 aprobó, por acuerdo plenario, presentar un plan de protección para las balsas de L’Encanyissada y La Tancada que contemplaba convertirlas en un parque natural administrado por el Ayuntamiento (8), tal como preveía la recientemente aprobada Ley 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos, a pesar de que la mayor parte de la superfície afectada pertenecía al Estado y era necesario negociar su administración compartida o delegada.

A parte de temas puntuales como los descritos en La Punta de la Banya, la Generalitat catalana provisional había iniciado contactos urgentes con los ayuntamientos (1978) para salvaguardar las zonas más valiosas y en peligro de una desaparición inminente. Estas áreas contrastaban con las de anteriores actuaciones por el peso que tenían los humedales.

En todas partes, el agua se convierte en un bien escaso  y las zonas litorales de la Mediterránea adquieren un gran valor turístico, lo cual comporta la desaparición de los humedales litorales. En el ámbito legislativo la reacción es espectacular, y coincide con un aumento de la conciencia proteccionista y la consolidación de la sociedad urbana: el proyecto MAR con una lista de 200 humedales europeos y del norte de África (1965) en el que aparecen cuatro zonas de categoria A en España: Daimiel, Doñana, la Albufera de Valencia y el delta del Ebro.

A raíz del proyecto MAR se reúne en Ramsar (Irán) una convención internacional que establece las bases aplicables a los humedales de importancia internacional, especialmente en cuanto hábitat de aves acuáticas (1975). En 1982 se adhiere el Estado español. La propia Unión Europea publica la Directiva sobre las aves (1979) en la que tiene un gran peso la ornitología de los humedales, pero que recoge una visión poco equilibrada de la problemática conservacionista europea y que no se ha corregido hasta hace poco con la Directiva sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres (1992). También en el ámbito internacional surgen una serie de convenios que refuerzan la protección, directa o indirectamente, en estas zonas: Washington (1973), Berna (1979) y Bonn (1979).

Ante esta situación internacional, la propuesta parcial del Ayuntamiento de Amposta respecto a la protección del Delta no recibe la aceptación de la Generalitat. Teniendo presente que la protección general consensuada fracasa, la propuesta de Amposta podía suponer un revulsivo y no se aprovechó la oportunidad, probablemente para no tener que asumir posibles riesgos añadidos a una operación ya delicada de por sí.

Sin embargo, el hecho es que la creación del parque natural del delta del Ebro tiene lugar mediante una estrategia parcial similar. 

La creación del parque natural

El gobierno catalán, que con las elecciones al Parlamento del mes de marzo de 1980 dejó de ser provisional, impulsa decididamente la creación de espacios protegidos: Pedraforca (1982), Cadí-Moixeró (1983), Zona Volcánica de la Garrotxa (1982) y Els Aiguamolls de l’Empordà (1983).

En el caso del delta del Ebro, les negociaciones con la Generalitat para la declaración del parque natural están cerradas desde 1980. El Ayuntamiento de Amposta toma la iniciativa y exige una solución, y las grandes propiedades, cuando observaron la buena situación del arroz, intentar poner a producir el máximo de superficie de sus fincas transformando las zonas naturales (yermos). Tras el fracaso de los proyectos para urbanizar La Punta de la Banya y El Fangar, y ante la nueva estructura política, los movimientos ecologistas y universitarios están inactivos.

En el marco de estas transformaciones, se construye un canal de circunvalación en la balsa del Canal Vell que aisla la superfície de agua del cañaveral que le rodea. Este canal permite regular los niveles de agua de la zona cultivada sin afectar a la balsa y se construye de modo que queda libre la conexión con la bahía del Fangar, sin hipotecar su riqueza piscícola. La Societat de Pescadors de Sant Pere ve con buenos ojos las actuaciones, pero el Ayuntamiento de Deltebre, dirigido por independientes en mayoría absoluta, se opone a ellas por diversos motivos y se inician una serie de manifestaciones y contactos, incluso con la Generalitat de Catalunya con el fin de que se paralicen las obras de transformación en arrozales en la periferia. El gobierno catalán, que veía cómo se les escapaba de las manos la protección de los espacios naturales del delta del Ebro, propone como solución declarar parque natural a la zona afectada. Las conversaciones fueron muy rápidas, el movimiento se inicia a principios de 1983 y, en verano de ese mismo año, se publica el decreto de creación del Parque Natural del Ebro. En la práctica, a la zona del Canal Vell, se ha añadido la balsa de Les Olles —en el término municipal de El Perelló— y la isla de Buda —en el término municipal de Sant Jaume d’Enveja. Buena parte del término municipal de Deltebre queda incluido en el Parque.

1983 no era un buen año para crear un parque natural en el Delta: la transformación había llegado a su punto máximo, los canales de riego estaban a punto de colapsarse, el proyecto de saneamiento había fracasado. En Sant Jaume d’Enveja, se habían celebrado asambleas multitudinarias en su contra; los sectores implicados en las desecaciones utilizaban la declaración de parque natural para captar las simpatías de la gente a quienes se "hipotecaba" el futuro. A favor, se contaba con que L’Ampolla no tenía ayuntamiento propio, que El Perelló lo respaldaba y que en Sant Jaume únicamente se afectaba a la isla de Buda, una propiedad privada con escasa relación con la población a quién, en cierto sentido, no le molestaba que pudiese "perjudicar" a los propietarios. Ante una situación tan grave era necesario tomar la iniciativa, aún más teniendo en cuenta que el decreto había sido recurrido, no únicamente por los grandes propietarios, sino también por el propio gobierno central. Cabe recordar que esto sucedía durante la etapa UCD, etapa de transferencias y susceptibilidades generalizadas por el cambio de estructuras del Estado. Por una parte, esta iniciativa podía venir determinada por la voluntad de realizar inversiones que permitiesen mostrar que el modelo de protección que se quería era compatible con el desarrollo, creando infraestructuras… Esta puerta se cerró antes de abrirse. No se transferían recursos y el endeudamiento del gobierno catalán se había disparado. Por otra parte, la acción decididamente proteccionista por salvar Els Aiguamolls de l’Empordà, unos terrenos declarados urbanizables, había hipotecado las acciones de envergadura a medio plazo. 

La gente del Delta tiene un enraizado sentido de la cooperación y arrastra una tradición histórica de aislamiento y marginación, sus estructuras sociales se han establecido muy recientemente, y están en pleno proceso de tansformación y consolidación (9). La presencia de la Administración Pública en el Delta, incluso en el ámbito local, ha sido prácticamente nula y se desconfía de los extraños porque tradicionalmente, pese a la poca riqueza existente, se han llevado más de lo que han dejado. Si a esta situación de desconfianza le añadimos que la presencia de la Administración tenía el objetivo de crear y administrar un parque natural, en un país en que las actividades primarias (agricultura, caza, pesca…) eran la ocupación de prácticamente todos, el resultado previsible no podía ser muy esperanzador, especialmente si no se disponía de recursos para demostrar cuál era el camino que se quería seguir.

Desde el Parque se fue consolidando un personal laboral constituido casi completamente por gente del lugar, con un gran espectro de ideas, aunque con la ilusión de salvaguardar y mejorar los sistemas naturales. 

Se diseñó un programa de uso y gestión que permitía planificar, racionalizar y clarificar los espacios y que se tradujo en un aumento de la riqueza biológica del Parque. Después de tener garantizada la conservación de los espacios naturales, a través del programa y la redistribución del personal de vigilancia, se procedió a emprender una difusión del Delta en el ámbito catalán e internacional. El delta del Ebro, cuyo aislamiento social era resultado de la falta de comunicaciones  e infraestructuras, era una zona prácticamente desconocida hasta para los mismos catalanes. La campaña fue espectacular, más aún por el hecho de que los propios habitantes del Delta no entendía qué era lo que venía a ver tanta gente de fuera. Los habitantes del Delta, acostumbrados a vivir en aquel mundo no entendían que aquel microcosmos fuese insólito, absolutamente diferente al resto del país: un gran río en un país de barrancos, un entorno llano y sin piedras enmedio de un país montañoso y rocoso, un centenar de quilómetros de playas vírgenes donde la costa es una corteza de hormigón.

A pesar de la falta de recursos, entre 1983 -1986 se practicó el modelo de parque natural que de deseaba y, a partir de entonces ya no se hablaría más de supósitos de acción, sino de realidades. La gente del Delta había aprendido a desconfiar de la palabras, y ahora tenía realidades. Por otra parte, el hecho de tener unas oficinas administrativas les permitía mantener contactos y pactar la ampliación del Parque al resto del Delta, y hacerlo mediante contactos multilaterales y multisectoriales, preparar su futuro sin prisas, con la serenidad y la voluntad de recoger todos los problemas y puntos de vista para acogerlos y tratar de que en el futuro se dispusiera de instrumentos adecuados para solucionarlos.

En 1986, los tribunales anularon, por defectos de forma, el decreto de creación del Parque. Al mismo tiempo, fruto de las negociaciones, que habían llegado a contar con los sectores que habían impugnado el Parque en 1983, se celebró una asamblea en el salón de plenos del Ayuntamiento de Amposta entre representantes de la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos y los representantes socioeconomicos del Delta, y se pactó la ampliación del Parque al hemidelta derecho: delimitación del espacio, redacción del decreto… El resultado fue la publicación del Decreto 332/1986 de 23 de octubre (DOGC 17/12/86) de recreación del Parque: lo que parecía la muerte del espacio protegido había sido una metamorfosis que le había permitido desprenderse de los antiguos vestidos, el surgimiento de un Parque nuevo que incluía prácticamente todas las zonas naturales del Delta sin que casi nadie lo impugnase. Se acercaba una etapa difícil: administrar el Parque, mereciendo la confianza y la responsabilidad que se le había dado y alcanzar el objetivo de velar por la riqueza biológica de los espacios que lo integraban, compatibilizándolo con las actividades tradicionales que se desarrollaban en el Delta.

El desarrollo del parque natural

Gran parte de los parques naturales de Cataluña nacieron durante la primera legislatura del gobierno de la Generalitat, surgida tras las primeras elecciones al Parlamento de 1980. Este hecho indica, por un lado, el interés del gobierno catalán por preservar su territorio, ya que anteriormente en Cataluña sólo existían el Parque Nacional de Aigüestortes, el Estany de Sant Maurici creado accidentalmente en 1955 y el anillo de parques periurbanos de la Diputación de Barcelona, nacidos con una clara vocación proteccionista, aunque en un marco de planificación urbanística; y, por el otro, que las vicisitudes y el aprendizaje sobre los espacios protegidos serían paralelos a los de nuestro gobierno.

A pesar de que el ICHN 6  había previsto tres parques nacionales en Cataluña, el que ya existía en el Pirineo, otro en el Massís dels Ports y otro en el delta del Ebro, esta figura no se adecuaba demasiado a la realidad de una naturaleza fuertemente condicionada a la actividad humana. Así, la fórmula del parque natural resultaba la más apropiada, sin que ello significase rebajar el grado de protección de los espacios más vulnerables o valiosos.

En el proceso de creación del Parque, la iniciativa estuvo en manos de la Dirección General de Política Territorial del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP), aunque la gestión fue compartida con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP). La anulación del decreto de creación del Parque (1986) y la iniciativa negociadora del DARP en su ampliación al hemidelta derecho invirtieron la situación inicial, y, con el nuevo decreto (1986), vigente hasta el día de hoy, la iniciativa correspondió al DARP hasta 1999. El DPTOP se concentró en los espacios que administraba que, básicamente, se reducían al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Durante estos años se dió una increible disparidad de criterios y recursos en la gestión de espacios protegidos dependiendo del departamento que los administrase: mientras que el Parque de la Garrotxa tenía unas condiciones materiales y humanas, equiparables a las de los parques europeos, los parques del DARP tenían unos recursos muy bajos, que, por otro lado, estaban en consonancia con el conjunto del Departamento. Por el contario, las competencias de gestión correspondían al DARP y se daba la paradoja de que las zonas con graves y complejos problemas de gestión, como el Delta, tenían unos recursos muy escasos, pero una gran capacidad de gestión. Estos desequilibrios propiciaron la iniciativa, propuesta por la administración del propio Parque y con la aprobación del DARP, de que el DPTOP, parcialmente integrado en el nuevo Departamento de Medio Ambiente (DMA), adquiriese la mitad de la isla de Buda y la gestionase directamente, complicando aún más la gestión de un espacio ya bastante  complejo. Afortunadamente, en 1999 se unificaron las competencias de ambos departamentos dentro de la Dirección General del Patrimonio Natural y del Medio Físico (DGPNMF) del Departamento de Medio Ambiente, lo cual, y muy especialmente en el delta del Ebro, ha simplificado y racionalizado la gestión, al tiempo que mejorado los recursos.

La evolución del ajuste del Parque, durante los quince años que estuvo en el DARP, siguió una línea estable en lo que refiere a los cuadros técnicoadministrativos, pero la estructura departamental sufrió muchos cambios: Dirección General del Medio Rural, DG Patrimonio Forestal, DG del Medio Natural, pero más que la denominación, los cambios afectaron a los directores generales que había al frente, básicamente: en la vertiente tecnicoadministrativa (Martín Arnaiz), prevención y solución de puntos conflictivos (R. Graupera), eficiencia (J. Santacana), autofinanciación (J. Peix), responsabilidad (A. Solé)…
En el DARP, el auténtico drama de esta etapa del Parque fue la escasez de recursos para alcanzar los objetivos y lo que, en justicia, se esperaba del Parque. Las opciones de esponsorización o de tender a la autofinanciación no fueron la solución, ya que habrían acabado conduciendo a la Administración pública a una situación caótica y opuesta a su esencia y razón de ser. En esta situación, fue provindencial la ayuda que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Diputación de Tarragona ofreció al Parque, y que permitió la realización de importantes objetivos: redefinir los límites del espacio con la adquisición de fincas, completar infraestructuras… Debe tenerse en cuenta que esta línea nunca fue cuestionada por ninguno de los Presidentes de la Diputación ni de la Comisión,  independientmente de su adscripción política. Ya se ha comentado anteriormente que la gran oleada de creación de parques en Cataluña coincide con la consolidación de su autogobierno y el refuerzo legislativo internacional de la líneas conservacionistas. En este mismo sentido, la Generalitat aprobó el Plan de Espacios de Interés Natural (DOGC 1714, del 1 de marzo de 1993) en que se incluía el 20% del territorio de Cataluña; al delta del Ebro, además del Parque se añadieron 3.000 ha. Las áreas protegidas del Delta pasaron del 25 al 35%. Este hecho fue considerado por muchos como un incumplimiento del pacto de creación de parque natural y fue impugando por diversas entidades. Con todo, la línea del Parque es la que se ha utilizado para definir los límites de los terrenos incluidos en el Convenio de Ramsar y la Directiva de protección de las aves (DOCE 103, de 25 de abril de 1979). Por el contrario, los límites propuestos para la nueva Directiva hábitats (DOCE 1206, de 22 de julio de 1992) ha sido la línea del PEIN. Este hecho y el que no se haya consultado a los ayuntamientos ha creado nuevos recelos y malestar. Creemos que sería necesario seguir una misma línea objetiva y consensuada a todos los niveles. Hacer lo contrario puede acabar resultando caótico para la propia Administración pública y crear un malestar innecesario. La Unión Europea (UE), bajo la presión de los grupos conservacionistas que desean que todo el Delta esté protegido, pretende ampliar las áreas protegidas, debido a la falta de coordinación de superfícies propuestas por la Administración catalana. Ampliación que, teniendo en cuenta que los instrumentos de control urbanístico, fitosanitarios… ya existen, en estos momentos sólo comportaría complicaciones y ningún beneficio.

Una línea mucho más interesante han sido las medidas agroambientales cofinanzadas por la UE, el gobierno central y el catalán, que permiten potenciar las líneas de conservación ayudando y colaborando con los campesinos.

Un aspecto importante de la gestión del Parque ha sido el establecimiento de una delimitación funcional del mismo, que, en muchos casos, el decreto de 1986 establecía de manera poco clara o adecuada. Esta redefinición se contemplará oficialmente en el futuro. Es muy importante tener presente que, por sus características físicas e históricas, los espacios litorales del Delta presentaban graves problemas para descubrir su propiedad y estado. Este conflicto se daba entre propietarios particulares, entre estos y la Administración pública, e internos a la Administración. La Ley de costas y el propio Parque han contribudido a clarificar la situación, después de numerosísimos conflictos, algunos de los cuales aún no se han resuelto definitivamente, pero que es imprescindible solucionar, para poder llevar una gestión adecuada. Esto nos lleva a otro tema importante: un parque natural situado en buena parte en la zona de dominio público marítimoterrestre, adscrito a la Dirección General de Costas del gobierno central, lo cual supone un elevado grado de coordinación para hacer posible una gestión correcta. Esta coordinación ha existido siempre y puede calificarse de modélica, hasta el punto de que ha permitido y permite resolver muchos problemas mutuos sin el más mínimo afán de protagonismo o marginación por parte de cualquiera de las dos administraciones.

Otros aspectos importantes son la planificación general del Delta y la mejora de la protección y la gestión de las zonas naturales. En lo que se refiere a la planificación general, se ha confeccionado el plan director del delta del Ebro, del cual, por el momento, se aplica la vertiente restrictiva, y es de esperar que también se haga con la realización de las previsiones de infraestructuras planificadas.

En lo que se refiere a la protección y conservación de los espacios incluidos en el Parque, se han declarado reservas y refugios de fauna salvaje (Fangar, Canal Vell, Garxal, isla de Buda, la Tancada) que se han sumado a los ya existentes (Punta de la Banya e isla de Sapinya). Otras veces, aún incorprándose a reservas y áreas de caza controladas, actúan como zonas de refugio de la propia zona cinegética (Zona XII). Precisamente, para las actividades cinegéticas, además de tener una planificación territorial que nunca había existido, y de haberse creado una red de refugios en los que no se puede cazar, que incluye más de la mitad del Parque, se ha establecido un sistema de cotos que ha contribuido a la recuperación de diversas especies.

En lo referente a la planificación territorial, el Parque ha llevado a cabo una importante labor gestionando sus sistemas naturales. El problema más grave planteado ha sido la degradación de L’Encanyissada, la balsa más grande de Cataluña con unas 1.200 ha, en la que habían desaparecido la vegetación acuática y los animales asociados. La colaboración con la Comunidad de Regantes y los cazadores propició una serie de actuaciones que han supuesto una de las regeneraciones ambientales más importantes que se ha realizado en Europa durante las últimas décadas. Las fochas, por ejemplo, que hacía 20 años que habían desaparecido de la zona han llegado a los 30.000 ejemplares (invierno 1999/2000), prácticamente 10 veces las existentes en todo el Delta cuando se creó el Parque; o la capacidad de acogida de decenas de miles de patos que vienen a partir de agosto huyendo de la desecación de sus hábitats en Doñana y Daimiel. En el caso del Canal Vell, la gestión hidrológica ha sido responsabiliad tradicionalmente de la Comunidad de Regantes y la Sociedad de Cazadores de Sant Miquel, siempre con buenos resultados.

En la actualidad, los problemas se centran en pequeñas balsas como la de Les Olles, cuyos problemas tienen una solución técnica fácil, aunque costosa (dragado y traslado de la estación de bombeo).

