Además de las medidas previstas en los diversos ámbitos anteriores, también se llevarán a cabo un conjunto de medidas transversales, que ponen en relieve los retos de calidad, de objetividad y de racionalización, y la voluntad de coordinación que tienen que caracterizar las políticas públicas sobre cualquier tipo de infraestructura.
Se elaborarán cartas de servicios como indicadores objetivables de calidad de las principales infraestructuras y de los servicios que se prestan. Durante los dos primeros años de vigencia del Pacto, se tienen que determinar, con participación de la Mesa Nacional para las Infraestructuras, las cartas o los niveles de servicio y de calidad mínimos que se tienen que alcanzar en las diferentes redes de infraestructuras para el año horizonte del Pacto. También se promoverá que todas las infraestructuras de uso público y los servicios públicos dispongan de un protocolo de comunicación y transparencia en la información en caso de que se produzcan incidencias en el servicio. Este protocolo tiene que ser normativo y servir para generar las responsabilidades que procedan.
Se incorporarán en la documentación de los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras memorias sobre su gestión futura, que tengan en cuenta la mejor manera de optimizar el uso y los aspectos funcionales y económicos de su mantenimiento y conservación. También se elaborarán memorias de gestión para las principales infraestructuras existentes, con el fin de obtener la máxima eficiencia de cada una de ellas.
Se promoverá el compromiso de todos los sectores implicados en la proyectación y la construcción de infraestructuras en la necesidad de invertir más y de ser más exigentes en la planificación y la ponderación de alternativas y en la calidad y en las determinaciones de los proyectos, y así poder asegurar un grado más alto de anticipación, de adecuación al territorio y de calidad, objetivar más los procesos de selección de la construcción y reducir los imprevistos y los motivos de modificación de los contratos. También se hará un esfuerzo de anticipación en disponer de una bolsa mucho más extensa que el actual de proyectos técnicos, y se promoverá que los proyectos de infraestructuras lleven asociada una memoria de impacto económico, en la que se explicite el coste previsto, los plazos de ejecución, los objetivos y las mejoras cuantificadas que se alcanzarán con su ejecución, facilitando su revisión posterior con el fin de valorar la rentabilidad.
Se reforzará la capacidad de la Administración y revisar los procedimientos, con el fin de alcanzar más agilidad en la tramitación de las infraestructuras, en todas las fases. Esta mayor agilidad tiene que ser sin detrimento del rigor y de la garantía de la seguridad y la calidad de los proyectos y de las obras.
Se adoptarán determinaciones concretas, mediante la planificación territorial o de otros instrumentos adecuados, que aseguren la coordinación efectiva entre los diversos planes, programas y proyectos de construcción y desarrollo de infraestructuras en red, con el fin de obtener economías de escala y minimizar, su impacto en el territorio.
Se promoverá el despliegue de las redes fijas o sin hilos abiertas a los usuarios de las infraestructuras y de los servicios. Promover también la mejora del potencial de las infraestructuras tradicionales (transporte, energía, agua), incorporando inteligencia basada en elementos informáticos y de telecomunicaciones.
Se planificará y programará a medio y a largo plazo la extracción y la obtención de las materias primas necesarias para la construcción de las infraestructuras, con el fin de garantizar la disponibilidad con criterios de proximidad y ambientalmente sostenibles, como también su reutilización y el reciclaje.
Se promoverá la innovación y la investigación en la proyectación, la construcción y la gestión de las infraestructuras.
La Generalitat tiene que participar en la planificación y la programación de las inversiones en infraestructuras del Estado en Cataluña y tiene que procurar asumir la gestión ordinaria, mediante los acuerdos o los instrumentos jurídicos adecuados.
Se promoverán y ejecutarán actuaciones de atenuación de los impactos ambientales y de integración en el medio de las grandes infraestructuras, tanto en el medio rural, como en el medio urbano. En el medio rural, hay que garantizar que las infraestructuras, en más de respetar la biodiversidad y los espacios de valor agrario, se integren en el paisaje o lo potencien adecuadamente. En el medio urbano, estas actuaciones tienen que perseguir la atenuación del impacto y la integración urbana de los grandes corredores viarios y ferroviarios en los accesos en las grandes ciudades y en la travesía de los núcleos urbanos.
Las reservas urbanísticas vigentes para futuras infraestructuras o para la ampliación o mejora de las existentes se mantendrán finos y tanto no se hayan aprobado definitivamente los nuevos planes sectoriales de infraestructuras o los nuevos proyectos ejecutivos que incorporen expresamente una efectiva alternativa a la reserva anterior, de acuerdo con lo que resulte de la evaluación estratégica.
Se facilitará y promoverá la participación del sector privado, mediante fórmulas de asociación con el sector público más flexibles y eficientes que las utilizadas habitualmente hasta ahora, en la financiación, la explotación y la gestión de infraestructuras, con la finalidad de obtener más recursos para su financiación y una mayor rentabilidad, eficiencia y competitividad de las mismas. Estas fórmulas de asociación tienen que garantizar el control público de la gestión de las infraestructuras.
Se elaborará un plan específico de inversiones y de gestión para asegurar el nivel adecuado y eficiente de mantenimiento de las infraestructuras actuales.