A menudo, cuando pensamos en la administración de un parque natural vemos, casi exclusivamente la labor de los técnicos y científicos relacionados con la naturaleza; sin embargo, el aparato administrativo es la base sobre la que se desarrolla esta actividad que, a su vez, parte de las esperanzas que como ciudadanos tenemos puestos en la Administración. Otra función básica, compleja y delicada es el servicio de vigilancia. El Servicio de Agentes Rurales ha destinado una patrulla al Parque que ha resultado ser fundamental para alcanzar los objetivos establecidos por el decreto de creación del Parque. A parte de los agentes rurales integrados a los servicios del Parque, a pesar de que están adscritos a diferentes servicios, están los guardas de reservas de fauna que dependen del Servicio de Protección y Gestión de la Fauna, algunos procedentes de los anteriores servicios cinegéticos del Estado, anteriores a la propia Generalitat, otros, más jóvenes, tienen responsabilidades tan importantes como el control de la Punta de la Banya.

Temporalmente se contratan vigilantes para salvaguardar las áreas más importantes durante la nidificación, y, puntualmente, los voluntarios desempeñan tareas complementarias. En nuestro caso, no se podía pedir ni más abnegación ni responsabilidad y, esta actitud hace que hasta a los guardas que ya no están en el Parque los recordemos con afecto y alta consideración humana y profesional. 

Por las características del espacio, se han potenciado las infraestructuras para tareas ornitológicas (Centro de Recuperación de Fauna Salvaje del Canal Vell) e ictiológicas (Centro Piscícola del Poblenou del Delta) que dan apoyo a los trabajos de recuperación de diferentes especies, a menudo endémicas y en peligro de extinción. Estas infraestructuras acogen a estudiantes de todas partes de Europa, especialmente biólogos y veterianarios, que adquieren conocimientos prácticos de gestión y contribuyen al buen funcionamiento de los centros.

El Parque ha supuesto la base para la creación de un grupo de voluntarios, dos cooperativas de servicios de educación e información ambiental, una escuela taller; se han editado diversas monografías de la zona, de pájaros, de peces, de árboles, de vegetación acuática; dos revistas, una trimestral con información sobre actividades y otra sin periodicidad fija de carácter científico; además de mucho material divulgativo y pedagógico, y un centro de documentación que recoge la diversidad de estudios y publicaciones naturalísticos, especialmente del Delta.

En lo que se refiere a las infraestructuras, se ha construido un carril bici que atraviesa el Delta sur siguiendo las balsas de L’Encanyissada y La Tancada, doce observatorios, itinerarios naturalísticos, dos grandes centros de información, el Ecomuseu, un centro de educación ambiental, la Casa de Fusta y se ha instalado una exposición monográfica sobre las balsas y otra sobre el Delta en el Ecomuseu, donde también hay una exposición ictiológica de las especies del Delta, e infraestructuras operativas: garajes, almacenes, casas para los guardas y el personal de investigación.

Perspectivas

• Es necesario terminar los trabajos hidrológicos de regeneración de muchos hábitats (Encanyissada, Tancada, Les Olles…).
• Es necesario mejorar la situación de algunas especies que no se ha conseguido hasta ahora (avetoro, reproducción de la arpella…).
• Es necesario seguir aclarando la propiedad de algunas zonas del Parque y adquirirlas o llegar a acuerdos satisfactorios, como en el caso del Canal Vell (salinas de la Trinitat, Ullals de l’Arispe…).
• Es necesario resolver temas de áreas no comprendidas en el Parque, pero que no pueden olvidarse, y, en este caso, dejar la responsabilidad en manos de ONG, a pesar de que aunque a menudo terminan con los conflictos, no suele resolver los problemas fundamentales de conservación, incluso pueden llegar a quedar peor ("Niño Perdido", Ullals de Panxa y Carrova…).
• Es necesario encontrar una solución al problema de la regresión del Delta y moderar el gasto inacabable de estudios que parecen mostrar más una incapacidad de decisión que deseo de conocimiento.
• Habría que establecer una red de carriles bici que permitiese recorrer el Delta sin riesgos, como pasa actualmente.
• Habría que diseñar un plan de eliminación de la red eléctrica en el interior de los espacios naturales, como se ha hecho en la zona pública de la isla de Buda.
• Es necesario regular la navegación fluvial por el Ebro (velocidades, áreas y distancias de seguridad de las zonas protegidas…).
• Es necesario complementar las áreas de circulación de bicicletas y las infraestructuras públicas del Parque (miradores, centros de información…) con áreas de descanso y ocio distribuidas estratégicamente.
• Es necesario continuar en la línea de medidas agroambientales, ampliarlas a nuevas actividades agrarias y a nuevos sectores (pesqueros y marisqueros…).

Existen muchos más temas, algunos de los cuales no se han expuesto porque están en vías de resolución, pero en cualquier caso, las soluciones resultan ser a menudo interdepartamentales y éstas son, precisamente, las más difíciles de encontrar. 

Como dice la mítica publicación de la Institución Catalana de Historia Natural (6), en las dos ediciones publicadas: "Ninguna de las zonas específicamente tratadas en esta obra (se refiere al área de Els Països Catalans) presenta una tan notable acumulación de motivos de interés y controversia como el delta del Ebro". A pesar de ello, los sistemas naturales del Delta tienen una protección consolidada que sus habitantes han asumido como una tarea propia. Hoy, es cierto que en Europa el tiempo va a favor de esta protección, las actividades primarias de producción cada días están más ligadas a la conservación y esto permite no sólo la supervivencia del medio rural, sino también la del medio natural, llegando al punto de reencuentro y complementariedad, que nunca se ha perdido en el Delta. La existencia del espacio protegido ha propiciado el refuerzo de una actividad de ocio que complementa y diversifica la actividad socioeconómica tradicional; sin embargo, hay que hacerlo bien. Si el Delta ha de ser lo que es, una gran área natural, tiene que serlo en el marco y las carácterísticas europeas, no  vale poner restricciones sin ofrecer alternativas ni hablar de futuro sin resolver el presente. Es inadmisible que no se pueda pasear con bicicleta por el Delta, o que la líneas eléctricas escolten a todas las zonas e infraestructuras naturales, o que las carreteras por las que circulan millones de visitantes estén a cargo de los campesinos, igual que durante el siglo pasado cuando éstos eran los únicos que las utilizaban y construían… En cualquier caso, los retos, en nuestro país, siempre han sido un estímulo y, si miramos atrás, veremos que el camino recorrido es largo y el futuro claro. Si se ha llegado hasta aquí en unas condiciones tan precarias, el futuro esperanzador, que ya ha empezado, nos permite ser muy optimistas con respecto al patrimonio humano y natural que alberga el delta del Ebro. •
 

Referencias

1 F. TILDEN, 1978. The National Parks. 6ª edición. A. Knopf. New York.
2 E. HERNANDEZ-PACHECO, 1933. La Comisaria de  Parques Nacionales y la Protección a la Naturaleza en España. Ministerio de Agricultura. Madrid.
3 BOE, 1986. "Espacios Naturales Protegidos". Madrid.
4 F. GURRI SERRA, 1997. Parcs Naturals de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
5  R. LÓPEZ PERALES, 1975. Historia de Amposta.  Ajuntament d’Amposta.
6 R. FOLCH i GUILLEN i alt., 1976. Natura, ús o abús?. ICHN.
7 AAVV, 1977. Els sistemes naturals del delta de l’Ebre. ICHN. Barcelona.
8 AJUNTAMENT D’AMPOSTA, 1979. Butlletí d’informació local núm. 150. Amposta.
9 R. MARTÍ COMES, 1989. El delta de l’Ebre. Terra Nostra. Barcelona.

Los espacios naturales protegidos son ámbitos muy apropiados para la investigación de muy diversos tipos y sobre materias muy diversas. De hecho, incluso son indispensables en ciertos campos de la ciencia. Esto explica que, en algunos casos, la protección tenga como única finalidad la investigación y que muchas universidades y centros de investigación del mundo tengan o actúen en espacios que se han protegido precisamente con la finalidad de garantizar que los investigadores no vean perturbada su labor. En estos casos, se acostumbra a emplear denominaciones como Estaciones Experimentales de Campo o similares. Las estaciones experimentales permiten no sólo evitar intromisiones o perturbaciones no deseadas en los experimentos, sino también mantener, con más garantías, seguimientos a largo plazo que son cruciales en muchos tipos de estudios, por ejemplo, en el momento de detectar cambios ligados a procesos de carácter global o regional.

Las Estaciones Experimentales de Campo han sido muy importantes en el desarrollo de las ciencias agrarias, la hidrología, la ecología, la zoología, la botánica, etc. Recordemos nombres famosos como los de Rothamsted, Lancaster o Monx Wood en Inglaterra, Hubbard Brook, Coweeta, Jasper Ridge o Barrow Point en los Estados Unidos, Solling en Alemania, Los Llanos en Venezuela, Los Tuxtlas en México, Doñana en España y un largo etcétera. Pueden ser áreas relativamente pequeñas o más grandes, incluidas o no en espacios con diversas figuras específicas de protección.

Las Reservas Biológicas, en cambio, son espacios naturales protegidos inicialmente por sus valores naturales extraordinarios, pero en los que, precisamente a causa de estos valores extraordinarios, se permiten únicamente actividades de carácter científico, y, aunque no haya sido la investigación la motivación primera de la protección, en muchos casos también se han instalado en ellos estaciones experimentales vecinas.

Entre nosotros también contamos con equipamientos específicos para la investigación de campo. Algunos ejemplos son la Fundación Mas Badia o las diversas Estaciones Experimentales del IRTA en relación con las ciencias agrarias, La Castanya, en el Montseny, y la zona experimental de la Sierra de Prades, en relación con el estudio ecológico e hidrológico del bosque mediterráneo, o la estación de ecología de alta montaña de Vielha, más centrada en la limnología. Sin embargo, no podemos olvidar que también algunos espacios con un menor grado o nulo de protección, y no demasiado equipados con instalaciones más o menos fijas, han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de nuestra investigación, como es el caso del lago de Banyoles, y otros han aprovechado datos de instalaciones utilitarias, completándolas con información de investigación, como es el caso del embalse de Sau, también en el campo de la limnología. Lo que da importancia a estos lugares es la continuidad y la concentración de esfuerzos de investigación de campo.

En el ámbito internacional algunas de las áreas naturales en las que hay estaciones experimentales y en las que se concentran muchos esfuerzos y recursos de investigación se convierten en verdaderos centros de referencia y, a veces, se integran en redes de observación de procesos de escala regional o global, favoreciendo así el intercambio y la cooperación. Hace unos años, se quiso poner de moda (sin éxito, y creo que es una lástima), la expresión Observatorios de la Biosfera: y digo que es una lástima porque precisamos de este tipo de equipamientos. Nos hacen falta estaciones de investigación naturalista que reciban la consideración de grandes equipamientos científicos, que tengan planes de actuación que permitan los estudios a medio y largo plazo, que dispongan de capacidad para albergar a científicos visitantes, que tengan personal técnico auxiliar y que, además de la investigación propia, participen activamente en investigaciones pluridisciplinares internacionales. Éste es el concepto. Y lo que hasta ahora hemos tenido en Cataluña, debemos admitir que no son más que pálidos esbozos, demasiado inseguros y voluntaristas.

No obstante, en este escrito querríamos hablar, sobre todo, de la investigación que se hace en los espacios protegidos en los que justamente no es esta la única actividad posible. La orientación que toma entonces la investigación tiene una relación importante con la conservación y con las ideas que sobre este tema dominan en la sociedad.

Cambios en la manera de ver la conservación

Entre los argumentos que suelen acompañar cualquier declaración de un espacio natural como zona protegida, siempre está el interés científico. El objetivo básico de la declaración es aún, muy a menudo, conservar especies, ecosistemas, paisajes u otros valores naturales, sea porque se les considera poco frecuentes o en peligro, o sencillamente porque son representativos de las condiciones naturales de un territorio más extenso. El interés científico y el educativo suelen ser justificaciones acompañantes. Se entiende que, si un hábitat se conserva bien, los científicos tendrán oportunidades de comprender el funcionamiento de los sistemas, sean naturales o el hombre haya intervenido en ellos en mayor o menor grado. A veces, las entidades administradoras de espacios protegidos han impulsado económicamente la investigación, en parte como una manera de justificar la propia intervención proteccionista, en parte para adquirir conocimientos necesarios para la gestión que ellas mismas deben realizar sobre estos espacios, o simplemente para satisfacer las propuestas de los investigadores. No obstante, este planteamiento tradicional empieza a experimentar un “aggiornamento”, una puesta al día, que se relaciona con la evolución del pensamiento en materia de conservación.

En los últimos años, efectivamente, el conservacionismo evoluciona desde una posición inicial que podríamos considerar romántica, basada en la apreciación cultural de unos determinados valores por parte de unas minorías, hacia otras formas de ver esta cuestión. En este punto me gustaría considerar algunas ventajas e inconvenientes de esta evolución. En primer lugar, sin embargo, veamos en qué consiste. A mi entender es una evolución que sigue tres ejes básicos.

El primer eje resulta de la comprensión creciente de los servicios que los sistemas naturales prestan, gratuitamente, a la humanidad. Aquí interviene, por lo tanto, un componente de interés social. Los sistemas naturales desempeñan una serie de tareas, como por ejemplo, el suministro de aire respirable, el agua potable, la regulación hidrológica, la autodepuración de las aguas, la retención o la dispersión hasta niveles no peligrosos de ciertos contaminantes, etc. que, si las hubiéramos de sustituir artificialmente, nos supondrían unos costes enormes (o, simplemente, no podríamos realizar esta sustitución). Así, se impuso la idea de que es necesario conservar los sistemas naturales, no por razones románticas, sino, al menos hasta cierto punto, por interés social.

El segundo eje aparece cuando se descubre que la protección del medio natural se ha convertido, en muchos casos, en un estímulo para el desarrollo económico, sobre todo porque genera una atracción turística, un cierto tipo de comercio y un plus de calidad para ciertos productos. Esto tampoco tiene nada de romántico. La conservación en muchos países se está convirtiendo en un instrumento económico al servicio del desarrollo. En los países desarrollados hace ya tiempo que se conocen las ventajas económicas de la conservación.

El tercer eje se diferencia por completo de los primeros y, a pesar de que se le puede relacionar con la visión romántica tradicional, está adquiriendo otra clase de consistencia ideológica. En el pensamiento conservacionista se abre paso, en efecto, la idea de que es indispensable que, junto con criterios racionales como los mencionados hasta ahora, haya un reforzamiento de los valores desde el punto de vista ético: la idea de que no tenemos derecho a hacer lo que nos plazca, de que la naturaleza no es simplemente nuestro patrimonio, que existen unos derechos de la naturaleza y de otras especies que nosotros no podemos violar. Lo cierto es que esto es difícil de justificar filosóficamente dado que la ética se refiere por definición a las relaciones entre personas, pero  muchos piensan que es más factible imponer nuevos valores por la vía de la educación y la sensibilización de la opinión pública que convencer, en cada caso concreto, del interés de la conservación de esto o aquello, en contra de intereses económicos o laborales concretos. De todos modos, es verdad que el argumento ético se ajusta a la óptica del interés colectivo de frenar la degradación ambiental (y, por lo tanto, la degradación de los servicios que la naturaleza nos ofrece gratuitamente), y se dirige al comportamiento particular de los individuos o de los estados y órganos de las administraciones, que suelen actuar o bien en la persecución de intereses particulares, o bien en la de objetivos que sólo contemplan de forma parcial los resultados de una actuación determinada.

El imperativo ético aplicado a la conservación, de manera más o menos forzada, se ha adoptado, naturalmente, en el caso de grupos radicalizados que pueden llegar a ser violentos, como ha ocurrido en el caso de la defensa de los derechos de los animales, con actos terroristas contra laboratorios que utilizan animales en sus experimentos. Es cierto que esto implica ciertas complicaciones éticas, que hacen pasar los supuestos derechos esenciales de los animales por delante del derecho a la vida o a la integridad física de las personas. Desgraciadamente, no podemos sorprendernos por ello, ya que siempre hay gente que cree que la defensa de una idea abstracta, que puede ser perfectamente noble en si misma, únicamente es eficaz por la vía del asesinato de personas concretas. Sin embargo, dejando de lado estos extremismos, insisto en que, en una versión mucho más moderada, el imperativo ético de la conservación es defendido por mucha gente, incluidos no pocos científicos, como la única vía posible de provocar cambios rápidos en el comportamiento colectivo.

Los cambios en las ideas conservacionistas asociadas a este tercer eje inciden en los  comportamientos sociales por una vía ideológica, y tienen escasa relación con el conocimiento científico concreto de la naturaleza. Por lo tanto, no es necesario que nos entretengamos más en esto, ya que el objetivo de este artículo es la investigación en los espacios protegidos. No obstante, los cambios que siguen a los otros dos ejes, servicios o funciones que nos prestan los sistemas naturales y la contribución de la conservación en el desarrollo económico, sí que tienen una vinculación directa con la ciencia y la investigación. El “aggiornamento” a que nos referíamos ahora consiste especialmente en argumentar los objetivos y las justificaciones de una decisión proteccionista teniendo en cuenta los servicios y el desarrollo, y esto comporta proporcionar a la investigación no sólo oportunidades de profundizar en el conocimiento y la comprensión de ciertos sistemas naturales, sino también objetivos complementarios más "finalistas", para responder a cuestiones como: ¿Hasta qué punto están desarrollando correctamente sus funciones los sistemas naturales? ¿Qué procesos pueden poner en peligro este funcionamiento? ¿Qué uso productivo sostenible puede hacerse de los espacios naturales?

Los científicos no suelen creer demasiado en el dirigismo cuando se trata de investigación, pero, no sólo este dirigismo ha existido ya antes en la investigación que se realiza en los espacios protegidos, sino que podemos esperar un aumento el mismo, como resultado de los cambios en la manera de entender y justificar la conservación. En los apartados siguientes, trataré más a fondo las consecuencias de esto sobre la investigación en los espacios naturales.

La investigación que se hace hoy en los espacios protegidos

De forma más o menos implícita, de lo que se ha dicho hasta aquí se desprende que, habitualmente, en los espacios protegidos se ha desarrollado una investigación básica de cariz naturalista, espontánea o estimulada económicamente por las administraciones responsables, y una investigación orientada a la mejora de la gestión del propio espacio. La investigación realmente espontánea es cada vez más escasa, ya que los estudios representan unos gastos importantes, incluso cuando no son necesarios aparatos sofisticados y basta con unos vehículos, gasolina y pequeños materiales. A veces, los espacios protegidos son escogidos como lugar de estudio por investigadores que disponen de financiación para realizar determinados proyectos, lo que en el argot profesional se llaman proyectos competitivos: proyectos que se han presentado a una convocatoria pública (de la Unión Europea, del Ministerio, de la Generalitat o de alguna entidad pública o privada) y han obtenido un dinero para su realización. En estos casos, en teoría, la iniciativa corresponde totalmente al investigador. Ahora, a menudo, la orientación de esta investigación está muy mediatizada por las restricciones o las condiciones que acompañan a las convocatorias. Ciertos temas tienen más posibilidades de éxito que otros, y los investigadores son conscientes de ello. En consecuencia, presentan propuestas que, casi siempre, responden más a cierto oportunismo en función de las posibilidades de éxito que al interés real de los investigadores o, incluso, al interés científico objetivo de la temática propuesta. De modo que no se trata, realmente, de investigación espontánea.

El segundo tipo de investigación tradicional es el que financian las administraciones responsables de los espacios. A veces, dichos organismos se limitan a aceptar las propuestas de los investigadores, de acuerdo con el prestigio de los mismos o con una voluntad política de justificación, y ello, quizás paradójicamente, ha permitido que el investigador dispusiera de más libertad. Esta situación que se daba a menudo en nuestros primeros espacios protegidos, cada vez es más rara.  En la medida en que equipos más profesionalizados se hacen cargo de la gestión de los espacios, la cantidad de dinero que se destina a investigación, cada vez más, se destina a estudios que puedan ayudar a justificar la creación de un nuevo espacio, o a aportar datos y métodos relevantes para mejorar la gestión. Algunos ejemplos de este tipo de estudios son los catálogos florísticos y faunísticos, mapas geológicos, de vegetación, de sensibilidad o fragilidad, de conectividad, de distribución de poblaciones consideradas importantes, análisis de flujos génicos entre subpoblaciones, impactos de determinadas actividades como los pastos o el pisoteo ligado a la frecuentación, etc.

En el estadio más avanzado, los gestores empiezan a trabajar con bases de datos y sistemas de información geográfica (SIG), y piden al mismo tiempo trabajos de base que completen esta base de datos y herramientas informáticas para manipularlas con eficacia. El caso en el que más se ha avanzado en este sentido en Cataluña es el Parque de la Zona volcánica de la Garrotxa, gracias al programa Vulcà, del que ya hizo difusión esta revista, pero en algunos de los demás espacios también se han obtenido progresos importantes. Desgraciadamente, si consideramos los 144 espacios del PEIN, es evidente que en muy pocos se han realizado aún estudios de ninguna clase, ni espontáneos ni dirigidos, y que poquísimos cuentan con una base de datos. 
La reciente aparición de la iniciativa privada en el campo de la conservación ha aumentado el número de espacios que disfrutan de alguna clase de protección, en este caso no ya por una regulación normativa sino por la voluntad de los propietarios. La Fundación Territorio y Paisaje, por ejemplo, se ha convertido ya en el mayor propietario de fincas de Cataluña, y su finalidad declarada es proteger sus valores naturales y culturales. Este tipo de entidades también está empezando a dar apoyo a estudios, según las dos estrategias ya expuestas: a propuesta de los científicos o con finalidades relacionadas con la mejora de la gestión. En cualquier caso, el hecho es que, con la financiación pública o privada, los estudios sobre los espacios protegidos se concentran, de momento, sólo en unos cuantos de nuestros espacios (La Garrotxa, delta del Ebro, Montseny, Collserola, Montserrat, Aiguamolls de l’ Empordà, Muntanyes de Prades, Muntanya d’Alinyà y un pequeño etc.). 

Conservar para estudiar, estudiar para conservar

Si vais de paseo por un espacio protegido, quizás os pueda ser útil pensar que la típica frase de aproximación sexual "¿Estudias o trabajas?" tiene una cierta equivalencia en el campo de la conservación. Podría ser "¿Investigas o gestionas?". Ahora, es necesario que os advierta de que os podéis encontrar con respuestas confusas (cosa que puede alargar la conversación, al fin y al cabo una posible ventaja). En los espacios protegidos puede haber, en efecto, gente que  investiga y gente que gestiona, además de gente que viva, pasee, eduque o sea educada, etc. en ellos. Ahora, y quedándonos con la dicotomía que nos interesa, a menudo los que investigan pretenden que lo que hacen es utilísimo para la gestión, sin aportar demasiados indicios significativos, y algunos (ciertamente, sólo algunos) de los que gestionan se pasan el día contemplando extasiados las actividades familiares de alguna especie, preferentemente emplumada y con hábitos rapaces o mamíferos y de unas medidas relativamente grandes, y en el recuento obsesivo de las existencias, actitud que se parece más a la del estudioso que a la del gestor. La confusión no se debe a la ignorancia, y, si se exhibe cierta ingenuidad por parte de los protagonistas, me atrevería a decir que empieza a ser una ingenuidad culpable.

Vayamos paso a paso, empezando por los investigadores. Al investigador le gusta estudiar lo que le apetece (afirmación que no es más que una tautología), pero también le conviene que le paguen los gastos (cosa perfectamente comprensible, naturalmente),  ya que pueden ser considerables, como ya hemos dicho.  Los gestores no quieren gastarse el dinero para satisfacer las curiosidades de los científicos, sino para mejorar la gestión, aumentar los datos que pueden ofrecer a los visitantes, justificar su actividad propia o para cubrirse las espaldas en ciertos temas. Por ello, cada día más, la investigación que pagan los organismos administradores de los espacios protegidos es una investigación que acostumbra a ser "finalista"  (mal dicho, porque toda investigación debería tener objetivos), aplicada (mal dicho, porque, a pesar de la buena voluntad, el hecho es que a menudo no se aplica) u  orientada  (¿qué clase de investigación sería una investigación desorientada?), en cualquier caso una investigación al servicio de la gestión de la flora, la fauna y el territorio. O, si no lo es, los investigadores tratan de hacerlo ver, triste servitud demasiado extendida. Añadimos, de inmediato, que hay investigadores que buscan, realmente, una aproximación entre el interés científico y la entrega de resultados de un cierto interés social. No sé qué proporción representan del total.

Hablemos ahora del gestor. Éste, a veces, como ya he insinuado, es un investigador naturalista disfrazado, y lo tienen todo bastante bien mientras sólo se justifique ante sí mismo, pero lo cierto es que conocer el estado de algunas poblaciones especialmente queridas no es gestionar nada, tan sólo es paso previo a gestionar algo (en ningún caso, todo el espacio), un paso previo para hacer alguna actuación concreta. Ya he dicho, sin embargo, que esto sólo ocurre a veces, y quizás no sea el peor caso posible. Otras veces, el gestor no se acerca al espacio, o sólo se encarga de construir en él caminos, edificios o elementos artificiales diversos, o sobre todo organiza visitas escolares o políticas (ninguna de estas cosas es estrictamente incompatible con las demás). También hay, y nos podríamos felicitar por ello, excelentes gestores, que tratan de entender los problemas de todo orden (ecológicos y socioeconómicos) que se plantean en cualquier espacio y aprovechar los conocimientos disponibles o estimular los más necesarios. No obstante, me temo que no son mayoría, pero tampoco sé su proporción.

Durante muchos años, entre investigadores y gestores se han producido malentendidos sobre cuál es el papel de cada uno, por ejemplo, sobre qué esperan los unos de los otros y los otros de los unos. Además de muchas dificultades de comunicación. El investigador debe aceptar que el gestor no quiere ser únicamente una cuenta corriente. Que espera unas utilidades de la investigación. El gestor debe entender que no se pueden obtener utilidades sin conocer algunos de los aspectos esenciales de los sistemas estudiados. El hecho de que cada sistema ecológico es diferente y que hay muy pocas reglas o leyes transferibles de unos a otros, si es que las hay, quiere decir que debemos entender bien, en aspectos básicos, el funcionamiento de los sistemas sobre los que se quiere obtener estas utilidades (una mejor gestión, sobre todo). Unos y otros deben entender que sólo pueden esperar respuestas si las preguntas han sido formuladas con suficiente precisión. Y todos juntos deben tratar de construir un diálogo permanente, un verdadero trabajo en común, que haga que tanto las preguntas como las respuestas sean más precisas cada día.

Retorno a las motivaciones

Nadie es perfecto, como le decían a Jack Lemmon al final de una de las mejores comedias de la historia del cine, cuando confesaba a su pretendiente, un viejo caduco y millonario, que él no era una chica. Nadie es perfecto, pero es cierto que nos hace falta ir mejorando el funcionamiento colectivo. Y esto, en el terreno que nos ocupa, es muy factible. Se trata de hacer lo que anunciaba el título de este apartado: cuando se decide conservar un espacio, no se hace sólo un acto administrativo, sino también un acto cultural y un acto con fuertes componentes emocionales. Quizás esta motivación romántica inicial ya mencionada, resulte cursi para algunos, pero sin duda conservamos porque queremos que aquello que conservamos siga existiendo, porque lo queremos y lo queremos conocer más y mejor. Y por otros motivos, como ya hemos visto, pero estimación y voluntad de conocer deben ser aún los primarios para no entrar en contradicciones: se puede "proteger" formalmente, pensando sólo en hacer negocio a su alrededor (el eje de la conservación como contribución al desarrollo), pero si ésta es la única motivación, los resultados de la conservación suelen ser bastante malos, excepto para algunos bolsillos. Se puede conservar como resultado de una toma de consciencia racional de la necesidad de proteger ciertos servicios ambientales, pero este tipo de argumentación, que debería llevar a una mejora generalizada de nuestra relación con el entorno, se aplica más difícilmente a la protección de un espacio limitado concreto. Por lo tanto, defiendo, en muchos casos al menos, la persistencia de la idea romántica y el componente emocional de la conservación, reforzada, eso sí, por argumentos racionales y económicos y por una reflexión ética, según los otros tres ejes explicados antes. Pero ya es hora de plantearnos el tema del siguiente apartado.

¿Qué tipo de investigación es necesaria?

Como ya hemos, dicho la política científica de los organismos oficiales de investigación "focaliza" los recursos en temas determinados. El mecanismo funciona en cadena. La focalización de la investigación tiene aspectos positivos, y ha provocado, sin duda, importantes avances en algunos campos. Pero también aspectos negativos, ya que a menudo obliga a los investigadores a dedicar muchos esfuerzos a temas que no siempre son científicamente apasionantes. A este problema se añade otro: la evaluación de la investigación sobre la base de la cantidad de publicaciones de "calidad contrastada"  (es decir, en revistas que figuran en el Science Citation Index, que no deja de ser un cribador con unos determinados criterios). El apoyo de los organismos públicos de la investigación se hace cada vez más en base a una productividad de información constatable (en "papeles" publicados en revistas internacionales reconocidas) de los grupos de investigación. Información, añadimos enseguida, que es supuestamente, utilísima y, en proporciones impresionantes, también casi simultáneamente olvidada, excepto para el autor. En efecto, el que un artículo haya superado unas exigencias de calidad es una garantía, y que un grupo publique regularmente de esta manera quiere decir que ha alcanzado un buen nivel científico. Ahora bien, esto garantiza que la calidad y la financiación estimula la cantidad, pero no garantiza las utilidades. Muchos de los trabajos que se publican son fracciones de un trabajo más amplio (interesa multiplicar las publicaciones), que aparecen dispersas en revistas muy diversas, normalmente en inglés, de manera que, para los no especialistas, como por ejemplo los gestores, es imposible llevar un seguimiento. Incluso lo es aun teniendo los artículos en la mano, ya que casi siempre estos artículos tienen un interés demasiado puntual y se expresan de forma excesivamente esotérica (cosa a la que contribuye mucho el estilo conciso y la parafernalia estadística impuestos por los editores de revistas científicas).

Quizás es más importante aún otro problema. Una consecuencia de la focalización y de las relaciones entre los diversos niveles de organismos de investigación tal como están estructurados actualmente es que, cuando, por ejemplo, cierta comisión (nunca imparcial y objetiva, porque nadie es perfecto), en Europa, decide priorizar éste o aquél tema, es muy probable que los mismos temas se vuelvan prioritarios en las correspondientes comisiones estatales o catalanas.

En resumen, que la hipotética (y siempre escasa) creatividad se prefiere en beneficio de: a) la producción (sale más a cuenta investigar cosas cuyos resultados publicables estén asegurados, y b) la posibilidad de que los equipos aquí sean competitivos para recuperar una parte, al menos, del dinero para investigación que el país envía a Europa en función del cumplimiento con las obligaciones impuestas por el tratado de cohesión, etc. 

Pero seamos positivos y, como se dice ahora, políticamente correctos. Es un hecho satisfactorio que en los espacios naturales de Cataluña haya una notable actividad investigadora en los diversos campos de las ciencias naturales, en rápido crecimiento sobre todo desde finales de los 70 (sólo mucho después en algunos campos de las ciencias sociales, en los cuales la situación aún no es comparable). Un conjunto de publicaciones dan testimonio de esta actividad, y aunque muchas estén dispersas en un montón de revistas académicas caras y a menudo difíciles de encontrar, parte de estas publicaciones son asequibles más directamente: por ejemplo, los diferentes volúmenes de jornadas de investigación en parques naturales ( Montseny, Sant Llorenç de Munt, Corredor - Montnegre, Garraf, etc.), editados por el Servicio de Parques de la Diputación de Barcelona, los resúmenes de investigación científica en el Parque de la Zona Volcánica de La Garrotxa, editado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, los volúmenes que sobre áreas específicas (delta del Ebro, Medas, Cabo de Creus) edita ocasionalmente la Institución Catalana de Historia Natural, un buen número de publicaciones sobre territorios concretos de diversos organismos de toda Cataluña, etc. Y no olvidemos que las que no son tan asequibles no dejan de ser muy importantes en su conjunto, porque han generado un nuevo conocimiento que nuestros investigadores, al menos, poseen.

Tal como están las cosas, la existencia de diversos organismos financiadores de  investigación en espacios naturales es una ventaja, desde el punto de vista de la libertad del investigador. Una investigación enteramente planificada seguramente no dejaría de caer en el "seguidismo" de las directrices internacionales y, por lo tanto, en una redundancia de los temas considerados prioritarios y una disminución de la originalidad creativa. Los defectos de esta posibilidad quedan claramente explicitados en un ejemplo real: la temática del fuego y sus efectos ecológicos, que fue prioritaria en el IV Programa Marco de la UE, lo ha dejado de ser después, seguramente porque la opinión de los países mediterráneos no tiene el peso que desearíamos. La selección de los temas prioritarios busca, a menudo de forma demasiado trivial, la aplicación: los trabajos que conducen a la comprensión básica de procesos biológicos y ecológicos en nuestros ecosistemas no aparecen como prioritarios para directriz alguna y tienen serias dificultades para obtener financiación. Todas estas distorsiones deben ser corregidas con fondos propios, y lo puede hacer un agencia como el CIRIT, si quiere. Ahora, la experiencia de muchos años muestra que el CICYT o el CIRIT tienden a reproducir esquemas europeos y a repartir equitativamente (más o menos) los restos, de la manera más fraccionada posible. Existen tantos temas que es, en efecto, muy difícil asignar satisfactoriamente los recursos, por desgracia tan limitados de la investigación (lo de la limitación no es excusa suficiente, ya que también se puede mejorar si hay voluntad política). Tener una estrategia propia, que cubra las deficiencias y desviaciones de la política comunitaria es, me parece, indispensable, y lo es especialmente en un caso como el del estudio de la naturaleza.

En Cataluña, el CIRIT ha intentado controlar, parcialmente, los recursos que los diferentes Departamentos destinan a estudios e investigación, pero esto implica el riesgo de acabar eliminando algunas fuentes que aún permiten cierta libertad al investigador, sin garantizar del todo, la atención hacia temas especialmente relevantes entre nosotros. Es una jugada que hace falta seguir con extremada prudencia, y, de hecho, de momento creo que se lleva con prudencia.

Algunas propuestas

La política científica en materia de espacios naturales debería tener, desde mi punto de vista, algunas claves. Como en toda política científica, es necesario que se base en los equipos disponibles de capacidad contrastada y que sea, al mismo tiempo, capaz de impulsar los nuevos equipos necesarios para cubrir objetivos importantes que, actualmente, no lo están. Es un principio elemental de economía y eficacia concentrar esfuerzos en ciertas áreas, adecuadamente escogidas, en la línea de aquello que hemos expuesto en el primer apartado de este artículo. Al mismo tiempo, nos hace falta encontrar respuestas a preguntas como: ¿cómo podemos deducir, del estudio de algunos espacios protegidos, modelos extrapolables a territorios más extensos?

En todo el mundo, los naturalistas siguen haciendo sus estudios de base, pero la metodología de la prospección se ha ido modificando. La disponibilidad de potentes instrumentos de cálculo y de herramientas para el tratamiento de la información territorial abre puertas a una utilización masiva de datos de diversos campos del conocimiento, pero exige cierta disciplina a los científicos. Las observaciones sistemáticas sobre grandes territorios, que siguen siendo absolutamente necesarias, deberían adaptarse a metodologías "compatibles", para hacer posible, por ejemplo, análisis más completos de la distribución de la biodiversidad: los esfuerzos por coordinar una estrategia conjunta en relación con la biodiversidad, que ya están en curso, deben hacer posible la contabilidad de bases de datos sobre los diversos grupos de organismos y tipos de ecosistemas.
A otros niveles de aproximación, los estudios descriptivos muy locales ganan atractivo si van un poco más allá de la mera descripción. Es decir, si se plantean un problema o una pregunta. Por ejemplo, y quedándonos en el tema de la biodiversidad, más que la constatación de esta biodiversidad en un punto concreto (catálogos, inventarios) lo que interesa es descifrar los mecanismos a través de los cuales la biodiversidad se ve afectada por cambios o responde a ellos. Sería necesario defender e impulsar una investigación orientada a los procesos, a descifrar mecanismos. Aquí la investigación puede jugar un gran papel. Ciertos tipos de perturbación siguen actuando en todos ellos, cualquiera que sea el grado (y eficacia) de la protección que reciben. Otros persisten en algunos de ellos o, al menos, en ciertas áreas. A veces, los espacios protegidos pueden servir de referencia frente a aquello que pasa en lugares más perturbados. Son necesarios estudios comparativos entre áreas con diversos niveles de alteración.

Un aspecto esencial de los estudios sobre la naturaleza es que el tejido de la Biosfera es extremadamente diverso, y la reacción de las diferentes especies y los diferentes ecosistemas ante una determinada perturbación varía. Se producen respuestas no lineales, se encadenan procesos de forma frecuentemente muy difícil de prever y, como las condiciones ambientales son dinámicas, el comportamiento cambia también según el momento y el lugar en que se produce la perturbación. A veces, los procesos naturales y las respuestas a perturbaciones sólo se pueden entender con un seguimiento de muchos años y sobre grandes superficies. Lógicamente, ni a los investigadores ni a los financiadores les hace demasiado gracia estudiar un mismo proceso durante demasiado tiempo y sobre un gran territorio, pero es un hecho que el uso de muestras demasiado reducidas y los seguimientos en períodos compatibles con el financiamiento (pocos años, normalmente) no sirven para entender muchos mecanismos. Por ejemplo, el funcionamiento de los bosques (donde los árboles son organismos de vida centenaria) depende muchas veces de acontecimientos que se producen raramente y de forma imprevisible, y que, por lo tanto, casi siempre escapan a los períodos de estudio. La propuesta, en este terreno, es consolidar algunas estaciones experimentales y promover algunos proyectos de alcance importante en el espacio y el tiempo.

La extrapolación de los resultados de estudios de procesos en territorios significativos exige una atención prioritaria a complementar las observaciones de campo (diseñadas de forma ambiciosa en el espacio y el tiempo) con el esfuerzo de la modelización. Desde hace años, algunos de nuestros equipos de naturalistas trabajan en esta dirección. Creo que es indispensable que la investigación en espacios naturales se diseñe, desde el principio, pensando en la producción de modelos que ayuden a entender los procesos en juego.

En esta misma línea de pensamiento, de observar procesos territorialmente significativos y elaborando proyectos para ellos, es muy conveniente que los estudios en los diferentes espacios (y en grandes ámbitos geográficos) constituyan redes, como ya existen algunas promovidas por diversos programas internacionales.

Los estudios sobre el terreno se enfrentan con problemas muy complejos, en los que no intervienen sólo mecanismos biológicos o de tipo fisicoquímico, sino también cambios que tienen su origen en las relaciones sociales y económicas. Así, es necesario promover la convergencia de científicos de diversas disciplinas, incluidas las ciencias humanas.
Para acabar, más que dictar a los científicos qué es lo que es necesario estudiar, es indispensable que gestores y científicos aproximen sus puntos de vista y dialoguen cada vez más. Sólo si unos y otros están en contacto permanente se puede esperar que haya resultados fructíferos para ambas partes.

Desde la perspectiva de los últimos veinte años, se ha visto, como ya he dicho, un crecimiento espectacular de nuestra investigación en estos campos. Han aparecido nuevas instituciones. Se han multiplicado las publicaciones y los intercambios internacionales. Ahora nos hace falta consolidar este proceso y darle más profundidad, planificar mejor la obtención sistemática de la información de base y, al mismo tiempo, dar más alas a la imaginación de los científicos. Aproximar a los científicos a las necesidades sociales, pero también a los políticos y gestores a la cultura científica naturalista, para que, además de ciertas ventajas económicas y de gestión, entiendan el interés inmenso, inagotable, de la naturaleza, y su valor. Crear una complicidad positiva entre todos: el conocimiento de la naturaleza, y una gestión cada día mejor del territorio, no son el deber de unos cuantos expertos, sino una tarea colectiva por la cultura y el futuro de este país. •

Richard Ellis
Director del National Trust para Pembrokeshire en Gales

Este artículo trata de explicar las finanzas del National Trust. Con 2,6 millones de miembros, el Trust es el organismo de conservación no gubernamental más grande del Reino Unido (y posiblemente de Europa), con una facturación financiera durante el ejercicio 1998-9 de 182,4 millones de libras (50.160 millones de pesetas)

El National Trust fue fundado en 1895 para preservar permanentemente lugares de interés histórico o belleza natural para el disfrute de la nación. En aquél año recibió su primera propiedad, una pequeña porción de una ladera marítima en la salvaje costa occidental de Gales. Esta propiedad tiene una extensión de 2 hectáreas, y estaba (y está) cubierta de abolagas Ulex earopeus, robles Ouercus petraea y áceres blancos Acer pseudoplatanus. Hoy, el National Trust posee más de 248.000 hectáreas de la más bella campiña inglesa, galesa y de Irlanda del Norte, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios del Reino Unido. (Escocia tiene su propia organización independiente, el National Trust for Scotland, establecida en 1931). También posee alrededor de 900 kilómetros de costa. Adquirió su primera pieza de patrimonio construido, la Clergy House de Alfriston en el sur de Inglaterra en 1896 (por 10 libras esterlinas), hoy el National Trust protege y abre al público unas 200 casas históricas y jardines, así como 49 monumentos industriales y molinos.

El National Trust ha estado estrechamente relacionado con la conservación de la naturaleza desde 1899 cuando adquirió Wicken Fen, la reserva natural más antigua del país. Hoy no se trata del organismo de conservación más grande del Reino Unido, sino de Europa, con una facturación financiera para el ejercicio 1998-1999 de 182, 4 millones de libras (50.160.000.000 PTA). Sus actividades son muchas y variadas, el hecho de que también se ocupe de aspectos del entorno construido lo diferencia de otras conocidas organizaciones benéficas de conservación de la naturaleza y es complicado establecer comparaciones directas con la financiación de otras organizaciones. No hay otro organismo de conservación que le vaya a la par.

El National Trust es una organización benéfica registrada, situación que comparte con miles de grandes y pequeñas organizaciones del Reino Unido, desde los organismos de ayuda a ultramar pasando por las atentas organizaciones benéficas, hasta las organizaciones que cuidan de los animales enfermos, los botes salvavidas de la nación —y, por supuesto, las Organizaciones No Gubernamentales para la conservación asociadas (ONG). Es independiente del gobierno y subsiste de la generosidad de sus defensores, a través de sus suscripciones, obsequios, legados y las contribuciones de varios miles de voluntarios. Destina sus ingresos íntegramente al cuidado y mantenimiento de los campos y edificios bajo su protección.
Disfruta de un poder legal único que aparece en los Actos del Parlamento, el de estar capacitado para declarar su tierra inalienable. La tierra declarada inalienable no puede venderse a voluntad, hipotecarla ni adquirirla obligatoriamente contra la voluntad del Trust sin un procedimiento parlamentario especial. Ésto significa que la protección del National Trust es para siempre.

Ingresos (Véase Tabla 1)

Asociados

Los 2,6 millones de miembros del National Trust suponen la mayor fuente de ingresos del Trust, alrededor de 55.700.000 libras esterlinas (15.317.500.000 pta.) (véase tabla 1). Así, el reclutamiento de asociados es una actividad muy importante con un departamento de asociados que desarrolla cada vez estrategias mejor orientadas tanto para captar como para conservar asociados. Tradicionalmente, el conjunto de nuevos miembros reclutados en las propiedades del National Trust lo han sido en propiedades "con techo", en las que hay una cuota de entrada y en las que la perspectiva de una futura admisión gratuita a todas las propiedades del National Trust ejerce el papel de un fuerte incentivo para asociarse. Que el mensaje general de la importancia de la conservación del campo llega a la gente mientras están asociados, lo demuestra la cantidad de legados específicamente ligados a propiedades o actividades no relacionadas con el entorno construido sino con el campo o propiedades costeras.

El reto principal es conservar a los miembros una vez se han asociado. Las estadísticas indican que una persona que pague en metálico la cuota de asociado y que, por lo tanto, debe renovar su inscripción en metálico o con cheque anualmente es diez veces menos probable que lo haga que una persona que desde el principio haya firmado una domiciliación bancaria. Así, parte de la estrategia de reclutamiento es animar a la gente a que opte por una domiciliación, que puede cancelarse en cualquier momento pero que, una vez iniciada es más fácil que no se  toque. 

Otro aspecto importante del reclutamiento es la "escritura de garantía". Se trata de un acuerdo por el cual, tras haber rellenado un formulario adicional y aceptar seguir asociado al menos durante cuatro años, el impuesto que el miembro abona sobre la cantidad de ingresos representada por la descripción de su suscripción es traspasada directamente por el gobierno a la organización benéfica. Si todos los miembros contribuyentes aceptasen escrituras de garantía (que no les supone ningún gasto, sino únicamente una desviación de su impuesto del gobierno al National Trust, los ingresos del Trust aumentarían en 3.500.000 libras (962.500.000 pta.) por año.

Otro reto es ampliar el número de asociados en términos demográficos. Tradicionalmente, el perfil típico de asociado al National Trust se ha definido como el de una persona de mediana edad y clase media, habiendo aumentado ligeramente la media de edad de los miembros. Por otra parte, hace falta implicar grupos de edad más jóvenes entre los cuales la concienciación ambiental es alta, pero que se sienten menos atraídos por las casas de las que también se ocupa el National Trust y que disponen de menos ingresos. La tirantez entre el mantenimiento de los asociados más antiguos y la ampliación del llamamiento a una mayor audiencia es todo un reto, y un reto que aumenta por el carácter multidisciplinar de la tarea del Trust. Está en "competencia" (por los miembros y las donaciones) con un gran número de organizaciones que se centran en un solo tema o que tienen un planteamiento más concreto con un atractivo mucho más evidente y atrayente de atenciones. En cambio, cada vez hay más grupos de presión con objetivos únicos que se fijan en el National Trust y que querrían ver reflejado su punto de vista en las perspectivas y políticas del National Trust. Un buen ejemplo en los últimos años ha sido el interés que han demostrado en el Trust los defensores y los detractores de la caza (de zorros y ciervos). Se han detectado pequeños aumentos en el número de asociados durante el período precedente a las Reuniones Generales Anuales, debido al intento particular de que cada punto de vista trata de aumentar su poder de voto. Afortunadamente el número de socios es suficientemente grande como para absorber tales altibajos sin tener que modificar la dirección; sin que tampoco supongan una diferencia significativa con respecto a las cifras de asociados. En cualquier caso, la política no se hace a partir del voto de los asociados, sino del Consejo del National Trust.

(Véase la Tabla 2 de las cuotas de suscripción de socios).

Legados e ingresos derivados de inversiones 

Los legados constituyen la siguiente gran fuente de los ingresos del National Trust  (33,3 millones de libras en 842 legados separados en 1998-1999), seguidos por los ingresos derivados de inversiones. Se pueden legar propiedades o bienes específicamente al National Trust, de modo que se las preserve para la nación, o se le puede legar terrenos o propiedades para venderlos o proporcionar ingresos. Naturalmente, los terrenos legados al Trust como terrenos de inversión no serían declarados inalienables (véase anteriormente), ni tampoco reunirían las características necesarias para que un terreno se preserve para la nación. Este aspecto ha llevado recientemente a un caso muy difundido en que el Trust propuso la venta de unos terrenos de inversión del Norte de Gales, una propuesta que topó con la oposición de una campaña local bien organizada por personas que no apreciaron, o al menos no reconocieron, la distinción entre los dos tipos de propiedad. En este caso, el National Trust decidió no proceder con esta venta en concreto. No obstante, este tipo de problemas no suele surgir, y los legados tanto de capital como de propiedades normalmente suponen una fuente de fondos.

Alquileres — el National Trust y la agricultura — antecedentes

700 arrendatarios se encargan de labrar gran parte de las 248.000 hectáreas propiedad del Trust. Los ingresos procedentes de propiedades arrendadas constituyen la cuarta gran fuente de ingresos del Trust. Esto incluye los ingresos procedentes de edificios alquilados, aunque la mayor parte de ellos los genera el alquiler de granjas. El hecho de que una parte tan grande de las tierras de la organización consista en tierras de labor es resultado de la evolución del National Trust a partir de los años 30, momento en que empezó a aceptar casas de campo y mansiones a gran escala. Hasta aquel momento el Trust poseía únicamente dos casas de campo, ambas al suroeste de Inglaterra. En 1934 se propuso que el National Trust tratase de rescatar activamente la gran cantidad de casas solariegas que estaban quedando en ruinas en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial. El resultado fue el "Plan de Casas de Campo", por el cual el Trust aceptaba casas amenazadas para su preservación. El proceso de adquisición se aceleró enormemente tras la Segunda Guerra Mundial. Pocos años antes habían entrado en vigor el impuesto de sucesiones —impuestos por el gobierno sobre las propiedades heredadas—, pero el nuevo gobierno laborista introdujo en 1945 impuesto elevados y una legislación socialista. No obstante, fue el canciller laborista del erario público quien estableció el National Land Fund, que permitía que el gobierno aceptase tierras y casas con su contenido en lugar de percibir el pago del impuesto de sucesiones. A su vez, estos se traspasaban al National Trust para el beneficio de la nación. Algunos de los propietarios de casas de campo las transfirieron directamente al National Trust. Entre 1940 y 1970 el Trust adquirió 78 casas de la antigua élite terrateniente.

Junto con estas casas llegó una gran cantidad de terrenos. La mayor parte de estas casas solariegas poseían grandes cantidades de terreno, que también fue adquirido por el Trust, normalmente por uno o los dos siguientes motivos. Uno era asegurar el paisaje, y preservar el núcleo histórico de las grandes fincas. El otro, percibir unos ingresos para el mantenimiento de estas fincas. El resultado fue que la gestión de granjas se convirtió en una disciplina cada vez más importante. En términos generales, el National Trust posee dos tipos de tierras de labor. Uno, por lo general tierras bajas, está vinculado a una casa de campo o finca. El otro, ya sea en las tierras altas o en la costa, habrá sido adquirido por su paisaje intrínseco o valor de conservación, y puede no estar relacionado con las grandes fincas del pasado. En Inglaterra, donde alrededor del 70% del área de tierras se cultiva, es fácil entender la importancia de nuestro paisaje cultivado que tiene para la vida salvaje. Muchos de los paisajes más preciados y hábitats de vida salvaje del Reino Unido fueron creados principalmente por la interacción de la agricultura y la geología subyacente. Nuestras tierras de cultivo son, en gran medida, nuestro campo.

El National Trust y la agricultura hoy en día

En los últimos años, dos factores han alterado las perspectivas de las fincas cultivadas del National Trust. Uno, es la creciente realización del valor de conservación de la naturaleza de gran parte de esta misma tierra de cultivo. Esto ha centrado la atención en la creciente incompatibilidad de cultivar tierras por el máximo beneficio con el cultivarlas con el debido respeto a los intereses de conservación de la naturaleza. Durante los primeros años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial no había actividad más rentable que la producción de alimentos, impulsada por la necesidad consciente de esforzarse por ser autosuficiente. Hoy en día lo más rentable para la nación, cada vez se centra más en términos de proporcionar acceso al campo, y en la administración de conservación de la naturaleza. Esto supone que se debe moderar o alterar la velocidad de maximización de la producción para permitir una serie de prioridades introducidas para la conservación y la sostenibilidad. El otro factor es la cambiante situación de la agricultura en Europa. También en este punto, se ha cuestionado progresivamente el exceso de producción y de la excesiva dependencia de los subsidios, y las preocupaciones medioambientales crecientes. La sociedad espera algo más del campo que la simple producción de alimentos. Se le valora por una serie de atributos: su belleza escénica, sus funciones históricas y por valores culturales, sus plantas y la vida salvaje y las oportunidades que ofrece de recreo al aire libre —las mismas cosas para cuya protección se creó el National Trust. Además, la sociedad valora cada vez más el aire puro y el agua limpia, y cuestiona las prácticas que perjudican el medio ambiente. Exige alimentos que se pueda demostrar que son saludables, asequibles y de buena calidad —producidos adoptando estándares aceptables de bienestar animal. Es la combinación de todos estos elementos la contribución que se espera que el campo haga a la calidad de vida de la nación y al tejido económico y social de las áreas rurales. El National Trust, gracias a la gestión de sus propiedades y la asociación con los arrendatarios, se encuentra en posición de demostrar el modo en el que la agricultura puede proporcionar este conjunto de beneficios a la nación y contribuir a las comunidades rurales sostenibles.

Las implicaciones de los alquileres rurales, en un momento en que los ingresos del campo decaen y las dificultades de los agricultores aumentan, especialmente en las áreas marginales o tierras altas, son obvias. Los alquileres siguen siendo un pilar importante de la financiación del Trust, pero cada vez más el Trust está trabajando con sus arrendatarios para ayudarles a diversificar su actividad rural en otras áreas (como el turismo) o a especializarse progresivamente en productos orgánicos, lo que exige unos precios competitivos.

Subvenciones y contribuciones 

La crisis económica actual de la agricultura se ve parcialmente compensada por un conjunto de pagos de los que pueden disponer los agricultores, siempre que apliquen medidas ambientales bajo planes agroambientales. Los planes disponibles incluyen aquellos para Áreas Ambientalmente Sensibles, Planes Rurales de Administración, y (en Gales) un plan llamado (en galés) Tir Gofal. Estas subvenciones se poden a disposición del agricultor y no del propietario, pero ayudan a asegurar la supervivencia del modo de vida agrícola, así como de las comunidades y economía rurales que lo acompañan.
A una escala más amplia, las subvenciones y contribuciones suponen una parte importante de los ingresos del Trust. Estos son muchos y variados; entre ellos cabe destacar la financiación de proyectos del Heritage Lottery Fund, y las subvenciones o el patrocinio del sector comercial y empresarial.

Empresas

Las tiendas, restaurantes, salones de té y casitas de veraneo del National Trust están gestionados por empresas del National Trust. El beneficio que generan se destina a respaldar la labor del National Trust y en 1998-9 contribuyeron con 1,6 millones de libras a los fondos. Muchas de las propiedades del Trust disponen de tiendas que ofertan una amplia gama de mercancías relacionadas, y, además, el Trust gestiona una serie de establecimientos en centros de ciudades. Gestiona alrededor de 140 salones de té y restaurantes, que normalmente se encuentran en antiguos edificios especiales como castillos, faros y establos. Posee alrededor de 250 casitas de veraneo ubicadas en algunos de los lugares más destacados de Inglaterra, Gales y el Norte de Irlanda, entre ellos antiguas construcciones agrícolas, la casita de un farero, una casa de campo y la casita de un guardabosque. Las empresas del Trust han crecido con el único propósito de respaldar y fomentar la labor de conservación del National Trust.

Llamamientos y obsequios 

Los llamamientos están relacionado muy a menudo con la adquisición de nuevas propiedades. Cuando aparece en el mercado un potencial importante, el National Trust necesita disponer no sólo de la cantidad de compra, sino también fondos suficientes como para asegurar la futura gestión de la propiedad —en pocas palabras, su dotación. Un ejemplo clásico en los últimos años ha sido el llamamiento para adquirir una gran proporción de Snowdon, la montaña más alta de Gales. El actor y estrella de cine Sir Anthony Hopkins, de origen galés, prometió un millón de libras, 250.000 personas más contribuyeron a la campaña, y en menos de cuatro meses se había alcanzado la cifra de más de 5 millones de libras. Este constituyó un ejemplo destacable del grado de apoyo de que disfruta el National Trust entre el público general, y en mayor medida (ya que otros organismos de conservación del Reino Unido también organizan llamamientos) del grado de apoyo a la conservación en general.

A lo largo de los años, han habido varios llamamientos. No obstante, el más famoso y con mayor éxito del Trust, fue el llamamiento de Coastline, lanzado en 1965 como Enterprise Neptune. En 1963, el National Trust realizó un estudio sobre toda la línea costera inglesa, galesa y de Irlanda del Norte. Una tercera parte de esa línea costera (1.500 km) todavía era hermosa y virgen, pero el desarrollo le estaba ganando terreno a una velocidad de 10 km por año. La campaña de Enterprise Neptune fue lanzada en 1965 con tres objetivos —para salvar para siempre la línea costera aún virgen, alertar a la población de las presiones en la costa y recaudar dinero para comprar zonas de la línea de costa. Resultó especialmente exitosa, y recientemente se la ha vuelto a lanzar. A finales de 1997 se habían recaudado alrededor de 28 millones de libras, y el National Trust es propietario de más de una sexta parte de nuestra línea costera. La experiencia del Trust en gestión costera le ha permitido asumir una serie de nuevos retos tales como áreas de costa en East Anglia, que es más probable que se vean afectadas por el crecimiento del nivel del mar, y una porción de la costa de Northurmberland altamente contaminada por los desperdicios de carbón procedentes de la industria minera local, pero que actualmente está recuperando gradualmente su estado originario. Las porciones de costa propiedad del más famosas están en las Islas Farce, hogar de 70.000 parejas de aves acuáticas y una gran población de focas grises Halichoerus grypus, y la espectacular línea costera de Giant's Causeway en Irlanda del Norte.

Las contribuciones también provienen de asociados en forma de Asociaciones Locales de Miembros, que presentan unos índices de éxito impresionantes en la recolección de fondos. En 1998-99, los centros y asociaciones del National Trust recaudaron 62.000 libras para la adquisición de un área de campo en Lancashire, y aportaron 250.000 libras al llamamiento para la adquisición de Mount Snowdon. En el otro extremo de la escala, las asociaciones locales colaboran con la adquisición de equipos para propiedades concretas —pueden colaborar financiando cualquier cosa desde una cámara digital hasta un minibús. La filial de asociados del National Trust en los Estados Unidos, la Royal Oak Foundation, también registra unos índices de recaudación de fondos impresionantes. En 1998 recaudó más de 2,6 $ EE.UU. para celebrar su 25º aniversario, concretamente para respaldar las bibliotecas del Trust y conservar sus libros.

Cuotas de entrada

Las cuotas de entrada a las propiedades del National Trust son uno de los conceptos más pequeños (relativamente) del balance. Hay dos motivos principales para ello. Uno es que el National Trust no cobra la entrada a las propiedades "rurales". Sí que se cobra en los aparcamientos, pero el acceso a pie al campo abierto propiedad del Trust es gratuito. El otro es que en las propiedades en las que "se paga", los miembros del National Trust no tienen que pagar entrada (siendo uno de los principales incentivos para asociarse). Así, la suscripción ejerce el papel de un ticket anual de temporada para visitar tantas propiedades como desee el asociado —que pueden convertirse en su casa de campo local una vez a la semana para dar un paseo, o un grupo de propiedades en un área que el asociado puede visitar en vacaciones. En las propiedades en las que "se paga" se hace un mayor esfuerzo por reclutar asociados, ya que el asociado que sigue siéndolo, tiene mucho más valor financieramente que el visitante casual de una vez (véase anteriormente, “Asociados"). Con una cantidad de asociados tan grande y un equipo de reclutamiento tan profesional y con tanto acierto, la cifra de visitantes "que pagan" que consiguen escapar sin asociarse es relativamente pequeño.

Otros ingresos

El resto de conceptos de ingresos en el balance del National Trust son bastante pequeños, siendo el mayor la venta de arrendamientos. El Trust se encuentra con que posee una serie de propiedades que mientras no se pueden vender, si que son adecuadas para arrendar o alquilar, y como entre ellas hay casas en ubicaciones muy especiales por lo general siempre hay personas dispuestas a aceptar el reto, incluso aunque les suponga tener que asumir también el coste de las reparaciones (el llamado "arrendamiento reparador"). Junto con otros ingresos varios procedentes de propiedades todos estos conceptos, de las suscripciones en adelante, contribuyen a unos ingresos anuales de más de 180 millones de libras.  No obstante, este dinero está ya altamente predestinado ya que el Trust destina todos sus ingresos al mantenimiento de sus propiedades, estando caracterizado el Trust como una organización "rica en activos, pobre en efectivo". La mayoría de sus activos tienen una naturaleza tal que no pueden realizarse (porque son inalienables), y el coste de su mantenimiento sigue aumentando. La segunda parte de este artículo expone los diversas destinaciones del dinero del National Trust.

Voluntarios — regalar el tiempo 

Sin embargo, antes de ello deberíamos analizar una forma de apoyo mucho más valiosa que recibe el Trust y que no queda reflejada en el balance. Son las 38.000 personas de todas las edades que "regalan su tiempo" al National Trust cada año como voluntarios. De ellos, 8.000 trabajan regularmente en las propiedades rurales del Trust, y, además, alrededor de 4.500 personas asisten cada año a nuestro programa anual de trabajo residencial. Estos proyectos por lo general duran una semana, e incluyen proyectos para todos los grupos de edad, proyectos para personas más mayores, y proyectos internacionales. Durante los últimos 6 años, se ha desarrollado un proyecto de una semana en agosto en Stackpole, al Sur de Gales, en el que participaban 20 personas jóvenes del Reino Unido y España. Este proyecto a cumplido una amplia serie de tareas, entre ellas dos escondrijos para la  observación de pájaros, el arreglo de senderos, pasarelas de madera a través de bosques húmedos y defensas marinas. En términos económicos, el valor que representan para el Trust sus voluntarios es enorme. La importancia del espíritu del voluntario en el Trust puede observarse directamente en los altos cargos de la organización; miembros del Consejo del National Trust y los diversos comités son voluntarios, y aportan una impresionante serie de aptitudes profesionales (y de otro modo costosas) a la tarea.

Gastos (Véase Tabla 3)

Mantenimiento

El principal concepto de gasto con diferencia, con 85,4 millones de libras, son el mantenimiento ordinario y los costes de explotación. De estos, en 1998-99, se destinaron alrededor de 33,9 millones de libras en la actualización informática y la conservación del campo. La siguiente lista da una idea aproximada del modo en que debe destinarse este dinero a cada una de las propiedades: 

Véase cuadro 1

La naturaleza del mantenimiento anual, obviamente varía de acuerdo con la naturaleza de la propiedad. En una propiedad típica (Stackpole en el Sur de Gales, a la que acuden anualmente los voluntarios españoles) la lista de mantenimiento anual incluye:

Véase cuadro 2

Además del personal de las propiedades, el Trust también tiene un equipo de asesores que abarcan todas las disciplinas necesarias, desde la conservación de la naturaleza y los bosques, pasando por la arqueología hasta la conservación de los edificios y su contenido. Cada una de las 15 secciones en las que se divide el Trust por motivos administrativos respalda un departamento de especialistas en edificios, responsable de cuidar de todas las estructuras de las propiedades del Trust en el área. En vista de la experiencia a lo largo de los años de reparaciones caras en grandes casas, el Trust se está concentrando en un planteamiento "pequeño y frecuente"  en lugar de atarse a proyectos de gran capital.

Proyectos de capital

Todo aquello que cae fuera del ámbito del mantenimiento anual es susceptible de clasificarse como Proyecto de capital. Esta categoría siempre ha incluido una serie de proyectos de construcción, tales como la reparación del tejado o la restauración de mampostería defectuosa en casas antiguas. También incluye una amplia gama de proyectos grandes y pequeños que están estrechamente ligados con la biodiversidad, con un nuevo presupuesto asignado específicamente a la biodiversidad en 1998. En esto se refleja la importancia que se da a este tema tanto en el ámbito nacional como internacional. El Plan de Acción de la Biodiversidad del Reino Unido recoge 1.250 especies poco frecuentes, escasas o que precisan de una acción de conservación especial, así como una serie de tipos de hábitats todos ellos presentes en las propiedades del National Trust, debido a la gran cantidad de éstas. De las 1.250 especies, 511 (o el 41%) se encuentran en propiedades del Trust. Entre ellas hay 10 especies endémicas y 16 amenazadas mundialmente, y también muchas especies importantes internacionalmente como el jacinto Endymion non-scriptus, la aulaga Ulex gallii y la foca gris Halichoerus grypus. De entre los hábitats, el National Trust posee un 12% de los prados calcáreos y de caliza del Reino Unido, y un 7,5% de los brezales de las tierras bajas. A partir de las responsabilidades específicas del Trust en el área de la biodiversidad se han generado una serie de proyectos grandes y pequeños. Estos van desde un proyecto de 2.000 libras para ayudar al ratón de agua Arvicola terrestris hasta un proyecto de multimillonario que se alarga durante varios años para restaurar y ampliar los antiguos humedales alrededor del centro de Wicken Fen, hoy en día una isla en un mar de tierras cultivadas intensivamente. En Stackpole, la propiedad galesa antes mencionada, la lista actualizada de propiedades comprende: 

Véase cuadro 3

Suscripción, publicidad y formación

La tarea de comercializar el National Trust y reclutar nuevos miembros es necesariamente costosa. Las tareas de comunicación, relaciones públicas y formativas son una pieza esencial para poder asegurar que el mensaje del National Trust llega al máximo de público posible, y que alcanza su objetivo tan eficazmente como es posible. Además, la formación se ve como una disciplina importante en si misma y parte importante en el modo en que el Trust distribuye el beneficio de sus propiedades entre el público. Con este fin, respalda un conjunto importante de programas formativos. Entre ellos se encuentran planes para posibilitar que las personas que viven en el centro de las ciudades o en zonas empobrecidas puedan disfrutar de las propiedades del National Trust, el Young National Trust Theatre en el que los niños participan en la reconstrucción dramática de hechos, y dos casas de colonias en las que grupos de niños pasan una semana siguiendo un programa de educación ambiental y actividades al aire libre. Una de ellas se encuentra en el Sur de Gales, la otra en Norfolk, en East Anglia. El presupuesto total del Departamento de marketing y comunicación asciende a unos 16 millones de libras al año. 

Adquisiciones

Las adquisiciones plantean al Trust uno de los mayores retos, ya que cada nueva adquisición conlleva la responsabilidad de perpetuarlo. Años atrás, Lord Chorley, un antiguo presidente del National Trust creó una fórmula que permitía realizar un cálculo respecto a las futuras necesidades de la adquisición potencial en términos de mantenimiento, y, por lo tanto, de la dimensión necesaria de la dotación. Si el paquete de adquisición no reúne las condiciones de la fórmula de Chorley, por lo general no se procede a la adquisición. Antes, por una serie de motivos, las propiedades se asumían sin una dotación, y esto fue convirtiéndose progresivamente en una carga para los Fondos Generales, algunas tenían la suerte de (quizás gracias al cobro de una cuota de entrada) convertirse en propiedades con Crédito en los Fondos Generales, pero algunas (especialmente si se trata de propiedades rurales, en las que no se aplica una cuota de acceso) se convierten en propiedades con Déficit en los Fondos Generales. Algunas adquisiciones nuevas tienen la suerte de disponer de fondos especiales del Trust específicamente definidos para respaldarlas; la financiación de estas propiedades es inalterable e inmune a las fluctuaciones de cualquier otro ámbito. Las modas han cambiado a lo largo del siglo. Hoy en día se asumen muy pocas casas grandes, y están cada vez más presentes la arqueología y la arquitectura vernacular. El impulso por salvar la costa sigue teniendo fuerza, habiendo recibido un golpe de aire fresco con el relance de la campaña Neptune Coastline. Dentro de la campaña Coastline quizás haya menos énfasis ahora en salvar un paisaje de acantilados espectaculares (gran parte del cual ya se ha salvado) y más en salvar línea de costa "no accidentada" como marismas, estuarios y dunas de arena. Las adquisiciones potenciales se analizan a fondo (por un comité central) y se evalúan desde el punto de vista de las ventajas, el grado de amenaza, y de si el Trust es el propietario más indicado. Cada vez más se estudia la posibilidad de asociaciones con otras organizaciones. Las adquisiciones espectaculares como la de Snowdon cautivan la imaginación del público; otras más pequeñas sirven para cubrir distancias entre bloques de propiedades del Trust. 

Administración de organismos benéficos, generación de ingresos, tributación

Las dos primeras suman 2,6 millones de libras entre ambas y representan los requsitos técnicos de gestionar una organización benéfica enorme. Todas las organizaciones benéficas del Reino Unido ven sus destinos estrechamente ligados a la política del gobierno actual, especialmente en el ámbito de la tributación, y en los últimos años las políticas impositivas de los sucesivos gobiernos han sido perjudiciales para las organizaciones benéficas en general y para el Trust en particular. La carga irrecuperable del IVA [Impuesto sobre el Valor Añadido] es grande, y el descenso constante del tipo básico del impuesto sobre la renta reduce el beneficio que suponen para el Trust las suscripciones y donaciones acordadas (véase anteriormente, "Suscripciones"). El gobierno es consciente de las preocupaciones del National Trust, y sin embargo, no propone acción alguna para invertir esta tendencia. En lugar de ello, su opinión es que las donaciones benéficas deberían servir para cubrir este hueco.

Conclusión

Es poco probable que el modelo básico para la gestión de la financiación del Trust cambie drásticamente, pero se encuentra en un mundo en que los cambios rápidos son la norma en muchos frentes. Cada vez más, la labor del Trust, en la gestión de sus finanzas y en general, consiste en gestionar el cambio. La política agrícola se decide en Bruselas y el efecto del clima económico cambiante en el Trust y sus arrendadores ya se ha comentado antes. Mientras el papel de la agricultura como industria está en declive, el uso y las presiones sobre el campo para el esparcimiento aumentan año tras año, y las especies y los hábitats están sometidos a una presión cada vez mayor. La demanda de información y la necesidad de mantenerse al día con los últimos métodos de distribuirla crecen continuamente. A medida que el número de socios del Trust aumenta, el riego de llegar a un punto en que los costes de gestión de sus fincas crezcan por encima de éstos está presentes. En esta situación, el apoyo al Trust sigue aumentando y sigue disfrutando de una posición única de respaldo y afecto en el corazón de la nación. Para obtener más información, visite el sitio web del National Trust: www.nationaltrust.org.uk 

"Debemos concebir y planificar el espacio rural de Cataluña como un todo" 

Abogado y técnico urbanista, Lluís Paluzié nació en Barcelona en 1934 en el seno de una familia de origen olotense. Le gusta recordar su infancia en Olot, donde adquirió gran parte de sus amplios conocimientos sobre el medio natural y la estima al país. 

Ha desempeñado tareas de asesoramiento jurídico, de servicio funcionarial y de responsabilidad directiva y representativa en la Administración, en especial en la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Lluís Paluzié ha desarrollado su actividad en el terreno del urbanismo, el medio natural y la protección de la naturaleza, y de la promoción, organización y administración pública del deporte. En la actualidad, es subdirector general de la Secretaría Técnica del Deporte y presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de la Generalitat de Cataluña. 

Asimismo, Lluís Paluzié es miembro de la Institución Catalana de Historia Natural y  miembro fundador de la Liga por la Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA), organización que se constituyó en 1976. También formó parte del equipo de redacción del Llibre Blanc de la Natura [Libro Blanco de la Naturaleza], que dirigió Ramon Folch i Guillén, y autor del libro Los espacios naturales. Su protección, regulación legal e incidencia en la ordenación del territorio, publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Es un hombre tranquilo y de mirada clara, consciente de que ha dedicado una gran energía a trabajar por su país. En los últimos años ha participado en los acontecimientos clave de la historia ambiental de Cataluña. Lo ha hecho abriendo nuevos caminos y, a menudo, trabajando desde la sombra. Durante una calurosa tarde de verano, Lluís Paluzié repasa su dedicación a la protección de los espacios naturales y su visión de la situación del medio ambiente en Cataluña.

Usted ha sido pionero en "utilizar" el urbanismo para la preservación de los espacios naturales. ¿Cómo fue?

Durante los años 60, ejercí de asesor jurídico de la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Eran los tiempos de la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios, y de la Comisión Provincial, con sus respectivos planes: el comarcal y el provincial. Este plan provincial, aprobado en 1963, ya contaba con un catálogo de espacios naturales que constituía un sistema de espacios a proteger en las comarcas de Barcelona y que podía desplegarse mediante planes de protección especiales.
Aquí fue donde vimos las grandes posibilidades de la Ley del suelo, en el campo de la protección del medio natural y del paisaje, en la figura del Plan Especial.

Por aquellos tiempos, era un planteamiento muy innovador… 

Efectivamente. De hecho, la protección de la naturaleza en Cataluña por medio de la ordenación territorial tiene otros precedentes como el Regional Planning de 1932, obra de Nicolau Ma. Rubió i Tuduri, con la colaboración de su hermano Santiago, y en el que ya se estructuraba un primer sistema de espacios protegidos en Cataluña. Sin embargo, será el plan provincial de 1963 el que otorgue a la Diputación de Barcelona de aquellos años un instrumento técnico y legal para poner en marcha toda una política de protección de la naturaleza y el paisaje, mediante la legislación urbanística. No podemos olvidar que hasta aquel momento parecía que la protección de los espacios naturales sólo podía proceder del Ministerio de Agricultura y de su legislación. Fue una gran sorpresa para los técnicos de la Delegación Ministerial, encontrarse con los planes especiales de protección que por primera vez promovía una Diputación.

¿Eran ustedes un grupo de visionarios? 

Afortunadamente, siempre hay visionarios o idealistas. Pero nuestros paisajes o espacios naturales, desde siempre han sido descritos por poetas, literatos y geógrafos, y detectados y visitados por el pueblo. La descripción de Montserrat, el Canigó o el Montseny, la podemos encontrar fácilmente en la obra literaria, especialmente la poética, de Verdaguer, Bofill i Mates, etc. Si analizamos la relación de espacios de un Regional Planning, de un plan provincial o, ahora, del PEIN, no encontraremos demasiadas diferencias; para proteger la naturaleza no es necesario inventar mucho, hay mucho trabajo hecho.

¿Desde el urbanismo se dio un salto a un servicio específico de parques? 

Trabajando en el ámbito del urbanismo y la planificación me di cuenta de la importancia de los espacios naturales y del verde urbano, no podemos olvidar que en los años 60 también irrumpió en el campo el fenómeno de las urbanizaciones, con el peligro que esto comportó para nuestro paisaje. Así, fuimos favoreciendo un clima propicio a la creación de un Servicio de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, y lo conseguimos. De hecho fue el primer servicio de este tipo creado por una corporación local y con un modelo bien definido: la aplicación de la Ley del suelo, mediante la redacción de los planes especiales de protección de espacios catalogados en el Plan Provincial y su posterior gestión, llevada a cabo por el servicio de la Diputación, que ya tenía una experiencia y un precedente en el Patronato del Montseny.

El Ministerio de Agricultura, que era entonces el órgano competente en esta materia, ¿presionó en contra? 

La tramitación de los primeros planes especiales, concretamente el del Montseny, no resultó nada fácil. Aparentemente, parecía que estábamos invadiendo una competencia estatal, y así lo pensaban los técnicos ministeriales; no obstante, esto ocurría porque la legislación urbanística era todavía muy desconocida. Debe reconocerse que la Ley del suelo de 1956 estaba muy avanzada en este aspecto y que la Diputación de Barcelona la aprovechó a fondo. También incluyeron positivamente las conclusiones de un seminario organizado en 1976 en Barcelona con el Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid sobre Los espacios naturales protegibles: posibles actuaciones de las corporaciones locales. cuyas conclusiones establecieron que un instrumento básico para la protección de la naturaleza son los planes especiales de protección de la Ley del suelo.

Usted fue el responsable del nuevo Servicio de Parques. ¿Cómo resultó la primera etapa?

Fui el primer responsable durante diez años y hay que reconocer la aportación positiva que los diferentes diputados hicieron al área, Bonastre, Burrull, Llobet y otros de la primera época, y Aguado del final de mi etapa. Ahora bien, el gran impulsor del Servicio de Parques Naturales fue el propio J. Antoni Samaranch que tuvo claro desde el primer momento que la Diputación tenía que ser propietaria de las fincas más emblemáticas (en el caso del Montseny), ya que de este modo dispondríamos del patrimonio necesario para la gestión, al tiempo que se disolvía un grupo de opositores poderosos. La adquisición de importantes propiedades en el Valle de Santa Fe y también en Tagamanent fue señal de que la política de parques naturales iba en serio. También fue positiva la evolución de los ayuntamientos, que pronto vieron clara la necesidad de la protección.

Una filosofía precursora que, por ejemplo, hoy desarrolla la Fundación Territorio y Paisaje.

Cierto. Recuerdo que la primera finca que se adquirió —tenía una hectárea— corresponde a la ubicación actual de la Escuela de la Naturaleza en un chalé de principios de siglo que se encuentra en el Valle de Santa Fe. Teníamos claro que, además de comprar terrenos, había que hacer cosas. Precisamente, el primer encargado de la Escuela de la Naturaleza responsable de todos los itinerarios y de las acciones educativas fue Martí Boada. Se realizó una gran labor. Hoy aún, mis hijas recuerdan la visita escolar al Montseny cuando conocieron a Martí Boada.

¿Por qué algunos propietarios se oponían a vender? 

De hecho, las fincas rústicas, desde la aparición del butano, disminuyeron mucho su rendimiento, sobre todo las forestales. Por eso, siempre había ofertas, aunque no siempre eran las más interesantes. En un principio, más que oposición a vender, había una cierta reticencia, puesto que a los opositores al parque les parecía —y era cierto— que las adquisiciones de la Diputación favorecían la implantación del Parque Natural. Hay que precisar que tampoco la Diputación quería, ni tenía porqué, comprar masivamente el territorio del Parque. La propiedad privada desde tiempos inmemoriales ha gestionado su patrimonio de forma muy correcta, y así ha de seguir siendo.

Además de una cierta oposición por parte de los propietarios, ¿con qué otros obstáculos se encontraron?

La tramitación del plan del Montseny fue complicada porque incluía parte de la provincia de Barcelona y parte de la de Girona. En aquella época, en Barcelona teníamos el llamado "órgano desconcentrado" que asumía competencias del Ministerio y, por lo tanto, el Plan Especial referente al ámbito de Barcelona se aprobaba aquí y no en Madrid. En cambio, el plan correspondiente a Girona se aprobaba en Madrid. Esto provocó un desfase entre las aprobaciones, primero tuvimos aprobada la parte de Barcelona y unos cuantos meses después la de Girona. Esta circunstancia complicó la tramitación de los recursos contra el Plan, que finalmente fueron todos favorables a la Diputación.

¿Qué papel jugó el Ministerio ante los recursos interpuestos?

En el Ministerio y, particularmente, en la Dirección General de Urbanismo había mucha gente a favor del Plan Especial del Montseny y, así, los informes de la fase administrativa de los recursos fueron muy favorables a la viabilidad del Plan Especial. No se  puede olvidar que era el primer Plan Especial que afectaba a un territorio muy extenso, comprendía parte de dos provincias y unos dieciocho municipios.

El Servicio de Parques de la Diputación contó con colaboradores, como es el caso de Ramon Folch, personas que han resultado ser clave en el pasado y el presente ambiental de Cataluña...

Ramon Folch se incorporó a la Administración en la década de los 70 y desplegó una nueva unidad, la de ecología aplicada, que desempeñó una gran labor divulgativa. El Servicio disponía de una estructura más bien pequeña, en la que participaron entre otros Gurri, Panareda, Asperó, después Castelló, que me sustituyó… Pero muchos trabajos monográficos o de base se encargaban a expertos de la Universidad como Oriol de Bolós, Nadal o se consultaba a científicos como el Dr. Margalef y otros. A parte de estos Servicios Centrales, cada parque disponía de su equipo in situ.

¿Qué supuso el retorno de la Generalitat?

Con la Generalitat de Tarradellas pensamos todos que el eje de los espacios naturales en Cataluña sería el Servicio de Parques de la Diputación de Barcelona. Entendíamos que se había creado y desplegado un nuevo modelo, el de la Diputación de Barcelona, y que era necesario ampliarlo a todo Cataluña. Desgraciadamente, no fue así.

¿Cuáles eran las diferencias con respecto al modelo español?

De hecho, el modelo de la administración central nunca se llegó a aplicar en Cataluña. Nunca se declaró un espacio natural protegido. Nos hemos de remontar a la excepción de 1955 cuando el general Franco, a instancias de Victoriano Muñoz Homs, dictó un Decreto por el que se declaraba parque nacional Aigüestortes y L’Estany de Sant Maurici. Siempre se ha dicho que el Ministerio de Agricultura, a pesar de ICONA, no era el ámbito más adecuado para echar adelante una política "conservacionista", situación que finalmente se ha corregido en Cataluña.

¿Qué aportó la recuperación de la Generalitat de Catalunya?

Repito, considero que se perdió una gran oportunidad para aplicar un modelo propio en esta materia, y que se retrasó unos cuantos años la concepción y gestión globalizadora de los espacios naturales de Catalunya. Hacia 1985, se aprobó la Ley catalana de espacios naturales, por cierto, una ley muy aceptable, pero siguieron muy divididas, hasta muy recientemente, las competencias sobre esta materia y, por lo tanto, con modelos de gestión muy diferentes. Básicamente, el del Departamento de Agricultura y el de Medio Ambiente y, a parte, el de la Diputación de Barcelona, que gestiona los parques naturales que ha promovido (Montseny, Sant Llorenç de Munt y L’Obac, Corredor, Montnegre, Garraf). También se mantiene Montserrat con una gestión específica y singular. Ahora, por fin, el Departamento de Medio Ambiente ha asumido las competencias sobre el medio natural y forestal que correspondían al Departamento de Agricultura y se podrá llevar a cabo una política unitaria desde la planificación de los espacios protegidos hasta su gestión. Deseo que se acierte en la creación de la estructura tecnicoadministrativa para ejecutar la política en este campo.

Más adelante recuperaremos el tema de la agencia, ahora volvamos a su trayectoria. En 1983, vista la política de la Generalitat, Usted deja de dedicarse profesionalmente a los temas ambientales...

Hasta 1983, mi ocupación profesional, y también en el tiempo libre, estuvo dedicada a la gestión del medio natural y a la protección de los espacios naturales. Aquel año, dejo la Diputación de Barcelona y paso a la Generalitat a trabajar en otro ámbito muy distinto. Sin embargo, en mis horas libres no dejo de lado los temas ambientales. Colaboro con entidades naturalistas como Depana, de la que fui uno de los fundadores, y con otras de la Garrotxa. No obstante, en 1990 se constituye el Consejo de Protección de la Naturaleza, y desde entonces soy miembro del mismo y actualmente presidente. Es un órgano consultivo de la Generalitat y del Parlament, que preceptivamente debe informar de todos los proyectos de declaración de espacios protegidos y de todos los planes especiales; es decir, todas las actividades de las administraciones que tengan que ver con un espacio natural. Son informes no vinculantes, pero preceptivos. De hecho, por olvidarse del trámite de consulta al Consell, más de una vez, los Tribunales han anulado una disposición aprobada por la Administración.

¿Cómo valora la tarea del Consejo que preside?

Además de la labor consultiva, también puede tomar iniciativas. Es un órgano independiente: sus miembros provienen del ámbito naturalista y científico, también hay representantes de los propietarios forestales, de los municipios y los sindicatos, hasta un total de veintiún miembros. En la primera etapa, se subrayaron mucho las idiosincrasias de cada grupo, pero se ha ido alcanzando un gran consenso porque, en definitiva, la finalidad del Consejo es la protección de los espacios naturales. Creo que se ha llevado a cabo un trabajo positivo y en buena medida se ha ayudado a la Administración. Entre las iniciativas propias, destacaría las mociones sobre los incendios forestales y sobre el estado de los bosques en Cataluña. 

Por desgracia, este verano los incendios forestales han ocupado la primera plana de los diarios e informativos. Un espacio protegido, el Cabo de Creus, ha sufrido un importante incendio. ¿Cuál sería la política de prevención para evitar nuevos episodios? 

He visitado la zona de L’Alt Empordà quemada y el aspecto impresiona. Parece imposible que en nuestro país —realmente pequeño y tan compartimentado— se puedan quemar extensiones tan grandes. Realmente, la prevención es fundamental, como también lo es una actuación rápida y contundente en los primeros momentos del fuego. Pero ante este fenómeno no hay remedios milagrosos. Únicamente la aplicación de un conjunto de políticas adecuadas en cada zona del país, puede disminuir el efecto de los fuegos o evitar que sean tan catastróficos. En el fondo, el gran problema es el abandono del medio rural, su población es cada vez más reducida y esto comporta un proceso de transformación de un medio rural diverso en una masa forestal demasiado continua, y también la pérdida fundamental de unos habitantes conocedores del territorio. El Consejo de Protección de la Naturaleza presentó en julio de 1994 una moción en la que analizaba la cuestión y hacía una serie de propuestas, considero que su contenido aún sigue vigente.

Como ya ha comentado, usted ha sido uno de los fundadores de Depana. A pesar de ser una organización destacable, ¿no cree que en nuestro país falta, desde siempre, un movimiento socioambiental fuerte e independiente? La paradoja es que tenemos científicos reconocidos, iniciativas que se han avanzado a su tiempo, pero no ha existido ni existe un movimiento ambiental con una amplia influencia social. ¿Por qué?

Esto es un misterio. En los años 70, coincidieron en Cataluña una serie de episodios interesantes sobre las cuestiones ambientales: se creó Depana, se editó el Llibre Blanc, la Diputación organizó el primer seminario sobre parques naturales celebrado en la Península. Los ponentes fueron Ramon Folch, Oriol de Bolós y yo mismo. Se organizó como resultado de la colaboración ente el Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid y la Diputación de Barcelona. Vino gente de toda España. Se habló de ello y se publicaron las conclusiones. En este encuentro se establecieron muchos criterios que después fueron claves. Por ejemplo, la utilización de la Ley del suelo con sus planes especiales de protección. Se definió que uno de los caminos más claros para proteger los espacios era la ordenación del territorio, del urbanismo. Por lo tanto, coincidieron estas tres cosas. En lo que se refiere a la fundación de Depana, recuerdo que preparé y defendí los estatutos. El acto se celebró en el Centro Excursionista de Cataluña, que estaba lleno hasta los topes. De entrada, ya contábamos con más de 400 socios. La base de Depana era gente de la Universidad, del Zoológico y del grupo de la  Diputación. Con aquel entusiasmo pensamos que saldría alguna cosa importante; ya se llamaba Liga para que se pudieran sumar todas las agrupaciones que existían en Cataluña. Pasaron los años, trabajamos mucho, pero la Liga no crecía. Ciertamente se han vivido diferentes etapas, diferentes grupo han dirigido la organización. Yo me considero del grupo de los primeros años: ciertamente no conseguimos popularizar el movimiento. Lo heredó un segundo grupo y tampoco lo consiguió. El tercer equipo, que es el actual, ha mejorado bastante las cosas, pero Depana aún no ha tomado el impulso que se merece, confiamos en que el futuro será mejor, ya que el país precisa de este tipo de entidad.

Pero...

Me pregunto cómo es posible que un movimiento internacional como Greenpeace tenga miles de asociados, y que un grupo nuclear en Cataluña no acabe de consolidarse. Quizás se explica por nuestro carácter. Una publicación reciente del Centro Unesco de Cataluña Anuari d’entitats catalanes [Anuario de entidades catalanas] recoge ciento treinta dedicadas al medio ambiente. Por otro lado, posiblemente que aún no hayamos encontrado el tipo de entidad necesaria en Cataluña, ni el modelo de comunicación adecuado en nuestra sociedad para que ésta se adhiera masivamente.

¿Quizás deberían profesionalizarse las organizaciones ambientales catalanas? 

De acuerdo. Creo que las entidades sin ánimo de lucro, sean del campo que sean, necesitan una profesionalización. Hoy, ya es difícil encontrar gente dispuesta a dedicar unas horas cada día a su entidad. Deben haber voluntarios, pero también colaboradores profesionales. Y así es como ya funcionan muchas entidades.

Volvamos al modelo de protección y conservación que se ha aplicado en Cataluña:  ¿cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles?

Lo que es positivo del modelo es que se ha asumido que la ordenación del territorio y la planificación urbanística deben incorporar, como determinaciones básicas, la protección del medio natural y del paisaje. Esto es coherente con una conclusión de un congreso mundial de parques y reservas, que afirmaba que la pervivencia de los parques requiere su planificación, sin planificación su supervivencia es difícil. 
Por lo que respecta a aquello negativo, en mi opinión se han constituido los espacios como islotes no comunicados. Ahora el gran debate es cómo conectar estos espacios entre ellos: que si canales, que si corredores biológicos. En Cataluña tenemos entre un 15% y un 20% del territorio dedicado a infraestructuras y suelos urbanos y urbanizables y entre un 80% y un 85% de espacio rústico o rural, que incluye los espacios naturales. Tenemos que concebir y planificar este espacio rural como un todo. De lo contrario, fracasaremos en la política de preservación. En cuanto a las conexiones, nos preocupamos por encontrar soluciones, pero quizás habría bastante con vitalizar y reforzar las políticas de protección de ciertos espacios, como por ejemplo el espacio forestal y la red fluvial con sus zonas de influencia, que ya recoge la legislación específica. Aunque no rechazo las conexiones complementarias, también haría falta ser más espléndidos con las delimitaciones de los espacios protegibles.

¿Cree que el cemento se esparce demasiado rápido por el país?

Éste es el gran tema de fondo. Ir esparciendo el cemento es fatal. Pensemos que en muchos países de Europa la zona urbana es compacta y, cuando se acaba, encontramos el verde, el campo. Aquí, la política ha sido construir al lado de las carreteras, que se han convertido en el eje de expansión urbana. También se han priorizado las infraestructuras para el coche privado, en lugar de potenciar el transporte colectivo. En este sentido, hemos creado un modelo difícil de cambiar. 

Pero es preciso equilibrar el territorio. No es justo que todas las infraestructuras se concentren en las zonas costeras y tengan detrás un país preservado y pobre... 

La cuestión es qué entendemos por calidad de vida. Para mí, significa, entre otras cosas, ríos limpios y con vegetación y peces, tanto río arriba como río abajo, lo hemos visto en nuestra juventud y no debemos renunciar a ello. Ciertamente, la parte más despoblada debería disfrutar de una calidad de vida como la del resto del país. Pero esto no lo conceden únicamente unas infraestructuras mejores. Hoy oímos hablar constantemente de los porcentajes de crecimiento anual. Pero la biología y la naturaleza nos enseñan que no se puede crecer continuamente. Quizás deberíamos profundizar de verdad en el concepto de la sostenibilidad.

Los estilos de vida han causado un distanciamiento del hombre respecto a la naturaleza, no se conocen los árboles, los animales...

La cultura urbana de los últimos años ha dado paso a unas generaciones con un vocabulario cada vez más pobre. El medio urbano produce habitantes pobres en conocimientos sobre la naturaleza y el campo. Quizás, el gran error, ha sido que el mundo rural, los campesinos, no se hayan podido conservar mejor. En muchos países europeos ha descendido la proporción de campesinos, pero en el caso de España y Cataluña las cifras son espeluznantes. Si esto no hubiese pasado, tendríamos un país mucho mejor conservado, mucho mejor gestionado, quizás más rico y con una importante calidad de vida. El gran giro que podría hacer este 80% de territorio rural sería volver a rehabilitar el mundo campesino con una combinación de actividades tradicionales y nuevas. No podemos perder la sabiduría de la gente del campo y la montaña. 

¿Cómo ve el futuro de la gestión de espacios naturales en Cataluña?

En los últimos años, además de distintos modelos de gestión, se ha producido una discriminación económica. Los parques de agricultura han estado infradotados. El traspaso de competencias a Medio Ambiente hace pensar que se aplicará el modelo de la Garrotxa al resto de espacios protegidos y, por lo tanto, aumentaran los recursos. 

¿Además de las públicas, es preciso pensar en otras fuentes de financiación? 

Si se crea una agencia, ésta tendrá carácter de organismo autónomo y, por lo tanto, tendrá una gestión económica autónoma con la posibilidad de tener mecenazgo o patrocinio. También un país con tantos bienes culturales, históricos y paisajísticos como Cataluña, quizás se podría aplicar una tasa como la de las Islas Baleares destinada a la protección del medio natural y paisajístico. Debería estudiarse. 

A menudo, los habitantes de las zonas rurales no ven clara la preservación de los espacios naturales, porque, dicen, va en contra de sus intereses. ¿Qué les diría?

El mensaje es diálogo, diálogo y más diálogo. Aunque se deban invertir muchas horas, hay que escuchar y hablar mucho con la gente del país. Aunque deban postergarse la cosas, siempre tienen su momento psicológico oportuno. Una ley no debe imponerse nunca, debe consensuarse y tiene que convencer. •

La gestión de los espacios naturales

Ignasi Doñate i Sanglas
Abogado experto en cuestiones medioambientales

1 Introducción

1.1 La degradación progresiva del medio ambiente

La preocupación que se manifiesta actualmente en el mundo por la degradación del medio ambiente del planeta es, todavía, un fenómeno relativamente reciente. La Conferencia sobre la Biosfera, una de las primeras reuniones internacionales sobre este tema, fue promovida por la UNESCO en 1968.  En el marco de dicha conferencia la comunidad científica internacional advirtió colectivamente a los gobiernos del mundo que el estado del medio ambiente era preocupante y que la tendencia marcaba un claro proceso de empeoramiento. 

Lo que entonces pareció un llamamiento catastrofista, hoy en día se nos presenta como una observación tímida en un marco de degradación continuada. Los expedientes incoados por la Comisión Europea por la infracción de la Directiva Hábitats (1992) en el Parque Natural del Delta del Ebro (2000) o el emblema del desastre ecológico (1998) y del déficit de los actuales sistemas de conservación de las áreas naturales, el  Parque Nacional de Doñana (también Reserva de la Biosfera), son sólo una confirmación de que las tendencias negativas, denunciadas por los científicos  hace más de 40 años, persisten.
En estos 40 años se han ido acumulando datos y experiencias sobre los que podemos decir que —actualmente— disponemos de medios adecuados para afrontar una mejor gestión de los sistemas naturales. Sólo falta la voluntad para llevarla a cabo. En el marco de un proceso en el que el "mito" de la preservación/conservación se ha convertido en una realidad contrastada por la progresiva degeneración de los ecosistemas, urge la necesidad de actuaciones nuevas, concretas y efectivas que permitan enderezar este proceso.

1.2 Una tendencia: del pensamiento global a la actuación local

La denuncia de la comunidad científica permitió un pensamiento global, que dio lugar a conferencias internacionales que han marcado un progreso: de la Conferencia de Estocolmo (1972) a la Conferencia de Kyoto (1997) sobre el cambio climático, pasando por la Cumbre de la Tierra (Río  de Janeiro, 1992).

Estas conferencias han sido foros en los que se han evidenciado los límites del pensamiento "conservacionista". Sin embargo estos límites se están rompiendo con estrategias, compromisos y convenios internacionales o con normativas regionales; estrategias innovadas bajo los criterios de la sostenibilidad. Cabe citar como referencias obligadas de este nuevo período el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) o la Directiva del Consejo relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 92/43, CE. 21/05/92. 

Estas iniciativas globales o regionales, sin embargo, no han podido frenar el proceso de degradación ambiental del planeta, gestionado por un pensamiento único ultraliberal, depredador y economicista hasta el punto de convertir el fenómeno positivo —en muchos aspectos— de la "globalización" en una realidad negativa para su instrumentalización al servicio de unas pocas fortunas o de unos capitales que, especulando en los mercados financieros, tienen como único objetivo la autoreproducción de beneficios. En este marco la "globalización" del sistema se asocia a la  pérdida acelerada de biodiversidad, al derroche de recursos, al calentamiento del planeta, a la desertización... Las progresivas contestaciones de las ONG y de los dirigentes políticos de los países marginados en el marco de la miseria (Seattle, Praga...) son la muestra de la necesidad de reacción local y regional, una acción coherente con los criterios de sostenibilidad que rompa las tendencias del inédito proceso de "globalización" y postule —coherentemente y por definición— un cambio global.

Un proceso que, basado en estrategias ambientales, no se limite al ámbito de la definición estratégica para asumir coherentemente las fases de "programación", "planificación", "realización" y "evaluación". Con demasiada frecuencia los esfuerzos  se sitúan todavía en el ámbito de la definición de estrategias, con una grave incapacidad  de actuación y con una nula capacidad de evaluación.  En un marco donde falta el hábito del seguimiento y la evaluación, es todavía imposible dar la vuelta al proceso por el hecho de no identificarse las resistencias sociales y la inadecuada comprensión de un pensamiento sostenible. Es necesario generar modelos concretos de desarrollo sostenible, a todos los niveles,  territoriales y sectoriales.

1.3 Un proceso: de la "conservación de áreas naturales cerradas" a la "gestión integrada de espacios naturales en un marco territorial más amplio"

El proceso de conservación de los recursos naturales se inició con la delimitación de "áreas territoriales" caracterizadas por la riqueza de su flora o de su fauna. Estas áreas se sometían a sistemas estrictos de conservación, equiparando conservación a la prohibición de utilización de los recursos. Estos sistemas cerrados, con una gestión casi inexistente, se han vuelto obsoletos al constatarse que ni han podido evitar la propia degradación, ni han podido influenciar en un cambio en los modelos de gestión del territorio entendido como un ecosistema.

La tendencia actual es, pues, definir sistemas de gestión de territorios más amplios, donde las riquezas naturales están integradas en un marco residencial y de actividades. Tan sólo así se pueden estudiar los flujos y procesos que dan vida y condicionan las riquezas naturales. En otras palabras, la conservación sostenible ha de conformar la "planificación territorial" para que integre la "gestión urbanística" y la "gestión de los espacios naturales" entendidos de una manera amplia, como espacios mayoritariamente humanizados y, por tanto, sometidos a las evoluciones de los flujos productivos y culturales.

1.4 La estrategia de la ecología del paisaje: teselas, corredores y matrices

Desde la perspectiva de la ecología del paisaje, la gestión del territorio pasa por la identificación de los elementos estructurales del paisaje y por su funcionalidad en el marco de la consideración del territorio como ecosistema, territorio que después se pondrá en  relación con los demás flujos y paisajes regionales.

Desde esta perspectiva los elementos del paisaje son las teselas, los corredores y la matriz subyacente. Las teselas son manchas, superficies territoriales con características homogéneas diferentes de las que las envuelven. Los corredores son elementos lineales del paisaje que pueden tener diferentes funciones (hábitats marginales, conducción de flujos...), también llamados teselas deshilachadas. La matriz subyacente es el territorio mayoritario en el paisaje con una cierta homogeneidad. Como nos indica Ferran Rodà ("Ecología del paisaje: perspectivas para la conservación". Parques Naturales: más allá de los límites. Generalitat de Catalunya) las matrices subyacentes son, por su extensión, las que tienen más repercusión en el funcionamiento ecológico del paisaje. 

En este sentido, una gestión sostenible del medio natural tendría como objetivo prioritario la gestión ecológica de las "matrices subyacentes", en tanto que territorio mayoritario donde se desarrollan y concentran las funciones sectoriales básicas: productivas, de servicios, hábitats humanos, transportes... funciones, todas ellas, que condicionarán absolutamente los paisajes que lo envuelven. En un segundo orden de interés la política de conservación  se preocuparía de los "corredores", en cuanto espacios de una gran diversidad biológica que canalizan flujos hacia las "teselas" propiamente dichas. Finalmente, a un tercer nivel de prioridades, tendríamos la gestión de las teselas formadas por los espacios naturales de interés especial.
De acuerdo con esta pauta, una gestión sostenible del medio natural comportaría, en primer lugar, una adecuada planificación territorial integrada, que tenga en cuenta los factores ambientales tanto por la naturaleza de los recursos como por las funcionalidades de cada territorio en cuestión. En sentido contrario, una política conservacionista fomentada básicamente en la gestión de espacios naturales cerrados resulta claramente ineficiente: la preservación de los espacios, como "islas" en un mar  desconocido  más amplio, se hace muy difícil por el hecho de tener que luchar contra flujos externos que limitan o contradicen la misma gestión conservacionista de espacios naturales delimitados.

1.5.- Las áreas naturales de protección especial y los diferentes sistemas de gestión

La madurez de este proceso hacia la gestión integrada no invalida, sin embargo, los procesos más específicos de gestión de las áreas caracterizadas por sus riquezas naturales. La puesta en evidencia de los límites de estas políticas no debe suponer en ningún caso la declaración de incapacidad de las actuales políticas de gestión de espacios territoriales concretos. Sino al contrario, la misma gestión de estos espacios es la que ha evidenciado la necesidad de caminar hacia procesos más complejos, que empiezan a ser posibles de poner en práctica por la acumulación de datos —antes indisponibles—,  por la aplicación de las nuevas tecnologías y por una creciente conciencia pública en favor de la preservación del medio. Es en este sentido que se exponen en este  trabajo diferentes sistemas de gestión de los espacios naturales.
 

2 Las reservas del biosfera

La red de Reservas de la Biosfera se instauró en 1976 bajo la coordinación del Programa "Hombre y  Biosfera" (MAB) de la UNESCO. Actualmente comprende más de 300 reservas, repartidas por todo el mundo en más de 82 países.
Las reservas de la biosfera, aunque su denominación —"reserva"— corresponde a una concepción "cerrada" de la conservación de los espacios naturales, fueron concebidas para afrontar el reto de conciliar la conservación de la biodiversidad y de los recursos biológicos con su uso sostenible. En este sentido ,una reserva de la biosfera implica teóricamente que los científicos en ciencias naturales y sociales, los grupos conservacionistas y de desarrollo, las autoridades y las comunidades locales trabajen todos juntos para lograr un reto tan complejo.

Las funciones de las reservas de la biosfera son cuatro:
- Conservar la biodiversidad, integrándolas a la Red Mundial de Reservas e integrándolas en las políticas de conservación.
- La explotación sostenible de los recursos naturales, consiguiendo el apoyo de las comunidades locales, asegurando los flujos y la compatibilidad entre las tres zonas de la reserva y, finalmente, integrando las reservas en la planificación regional.
- La investigación, la educación, la formación y la observación continuada.  En esta función se promueve el estudio de las interacciones entre el hombre y la biosfera, la mejora de la conciencia pública y de la educación, y la formación de especialistas y gestores. 
- Aplicar el concepto de "reserva de biosfera" local y globalmente.
La gestión de las reservas se estructura en tres categorías de zonas: zona núcleo, zona de atenuación y zona de transmisión. Con este esquema de gestión, la zona núcleo es la central donde predomina la función de "protección" de los recursos. La "zona de atenuación" es la que permite algunas actividades, siempre que éstas sean compatibles con la protección de la "zona núcleo". La "zona de transición" es la que está llamada a poner en práctica modelos de desarrollo sostenible.

Recuadro 1. Esquema de una Reserva de Biosfera en constelación.

En este sentido la evolución de la gestión de una reserva parte de un interés primigenio por la "zona núcleo", para dirigirse hacia el reto de desarrollo sostenible que se plantea en las zonas territorialmente mayoritarias: las "zonas de transición".
Las Reservas de la Biosfera en España son las de: Sierra de Grazalema (Andalucía); Ordesa-Viñamala (Aragón); Montseny (Cataluña); Doñana (Andalucía); Mancha Húmeda (Castilla-La Mancha); El Canal y los Tiles (Canarias); Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Andalucía); Marismas del Odiel (Andalucía);  Urdaibai (País Vasco); Sierra Nevada (Andalucía); Manzanares (Madrid); Lanzarote (Canarias); Menorca (Islas Baleares).

3 Los sistemas de gestión de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)

Los criterios iniciales de la UICN fueron estrictamente "conservacionistas", aunque este enfoque ha ido matizándose progresivamente con un enfoque que da prioridad al tipo de gestión como delimitación específica de un área protegida.
Mediante su Comisión de Parques Nacionales y de Áreas Protegidas, la UICN ha guiado la categorización de las áreas protegidas desde 1969. En 1978, la UICN publicó el Informe de la Comisión de Parques Categorías, Objetivos y Criterios para las áreas protegidas, en el que se proponía un sistema de 10 categorías de gestión de las áreas protegidas. Este sistema fue posteriormente incorporado a la legislación nacional de muchos estados, habiendo así sido utilizado por gestores de áreas protegidas en todo el mundo. Este informe también fue la base de la estructuración de la Lista de Parques Nacionales y Áreas Protegidas de las Naciones Unidas. 

Posteriormente la UICN revisó en 1993 las categorías iniciales manteniendo las cinco primeras y añadiendo una sexta, dejando la clasificación de áreas protegidas en seis categorías (Véase recuadro nº 2). El resultado ha sido publicado en la Guía de las categorías de gestión de las áreas protegidas. Esta guía es un informe general sobre las categorías de gestión de las áreas protegidas, describe las categorías y da ejemplos explicativos de su aplicación.

Los objetivos específicos que motivan la protección de cada una de las áreas, aunque mantienen un fuerte carácter conservacionista, son cualitativamente diferentes por el hecho de incorporarse los principios de la sostenibilidad. Los principales objetivos de la gestión son: la investigación científica, la protección de los espacios silvestres, la preservación de las especies y la diversidad genética, el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas, la protección de las características naturales y culturales específicas, el turismo y el ocio, la educación, el uso sostenible de los recursos de los ecosistemas naturales, y el mantenimiento de los elementos culturales y tradicionales. 

Recuadro 2. Las categorías de la UICN de gestión de las áreas naturales.

Protección estricta: son las áreas protegidas gestionadas con finalidades científicas o para la protección de los espacios salvajes (a menudo, se denominan estrictamente "reservas naturales/áreas salvajes"). Categoría I. 
La conservación del ecosistema y del turismo: son las áreas gestionadas con la finalidad de conservar el ecosistema y dedicarlas al ocio (a menudo, llamadas parques nacionales). Categoría II. 
La conservación del patrimonio natural: son las áreas gestionadas específicamente para la conservación de elementos naturales específicos (a menudo, denominadas "monumentos naturales"). Categoría III. 
La conservación mediante una intervención en la gestión: son las áreas gestionadas para su conservación mediante una intervención de la gestión (a  menudo, llamadas áreas de gestión de los hábitats/especies). Categoría IV.
La conservación de los paisajes terrestres y marinos y el ocio: son las áreas  gestionadas principalmente para la conservación de los paisajes y para el ocio (a menudo, denominadas paisajes protegidos). Categoría V. 
El uso sostenible de los ecosistemas naturales: son las gestionadas para el uso sostenible de los ecosistemas naturales (a menudo, llamadas áreas protegidas para la gestión de los recursos). Categoría VI. 

El sistema iniciado en 1978 creó una grave confusión, porque los nombres de las áreas podían variar en cada país. Por ejemplo, el término "parque nacional" tiene un significado distinto en función de cada país. De hecho, se pueden contabilizar hasta 140 nombres diferentes de áreas protegidas. En consecuencia, las categorías de la UICN se definen por sus objetivos de gestión, no por el nombre del área. Las áreas protegidas se instauran, de acuerdo con la legislación del país, para alcanzar unos objetivos coherentes con los objetivos y las necesidades nacionales, locales o privadas. Sólo pueden ser etiquetadas con las categorías de la UICN teniendo en cuenta los objetivos de gestión que persiguen. Sin embargo, las categorías de gestión de la UICN no pueden ser consideradas obligatorias, ni un mecanismo de dirección para los gobiernos o para las organizaciones en el momento de decidir los objetivos de las potenciales áreas protegidas. 

4 La estrategia de conservación de la Unión Europea

En la Comunicación El medio ambiente en Europa: hacia donde encaminar el futuro (noviembre 1999), la Comisión Europea hizo un balance de lo que ha sido el V Programa de medio ambiente de la Unión Europea. 

En un marco de avances, por el hecho de disponer de nuevos instrumentos de gestión ambiental,  la Comisión concluye que el estado del medio ambiente es preocupante. El V Programa no ha conseguido modificar las tendencias económicas y sociales negativas para el medio ambiente. Como ejemplo significativo tenemos el compromiso de la Unión Europea, adoptado de acuerdo con el Protocolo de Kyoto,  de reducir un 8% las emisiones de CO2 entre 1998 y 2012. Este compromiso parece claramente inalcanzable y la tendencia apunta a un aumento de las emisiones de CO2 en el futuro, aumento especialmente derivado del sector del transporte. 

El problema reside en que, por un lado, los sectores económicos no integran  adecuadamente las consideraciones ambientales en sus programas de gestión y producción, para atacar las raíces de los problemas ecológicos. Por el otro, falta una participación y un compromiso más claro de los ciudadanos y de las partes implicadas. En este contexto el desarrollo europeo seguirá siendo globalmente insostenible aunque se instauren medidas estrictas de protección.

El informe de la Comisión Europea recoge que El futuro de la política ambiental debe ser entendido en un contexto más amplio en el que los objetivos ambientales, sociales y económicos deben alcanzarse de una manera coordinada y mútuamente compatible.
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la calidad del entorno natural europeo ha mejorado en algunas áreas, especialmente en cuanto a la referencia a la eliminación gradual de las sustancias que atacan a la capa de ozono, que provocan la acidificación, la contaminación atmosférica transfronteriza y la calidad del agua.

Sin embargo, la naturaleza y la biodiversidad de la Comunidad siguen amenazadas por la pérdida de suelo provocada por la expansión urbanística y la construcción de redes viarias, así como por la intensificación actual de la agricultura. Otras amenazas son las derivadas de la marginalización o abandono de prácticas agrarias, la contaminación o la introducción de especies exóticas.

Las medidas adoptadas en el período del V Programa han sido la creación de la Red Natura 2000,  cuya aplicación va con retraso porque no se han identificado en el tiempo previsto los espacios que deben incluirse en esta red. La protección de estos espacios exige la adopción de sistemas de gestión adecuados. La aprobación de la estrategia comunitaria en favor de la diversidad biológica y la Política Agraria Común definida a partir de 1992 contribuirán a la protección de la naturaleza, tanto en las áreas de la Red Natura 2000 como  en zonas rurales más extensas.

La Red Natura 2000 - integrará las "Zonas de Especial Protección de las Aves" (ZEPA), indicadas de acuerdo con la Directiva de Aves, y las "Zonas Especiales de Conservación" (ZEC) que se designarán de acuerdo con los criterios de la Directiva de Hábitats. A estas zonas se tendrían que añadir los espacios con elementos paisajísticos significativos, que deberían jugar la función de corredores biológicos, aunque la concreción de éstos debe hacerse en los ámbitos regionales o locales, por tratarse de planificaciones que exigen una intervención sobre el terreno más cuidadosa y una mayor implicación de las comunidades locales.

Según la Comisión Europea, en el futuro se tendrá que dar prioridad a la aplicación de las directivas de aves y de hábitats y a la integración real de las exigencias de la biodiversidad en las restantes políticas. Un aspecto importante será la preparación de planes ambiciosos de acuerdo con la estrategia de la biodiversidad y la aplicación de la Agenda 21. 

En el marco de preservación de los sistemas naturales, cada día resulta más importante tener en cuenta los mecanismos y procesos derivados de la Política Agraria Común (PAC), progresivamente  más implicada en una gestión sostenible del territorio. Será muy importante que los estados miembros exploten al máximo las oportunidades que da la PAC y los Fondos Estructurales. La preservación de paisajes de gran valor natural puede verse facilitada si se mantiene la agricultura en zonas en peligro de marginalización y abandono, y aumenta el interés por prácticas agrarias más compatibles con la protección y mejora del ambiente.

Recuadro 3. Legislación comunitaria de protección de los espacios naturales

• Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE L 103, de 25/4/79).
• Directiva del Consejo  92/43 CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE L 206, de 22/7/92). Conocida como "Directiva Hábitats". Ha sido modificada por la Directiva 97/63, de 27 de octubre (DOCE L 305, de 8/11/97).
• Decisión de la Comisión 97/226/CEE, de 18 de diciembre de 1996, relativa a un formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000.
• Decisión 1999/800/CE, de la Comisión, de 22 de octubre de 1999 relativa a la conclusión del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, así como la aceptación de los correspondientes anexos (Convenio de Barcelona). (DOCE L 322, de 14 de diciembre de 1999).

El sistema de protección de los espacios naturales en Cataluña sigue estratégicamente las directrices europeas: un sistema centrado en la protección de espacios naturales concretos, a pesar de la voluntad formulada de integrar esta conservación en el marco más amplio que supone la Agenda 21 y los procesos de preservación de la biodiversidad.

A pesar de sus limitaciones, la estrategia europea está marcando la política catalana. Su aplicación o mejora depende, no sólo de la voluntad política de dotar de medios al actual sistema de gestión de los espacios naturales, sino también de la integración de las políticas conservacionistas en la planificación territorial de Cataluña y de la implicación del sector ambiental en los procesos ambientales.

5.1 La normativa de conservación de espacios en España

En España la protección de los espacios naturales viene regulada por la Ley 4/1989, de 27 de mazo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Esta ley ha sido posteriormente reformada por la Ley 40/1997, de 5 de noviembre (BOE de 6/11/97) y modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre (BOE de 6/11/97).

Las categorías de protección de espacios naturales previstas en la Ley 4/1989 son: los parques nacionales, los parques, las reservas naturales, los monumentos naturales y los paisajes protegidos.  En relación con los "parques nacionales" se puede citar el  Real decreto 940/1999, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre la determinación y concesión de subvenciones públicas estatales a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales (BOE de 18/6/99) y el Real decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la red de Parques Nacionales (BOE de 13/12/99). Sin embargo, en Cataluña, con competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña —art. 9.10 del Estatuto de Autonomía de Cataluña—, las figuras de protección son las que vienen definidas por la legislación catalana.

La normativa española en el ámbito específico de protección de la biodiversidad está recogida en el Real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la protección de los hábitats naturales y de la fauna y la flora. Este decreto ha sido modificado por el Real decreto 1193/1998, de 12 de junio (BOE de 25/6/98).

5.2 Los distintos niveles de protección de los espacios naturales

Siguiendo la clasificación que realiza el mismo Departamento de Medio Ambiente -DMA- de la Generalitat de Catalunya, el sistema de protección de los espacios naturales de Cataluña se concreta en tres niveles:

a) La protección horizontal, recogida en la normativa de aplicación general en todo el territorio catalán. 
b) La protección territorial  de los espacios naturales,  concretada en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).
c) La protección específica de los espacios naturales de protección especial. 

5.2.1.- La protección horizontal

En este nivel encontramos la legislación de especies protegidas, de control de la contaminación y del impacto ambiental, de aguas, de costas, territorial, urbanística... Estas normativas contienen —o deberían contener— disposiciones con contenido proteccionista, de cumplimiento obligatorio en cualquier lugar de Cataluña.

A pesar de tratarse de una protección genérica, tiene una gran importancia: los déficits de protección en este ámbito son los que más condicionan la conservación del patrimonio natural, ya que los mecanismos de protección horizontal son los que deben definir las líneas estratégicas de protección en cada sector. La aplicación integrada de estas líneas estratégicas marca las posibilidades de aplicar políticas efectivas de protección del medio. El control de la contaminación, la regulación de los transportes, la preservación de las especies, la gestión del agua... son elementos básicos en cualquier política de conservación. La falta de aplicación de los principios de conservación en todos y cada uno de los sectores     hace impensable una política de conservación efectiva.

5.2.2.- El proceso de la "Estrategia catalana para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica"

En el ámbito de la protección horizontal, siguiendo las pautas indicadas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de acuerdo con una resolución del Parlamento de Cataluña (1997), el DMA está trabajando desde 1996 en la elaboración de una estrategia de conservación.

Como trabajo previo a la definición de la estrategia, el Institut d’Estudis Catalans ha hecho un diagnóstico sobre el estado de la diversidad biológica en Cataluña, que se ha estructurado en 55 estudios temáticos y se ha resumido en un documento final que contiene los principales datos de cada estudio y la definición de los objetivos que se proponen.

En el marco de definición de la estrategia, el Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural  de Cataluña, creado por el DMA, abre nuevas posibilidades de trabajo con diferentes instrumentos. Actualmente está en fase avanzada de elaboración el "Banco de datos de biodiversidad" —disponible en < http://www.gencat.net/mediamb/pn.htm>. Asimismo, la "Cartografía de los hábitats de Cataluña" —también en proceso de elaboración y con una finalización prevista para el 2003—  permitirá sistematizar la protección de los hábitats mediante la planificación territorial y urbanística, una correcta aplicación de la Directiva de Hábitats, y un tratamiento más riguroso de las conexiones biológicas. Igualmente se está en la fase final de elaboración del inventario de zonas húmedas de Cataluña. Finalmente, el "Banco de datos de figuras e instrumentos para la protección del patrimonio natural  en Cataluña" (PROTNAT) recoge toda la información de la normativa e instrumentos aplicables.

En el proceso de elaboración de la estrategia converge la formulación de la Agenda 21 en Cataluña, con la que se deberá articular y coordinar un proceso conjunto, aunque diferenciado. En este proceso, el hecho de que el Departamento de Medio Ambiente haya asumido progresivamente más competencias en materias como las aguas, la protección de los espacios naturales, de la fauna y la flora, y la gestión forestal y cinegética hace que el DMA pueda desempeñar un papel clave en la formulación de estas estrategias.

De acuerdo con el documento de base de la estrategia, hecho público con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad (1998), los objetivos generales de la estrategia deberían incluir al menos los elementos siguientes:

"I.- Proteger la diversidad de ecosistemas, especies y dotaciones genéticas que componen la diversidad biológica de Cataluña, y los procesos ecológicos de los que dependen.
II.- Eliminar o reducir las amenazas que comprometen la conservación de los componentes de la biodiversidad.
III.- Garantizar que los usos y aprovechamientos que se hacen de los componentes de la biodiversidad sean sostenibles. "
Paralelamente, el DMA está elaborando una propuesta de cincuenta medidas prioritarias, tanto en el ámbito de gestión —creación de la Agencia Catalana de Protección de la Naturaleza y de la Agencia Catalana de Bosques que, conjuntamente con la Agencia Catalana del Agua proyectan un sistema de gestión más ágil—, como en los ámbitos de mejora de la conservación —declaración de nuevos parques naturales, parajes y reservas—, y del uso sostenible de la diversidad biológica.

5.2.3. La protección territorial

Un segundo nivel de protección territorial correspondería a la formulación y desarrollo de los planes territoriales parciales y del plan sectorial de protección de los espacios naturales. Este nivel de protección está definido estratégicamente en el art. 4.3. de la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Plan Territorial General de Cataluña:

"El desarrollo del Plan territorial general mediante planes territoriales parciales y sectoriales se debe realizar considerando los objetivos de preservación del medio:

a) Fomentar el desarrollo sostenible del país.
b) Respetar las tierras de uso agrícola o forestal de especial interés, ya sea por su extensión, por su ubicación o por  su fertilidad.
c) Incentivar el  uso eficiente de los recursos energéticos e hidráulicos.
d) Salvaguardar los espacios naturales de especial interés.
e) Favorecer el mínimo impacto ambiental de las actuaciones con incidencia territorial."

El desarrollo de los planes parciales, que deberían incorporar específicamente los objetivos del Plan Territorial en cada una de 
las seis grandes áreas de Cataluña, supondría la culminación de una política integrada del territorio. Actualmente, sin embargo, la formulación de los planes territoriales parciales está sometida a grandes condicionantes políticos que hace que aún no se haya formulado ninguno.

5.2.4. El Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN)

El PEIN  —aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre— define y delimita una red de 144 espacios naturales representativos de la amplia variedad de ambientes y formaciones que se encuentran en Cataluña, desde la alta montaña a las llanuras litorales, y de los bosques eurosiberianos a los yermos semidesérticos. La superficie global acumulada de estos espacios equivale aproximadamente al 21% de nuestro territorio. 

El PEIN representa una reserva del suelo de Cataluña con valores naturales más notables.  En todos los espacios delimitados es de aplicación un régimen preventivo básico, que esencialmente incluye un régimen urbanístico especialmente riguroso, ante procesos urbanizadores y otras medidas susceptibles de lesionar significativamente los valores protegidos. 

Sin embargo, el PEIN no es un simple instrumento pasivo de protección. A partir de un diagnóstico individualizado de la problemática de cada espacio, el Plan determina también en cada caso los factores de riesgo, actuales o potenciales, para la preservación del conjunto de sus valores naturales y las medidas  de protección adicionales que es necesario aplicar. Estas medidas pueden adoptar la forma de las normas de carácter particular o bien de actuaciones específicas que serían recogidas en el Programa de desarrollo del Plan. Este programa de desarrollo no se ha llegado a formular nunca, lo que indica la complejidad que supone cualquier definición territorial. Por este motivo el PEIN no ha tenido un desarrollo programado y, tan sólo ahora, se están acabando de formular los planes de delimitación territorial de cada uno de los espacios. Por este motivo, al estar todavía en esta primera fase de desarrollo, la mayoría de los espacios no tienen un Plan especial de protección. 

Como recoge Josep M. Mallarach en su trabajo "Los espacios naturales protegidos en Cataluña y los nuevos paradigmas de la conservación" (Parques naturales, más allá de los límites. Generalitat de Catalunya. 1999) «La falta de medios de los organismos responsables y la ausencia de tradición evaluadora en Cataluña explican que no se hayan llevado a cabo los seguimientos previstos, lo que no nos permite conocer detalladamente el estado real de los espacios naturales protegidos, ni caracterizar adecuadamente sus tendencias. En una primera aproximación, entre el 20 y el 35% de los espacios naturales protegidos catalanes han sufrido desde su protección oficial, pérdidas en sus hábitats, paisajes, comunidades o especies.»
El PEIN tiene carácter de plan territorial sectorial y por este motivo sus determinaciones son de cumplimiento obligatorio. Como consecuencia, los planes territoriales parciales que se aprueben en el futuro deberán señalar como espacios de interés natural todos aquellos delimitados en el PEIN, y establecer al mismo tiempo las previsiones necesarias para su preservación, adecuación y mejora. Asimismo, los nuevos instrumentos de planificación urbanística y la planificación específica de las zonas y las comarcas de alta montaña se deben adecuar al contenido del PEIN. Igualmente, los ayuntamientos deben adecuar su planificación urbanística a los correspondientes planes especiales de los espacios del PEIN en un plazo de dos años desde la aprobación de éstos últimos. 

El PEIN también supone una protección especial de la flora y de la fauna,  por el hecho de ampliar la lista de especies de la flora y la fauna protegidas en el marco territorial de los espacios PEIN. Esta declaración implica la aplicación en las especies inventariadas del régimen legal de protección estricta, con las consiguientes prohibiciones (de arrancar, capturar, comercializar...) y la protección de sus habitantes. Están incluidas, en total, 213 especies vegetales, protegidas en 57 espacios, y 115 especies de la fauna, especialmente invertebrada, en 37 espacios.

La red de espacios del PEIN se incluirá en la red europea Natura 2000, lo que le dará una mayor trascendencia para la aplicación de los programas comunitarios y otorgará a los espacios PEIN una aplicación preferencial del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña.

Sin embargo, se está todavía lejos de un planteamiento integrado de la conservación del patrimonio natural. El actual proceso de concentración de una serie de competencias ambientales en el DMA puede facilitar el desarrollo de un planteamiento integrado, que se deberá coordinar, sin embargo, con las políticas sectoriales de los demás departamentos, a la vez que conseguir el  interés de la iniciativa privada en un proceso de valorización del medio natural. 

5.2.5 Protección de los espacios naturales de protección especial

Un tercer nivel de protección es el constituido por lo llamados genéricamente espacios naturales de protección especial. Según la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, estos se clasifican en "parques nacionales", "parajes naturales de interés nacional",  "reservas naturales" y "parques naturales". Se trata de espacios que, aunque forman parte del PEIN, tienen una regulación específica y una gestión individualizada. 

Recuadro 4. Tipología de espacios naturales de protección especial de acuerdo con la Ley de espacios naturales de Cataluña (Ley 12/85)

1.- Los "parques nacionales" son espacios naturales de extensión relativamente grande, no modificados esencialmente por la acción humana, declarados como tales por su interés científico, paisajístico y educativo. La finalidad de la declaración será preservarlos de cualquier intervención que pueda alterar su fisonomía, integridad y la evolución de los sistemas naturales. No se permite la caza, la captura o la perturbación de las especies animales, las actividades extractivas y la ejecución de cualquier obra o instalación, excepto las necesarias en el parque o las que, por su interés público, son autorizadas, con carácter extraordinario y restringido por el Consejo Ejecutivo, previo informe del Consejo de Protección de la Naturaleza. 
Parques Nacional en Cataluña: Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 
2.- Los "parajes naturales de interés nacional" son los espacios o los elementos naturales de ámbito medio o reducido que presentan características singulares debido a su interés científico, paisajístico y educativo. Las actividades se han de limitar a los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y silvícolas, compatibles con los objetivos de la protección (garantizar la protección del espacio y del entorno) y a las actividades propias de la gestión del lugar  protegido.
"Parajes nacionales de interés natural" en Cataluña: el macizo del Pedraforca, una parte del  valle del monasterio de Poblet, la vertiente sur del macizo de la Albera, cabo de Norfeu, sierra de Rodes y Cabo Gros y el Cabo de Creus. 
3.- Las "reservas naturales" son  espacios naturales de extensión reducida y de considerable interés científico que son objeto de esta declaración para conseguir preservar íntegramente el conjunto de ecosistemas naturales que contienen o de alguna de sus partes. Esta pueden ser de tres tipos: 
3.1.- Integrales, en las que sólo están permitidas las actividades de investigación científica y la divulgación de sus valores para preservar de cualquier intervención humana todos los sistemas naturales y su evolución. La accesibilidad es rigurosamente controlada. Los espacios declarados "reserva natural integrada" en Cataluña son: las tres reservas del Parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà (la de las Llaunes, la de los Estanys y la de la Isla de Caramany) y los volcanes del Parque natural de la Zona volcánica de la Garrotxa.
3.2.- Parciales, dirigidas a proteger de una manera absoluta las formaciones geológicas y geomorfológicas, determinados biotopos, especies, hábitats y comunidades, así como a conservar o constituir escalas en les vías migratorias de la fauna salvaje.
Los espacios declarados "reserva natural parcial" son: Baish Aran,  Alt Àneu, Mas de Melons, Noguera Ribagorçana, Collegats, Noguera Pallaresa-Bonaigua, Prullans-Isòvol, la Llosa, riera de Merlès, riera de Arbúcies, la Muga, Sant Quirze de Colera, la Punta de la Banya, la isla de Sapinya, el delta del Llobregat (la Ricarda - Ca l’Arana y el Remolar - Filipines) y la Font Groga. 
3.3.- De fauna salvaje en las que se protegen únicamente determinadas especies y/o poblaciones de la fauna salvaje en peligro de extinción. Los espacios declarados "reserva natural de fauna salvaje" son: Sant Llorenç de Montgai, Utxesa, el Canal Vell, la isla de Fluvià, la Tancada y la parte sur de la isla de Buda.
4.- Los Parques Naturales son espacios naturales que presentan valores naturales cualificados y que se someten a un régimen menos estricto, donde la protección del espacio natural debe ser compatible con el aprovechamiento de sus recursos y con la actividad de sus habitantes. Los espacios declarados "Parques Naturales" son: Cadí-Moixeró, Zona volcánica de la Garrotxa, Aiguamolls de l’Empordà, delta del Ebro, Montaña de Montserrat, Montseny, Sant Llorenç de Munt-l’Obac y el Cabo de Creus. 

Recuadro 5. Otros espacios protegidos

Espacios protegidos en Cataluña, de acuerdo con la normativa urbanística: 
• El Parque Comarcal de Montesquiu, de acuerdo con la regulación contenida en el Edicto de 18 de setiembre de 1986, sobre Resoluciones adoptadas por el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas (DOGC de 20/10/86).
• El Parque Metropolitano de Collserola, creado por Acuerdo del Consejo Metropolitano de Barcelona de 1/10/87, que aprueba el Plan Especial (BOPB de 13/11/87) y por el Edicto de 14/3/91, sobre un acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona (DOGC de 13/5/91).
• El Montnegre-Corredor, aprobado por el Edicto de 14/5/90 de la Diputación de Barcelona, aprobando el Plan Especial de protección del medio físico y del paisaje de las sierras de Montnegre-Corredor, Serralada de Marina.
• El Parque de Garraf, de acuerdo con la regulación contenida en el Edicto de 6/2/87, sobre resoluciones adoptadas por el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas (DOGC de 18/2/87).
• Olèrdola, creado por el Edicto de 11/11/92, sobre un acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona y una Resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas (DOGC 20/11/92).
• Las islas Medes, creado por la Ley 19/90, de 10 de diciembre, de conservación de la flora y la fauna del fondo marino (DOGC de 17/12/90).

El sistema legal de protección de espacios naturales de Cataluña debería actualizarse con una debida revisión de la Ley 12/85 de Espacios Naturales, introduciendo los criterios que se derivan de la implantación de la Red Natura 2000, el Convenio sobre la Biodiversidad y los procesos de sostenibilidad que se pueden derivar de la Agenda 21. Sin embargo, el  mayor déficit normativo se encuentra, en el ámbito territorial, en la falta de aprobación y  desarrollo con criterios sostenibles, de los planes territoriales parciales de cada una de las seis áreas en que se divide el territorio de Cataluña.

Pero sobre todo, el  reto que planea sobre todos y cada uno de los sistemas de protección de los espacios naturales es el reto de la gestión. En este sentido las grandes tendencias  marcan un interés especial por los instrumentos de gestión y por una mayor implicación de las pautas de conservación por parte de la sociedad. 

La iniciativa pública, con un déficit de participación, ha marcado planes limitados, pero coherentes, de conservación. La falta de implicación de la iniciativa privada ha restado capacidad de transformación al proceso de planificación y, de este modo, la implicación del cuerpo social se convierte en uno de los polos estratégicos que se debe revisar continuamente. La "civilización" de la gestión de los espacios naturales; ni "publificar" ni "privatizar". Una gestión "civilizada" que se caracterice por el mutuo reconocimiento de los espacios "público" y "privado", con los respectivos objetivos y  funciones, en la conciencia de la necesidad de encontrar un espacio de "concertación" democrática y, sobre todo, un espacio de participación. 

Un reto que se formula en la tendencia hacia una "gestión privada" con criterios "públicos". De la estrategia pública participada a la acción concertada. Del mito a la realidad. De la gestión de espacios naturales cerrados a la gestión sostenible de las matrices subyacentes, relacionadas con corredores biológicos que den sentido a un sistema de protección de un espacio natural cada vez más humanizado pero que no tiene, como  alternativa, un espacio urbano cada vez más naturalizado. •

Bibliografía:

• UICN. Unión Mundial de la Conservación. 1994. Guia del Conveni per a la Diversitat Biològica.
• Programa MAB. Conferència Internacional de les Reserves de la Biosfera. 1995. Estratègia de Sevilla.
• Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas "El medi ambient a Europa: cap a on encaminar el futur". Brussel·les, 24 de noviembre de 1999 COM (1999)543 final.
• Autores diversos. "Parcs Naturals, més enllà dels límits". Generalitat de Catalunya. 1999.
• Naciones Unidas. Guia de l’Agenda 21. L’Aliança Global per al medi Ambient i el desenvolupament. Generalitat de Catalunya.

Libros

Un món nou 
Federico Mayor
Centro Unesco de Cataluña, Barcelona, 2000, 491 pág.

Director general de la Unesco hasta el año pasado, el bioquímico catalán Federico Mayor ha mostrado siempre tener un gran conocimiento de los problemas ambientales y sociales, y una gran sensibilidad para encontrar soluciones. En esta extensa obra, escrita con la colaboración de Jérôme Bindé, Mayor repasa los grandes retos planteados por procesos como el desarrollo tecnológico, la tercera revolución industrial y la mundialización.

El libro está dividido en cuatro partes. "Per un nou contracte social", "El contracte natural del futur: ciència, desenvolupament i medi ambient", "Cap a un contracte cultural: de la societat de la informació a la societat del coneixement" y "Per un nou contracte ètic". El estudio de Mayor, fundamentado en una gran cantidad de documentación, es exhaustivo y detallado. La superpoblación, la urbanización, la alimentación, el papel de la biotecnología, el transporte, la desertización, el agua, el futuro del libro y de la lectura, la diversidad lingüística, la educación, la paz y las posibilidades de que se produzca un hipotético "milagro africano" son algunos de los temas expuestos.

Se trata de un libro repleto de datos y que plantea problemas, pero que también aporta posibles soluciones. Pero, sobre todo, se trata de una obra que llama la atención sobre la complejidad de nuestra sociedad, los desequilibrios, el cambio acelerado y los grandes cambios que tenemos ante nosotros. Todo porque, como dice el premio Novel de Química Ilya Prigogine en la frase que abre la introducción, no podemos prever el futuro, aunque sí prepararlo. •

X.D.

La guerra de la cocaína
Belén Boville Luca de Tena
Debate, Madrid, 2000, 285 pág.

Ante las últimas iniciativas del presidente norteamericano Bill Clinton para hacer frente al problema de la cocaína, este libro de la periodista Belén Boville Luca de Tena cobra plena actualidad. A pesar de que el subtítulo hable de drogas, geopolítica y medio ambiente, el último de éstos se trata escasamente desde el punto de vista estricto. Pero, dado que los problemas ambientales casi siempre están estrechamente ligados a problemas sociales y políticos, el libro también tiene un gran interés desde este punto de vista.

La autora nos habla de la coca —utilizada por los indígenas desde hace siglos— y de la cocaína —uno de sus alcaloides— y las analiza profundamente desde el punto de vista geopolítico. La tesis de la autora es clara y Boville no se queda a medias tintas: además del puritanismo americano, han sido las necesidades estratégicas —económicas, políticas y militares— de los Estados Unidos lo que ha hecho que se plantease la guerra contra una droga que representa el 17% del mercado mundial — ante el 35% del hachís y el 48% de la heroina.

Según Boville, las intervenciones militares dejan de lado los conflictos sociales en los que se basa gran parte del problema de la cocaína. La autora también relata relaciones más que oscuras entre los traficantes de drogas y los que teóricamente deben perseguirlos.

Probablemente, también habría sido interesante incidir un poco más en los problemas ambientales —también de mucha actualidad— provocados por la destrucción de plantaciones con microorganismos y en las posibilidades de los cultivos alternativos. Aún así, el libro, con un gran fondo documental, ofrece una nueva perspectiva al lector sobre el tema de la cocaína. •

X.D.

El gen escarlata
Pere Puigdomènech
Rubes, Barcelona, 2000.

Existe una forma de divulgar la ciencia y de reflexionar sobre los problemas éticos y sociales que ésta plantea que permite el acercamiento de lectores que probablemente nunca elegirían ensayos. Se trata de la ficción científica —desgraciadamente, poco aprovechada por los autores más conocidos, a pesar del potencial de posibles argumentos que presenta. El físico y biólogo Pere Puigdomènech ha escogido esta fórmula para describir el potencial de la ingeniería genética y para reflexionar sobre aquello que a veces se esconde tras las investigaciones científicas punta.

La historia de El gen escarlata contiene intriga e información, e invita a la reflexión. Alterna la historia con algunos recuadros que explican los puntos claves de la biología molecular. Por ello, se trata de una iniciativa interesante para difundir la ciencia con el atractivo añadido de la ficción. •

X.D.

Comunicació i medi ambient en la societat global
Diversos autores
Ass. Una Sola Terra, Diputació de Barcelona, 2000, 159 pág.

En febrero de 1998 el V Simposio Internacional Una Sola Terra versó sobre la comunicación. En este libro se recogen las intervenciones en el simposio. La primera parte presenta los homenajes a personalidades como Jacques-Yves Cousteau, Gerald Durrell y Maurice y Katia Krafft. Los tres apartados siguientes incluyen las intervenciones sobre los derechos a la información ambiental, el ciberespacio y una mesa redonda sobre la comunicación ambiental en vistas al siglo XXI. Tres apéndices sobre la evolución de la comunicación ambiental, la ética medioambiental en el código deontológico y un listado de páginas web, junto con bibliografía y un índice de nombres, completan el libro. Quisiéramos comentar un error que aparece en el primer apéndice y que podría afectar a la imagen de una entidad plural de esta revista: la Asociación Catalana de Comunicación Científica está integrada desde su fundación por un amplio grupo de profesionales y no, como se dice aquí, por diferentes periodistas vinculados a la revista Medi ambient. Tecnologia i cultura.